Los trabajadores de Vicentin manifestaron su apoyo a la intervención de la empresa dispuesta por el gobierno nacional, ya que el escenario de incertidumbre que tenía la quiebra como una de las posibilidades ciertas, que se manifestaba en asambleas «para nada buenas», se transformó en garantía de continuidad de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios.
Los dirigentes gremiales y sus representados califican el pasado reciente con metáforas claras: «Los muchachos venían remando muy mal, de atrás», graficó el secretario general de Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera, en coincidencia con Jorge Pérez, un trabajador de la planta de Avellaneda, que todavía tiene fresco el mal recuerdo de los despidos de hace ocho meses y ahora celebra que el gobierno «tome cartas en el asunto».
El último lunes, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.
Los muchachos venían remando muy mal, de atrás”
Pablo Reguera,secretario general de Aceiteros de San Lorenzo
Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores.
Los últimos meses tuvieron una carga de inseguridad para los operarios de Vicentin, que no pagó la gratificación anual, lo hizo a medias con unas sumas no remunerativas acordadas de enero a abril y a cuenta de una deuda acumulada de octubre a enero, circunstancias que se sumaron al cierre de secciones y al despido o al retiro voluntario de decenas de trabajadores.
«El humor de la gente era diverso y algunos compañeros se habían empezado a deprimir. Nuestras últimas asambleas en la puerta de la fábrica no eran para nada buenas: estaba el tipo que decía: ‘Tengo la cabeza que me vuela, mi familia’, y un poco más lloraba, y tenías el otro que se ponía violento», contó Reguera a la agencia Télam.
Apoyo unánime
Ante ese panorama, las voces sindicales que apoyan la intervención son unánimes, e incluso van más allá del mero interés sectorial y avanzan sobre la realidad de otro grupo golpeado por el accionar empresario: los productores que ya entregaron su cereal y otros insumos y no han recibido el pago.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Reconquista, Ramón Acosta, dijo que «por supuesto están a favor de la intervención de Vicentin» sus afiliados porque la determinación «representa una esperanza para los trabajadores», pero recordó la situación de los productores, que también «serán favorecidos».
En el mismo sentido se pronunció el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, que confrontó la «tranquilidad» actual de sus afiliados al escenario de «mucha incertidumbre» que caracterizó al proceso que derivó en el concurso de acreedores.
Desde dentro de la planta las cosas se ven de la misma forma: el delegado Leandro Monzón rescató la «alegría» que les generó a los obreros haber escuchado del presidente Fernández «que van a continuar las fuentes laborales».
Monzón celebró el hecho que «se pare un poco la incertidumbre» y recordó que otros incumplimientos de la empresa son más recientes que lo del bono de fin de año o las sumas no remunerativas: Vicentin tampoco pagó el aumento correspondiente al 1 de mayo.
Pero allí no terminaba la inquietud obrera, pues las perspectivas que se avizoraban en el sector eran aún peores ante el curso que habían tomado los acontecimientos: el concurso de acreedores podía ser el paso previa a la quiebra, que entre los aceiteros se temía que «hasta podía ser arreglada».
Reguera contó cómo se vive una quiebra desde el punto de vista gremial: «Los trabajadores cobran el 50% de las indemnizaciones, con mucha suerte, y los empresarios se quitan de encima la mayoría de la gente. Luego viene un comprador y pone en marcha la fábrica, pero el resultado es que queda el tendal de compañeros fuera».
El apoyo a la intervención de parte del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier, Comisión Interna y delegados de base fue contundente, como también el «malestar» que les causó que el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, y el senador departamental Orfilio Marcón hayan salido «a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores».
A ambos les reprocharon no haber mostrado solidaridad con las familias que perdieron su fuente laboral cuando Vicentin cerró el año pasado la refinería y la envasadora de aceite, y que «nada decían cuando los trabajadores reclamamos el pago íntegro de los salarios».
«En virtud de haber sido electos por el conjunto de la ciudadanía, deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos, como lo demostraron convocando a una manifestación que incumplió con todos los protocolos de salud -en el marco de una pandemia- en favor de los empresarios, e instando a la sociedad a acompañarlos, omitiendo información como la realidad salarial de los trabajadores», indica un comunicado.
