La Justicia laboral le exigió al Incaa que reincorpore a una empleada despedida en marzo y en el instituto del cine hablan de un leading case para el resto de los despedidos del Estado.
LPO accedió al fallo de la jueza laboral Mirta González Burbridge, del juzgado n°11 de primera instancia del Trabajo, que hizo lugar a un amparo presentado por Antonina Daiana Rosales, despedida el 15 de marzo del instituto que dirige Carlos Pirovano.
Según el fallo, el Incaa echó a una planta permanente con la excusa del «mal desempeño» pero sin presentar un sumario.
La jueza subrayó que el caso se trató de una «trabajadora madre de cuatro menores, la mayor de siete años de edad y el menor de tan solo siete meses de edad».
El falo ordenó a «al Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales -INCAA- y al Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Capital Humano-Secretaría de Cultura, que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, suspenda los efectos de la cancelación de la designación de la Sra. Antonina Daiana Rosales».
Por ende pidió que «reincorpore a la nombrada en el puesto de trabajo en el que revistaba hasta dicha fecha y en las mismas condiciones».
Anoticiados de este fallo, en el mundo del cine se preguntaban este jueves si el caso de esta empleada reincorporada puede servir de «leading case» para los miles de empleados despedidos tanto del Incaa como del resto de la administración pública.
El Gobierno decidió unilateralmente la restructuración compulsiva de la deuda acumulada con el sector energético desde comienzo de año. Ese ahorro permitió alcanzar el superávit fiscal con el que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo buscan seducir a los mercados.
Lo concreto es que Toto les enchufó a las energéticas un bono equivalente a $600.000 millones, correspondiente al pasivo acumulado entre diciembre y enero. Se trata del título AE38. Aún no hay precisiones en cuanto a los intereses. Respecto al acumulado desde febrero a esta parte, desde el Gobierno consideran que los «flujos que están siendo normalizados».
«Mediante la resolución de las deudas generadas por la política energética de la administración previa y la normalización del flujo, el Gobierno Nacional confía en que el sector pueda enfocarse, con estabilidad y previsibilidad, en mejorar el servicio para los usuarios», afirmó Economía en un comunicado.
Desde las empresas entienden que la medida conlleva un enorme costo en términos de seguridad jurídica, y de abastecimiento. «Somos firmas apalancadas en financiamiento externo, ¿Que entienden nuestros acreedores? ¿Que vamos a cumplir nuestros compromisos con papelitos de Caputo?», graficó una fuente del sector que remarcó: «No descarto que las empresas inicien juicios en tribunales interacionales».
No obstante, la posición de las productoras es mucho más amigable que la reticencia de las generadoras. Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, anticipó que aceptará el bono.
La deuda con las productores es por el 40% del total. En cambio, la deuda con las generadoras es la mayor parte de los compromisos adeudados.
La deuda con las generadoras eléctricas supera los USD 1.300 millones de dólares que se acumularon en apenas tres meses. Con las productoras de gas, en tanto, la deuda suma otros USD 900 millones durante el mismo período.
Las generadoras afectadas son Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Albanesi, Enel, Genneia y MSU Energy. Los principales jugadores del sector.
El salto del tipo de cambio del 118% disparó los costos del sector eléctrico se dispararon, ya que la mayor parte de los contratos se fijan en dólares.
.Cuando asumió el gobierno, transfirió los fondos correspondientes a Cammesa. Luego, el salto del tipo de cambio del 118% disparó los costos del sector eléctrico se dispararon, dado que las tarifas están dolarizadas. Justamente a partir de enero, Cammesa dejó de recibir fondos del Tesoro y se quedó sin caja para pagar la electricidad a las generadoras y el gas a las productoras para las usinas térmicas. La deuda comenzó a acumularse y el sector eléctrico quedó al borde del colapso.
«Nosotros nos hicimos cargo con la caja de este año de las deudas del gobierno anterior. Pagamos octubre y noviembre. Diciembre y enero tenemos diferencias con algunos por el tipo de cambio. Para ellos lo más importante es arreglar el flujo para adelante, cosa que estamos haciendo. Y por diciembre y enero, dado que nos hicimos cargo de octubre y noviembre pasado, vamos a darles un bono. La mayoría lo entiende y ya dijo que les parece muy bien»,dijeron desde el Palacio de Hacienda
Participaron de la reunión el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; los asesores del Ministerio de Economía Diego Adúriz, Martín Vauthier y Nicole Daltroy; y representantes de Cammesa, YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, Total Energies, CGC, Pan Energy, Pampa Energía, AES Corporation, Central Puerto y Grupo Capsa, entre otros.
El organizador de la Feria del Libro cuestionó la presencia de Javier Milei en el evento que inauguró este jueves en La Rural y dijo que ni pueden garantizar su seguridad.
«No hay plata», chicaneó Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación del Libro, a cargo de la organización del evento que se desarrolla todos los años en el predio de Palermo.
«Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural», dijo Vaccaro. El auditorio silbó al presidente.
«Su participación en la Feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar», dijo Vaccaro.
No hay muchos precedentes de que un evento rechace la presencia de un presidente. Vaccaro expresó su molestia por los recortes de Milei.
«No registra la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente, si un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado implicaba una erogación de 300 millones de pesos es una flagrante mentira», dijo Vaccaro.
«Después de una ardua negociación, en la cuál accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la Feria, dejando trascender que la orden vino de arriba», dijo el titular de la Fundación del Libro.
Los concesionarios porteños pagan cánones irrisorios por los estacionamientos y en el gobierno culpan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los bajos montos que percibe la Ciudad.
Mechp, una empresa vinculada un hijo de Nicky Caputo, paga por un garaje subterráneo en Palermo perteneciente a la Ciudad cerca de 7,7 millones de pesos mensuales. La hora de estacionamiento cuesta 2300 pesos y una cochera fija, 100 mil pesos. Además, si se trata de una camioneta, el valor es de 114 mil pesos mensuales y 16 mil de estadía.
Con tener 77 autos cautivos, la empresa Mechp, vinculada a Nicky Caputo, cubre el canon mensual del estacionamiento subterráneo de Charcas y Coronel Díaz
La cochera está ubicada sobre Charcas entre Coronel Díaz y Salguero, una de las zonas más complejas para estacionar en la Ciudad. Tiene espacio para 326 automóviles: con tener 77 autos cautivos cubren el canon mensual.
Según pudo saber LPO, en los primeros meses de gestión, el gobierno porteño aplicó aumentos de entre 100 y 150% a los valores que venían pagando los concesionarios. Pero los cánones siguen siendo muy bajos para los precios de mercado.
En el gobierno porteño responsabilizan a la administración de Larreta. «Esas licitaciones se cerraron en valores muy bajos y ahora es complejo acercarlas a los precios de mercado», explicaron. Una posibilidad sería aumentar la frecuencia de los aumentos y que pasen a ser trimestrales en lugar de semestrales.
La familia Sutton paga a la Ciudad 17 mil pesos por plaza de estacionamiento en Tribunales. Una plaza en un barrio menos concurrido cuesta 37.500 pesos
El nuevo director de Concesiones, Agustín González Calderón, aún debe decidir que hace con 20 de las casi 180 concesiones que otorgó la Ciudad y no tienen contrato vigente.
Según pudo saber LPO, el valor de mercado de un alquiler de una cochera en Abasto para 80 vehículos ronda los 3 millones de pesos o 37.500 pesos por plaza. El parking de Tribunales, uno de los más lucrativos del distrito y con capacidad para 660 autos, paga cerca de 11 millones de pesos mensuales a la Ciudad. Eso equivale a 17 mil pesos por plaza.
Para dejar sus autos allí, los particulares abonan 2 mil pesos la hora, 8 mil la media estadía y 11 la estadía completa. Por mes, cuesta 80 mil pesos.
Como contó LPO, la familia Sutton Dabbah, dueña del Hotel Alvear y del Llao Llao, se quedó hace algunos meses con esa licitación. También tienen la concesión de la playa de Plaza Vicente López y de un bajo autopista en La Boca bajo el nombre de Borders Parking. Por el estacionamiento de Vicente López pagaban en septiembre del año pasado, algo más de 2500 dólares mensuales.
A pocos metros, el parking de Obelisco Norte, sale 2400 pesos la hora y no acepta estadías mensuales. Esa cochera está administrada por Playas Subterráneas SA, que pertenecía un empresario español fallecido en 2016. Playas Subterráneas también maneja el estacionamiento de Plaza Libertad, en el centro porteño. En septiembre del año pasado pagaba 2,4 millones mensuales de canon.
«Todo el sistema de concesiones es un sistema de corrupción y discrecionalidad, deben revisarse los cánones que abonan las concesionarias. En una ciudad donde para las familias es imposible alquilar, los amigos del poder consiguen predios de mucho valor a precios irrisorios con condiciones opacas», rechazó el legislador Juan Manuel Valdés de Unión por la Patria.
El brutal desplome de la actividad empezó a tensionar a la Unión Industrial Argentina (UIA), que controlada por Paolo Rocca, venía desplegando un apoyo blindado a la gestión de Javier Milei, pese al evidente sesgo anti industria de sus políticas.
La entidad publicó este miércoles el tercer informe de actividad industrial con datos correspondientes al mes de febrero, en línea con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que da a conocer el Indec con dos meses de letargo.
Los datos son lapidarios: «En lo que va del primer bimestre de 2024 se acumula una contracción del 8,3%», dice el informe. La UIA siempre manejó con criterio político el contenido y la difisuón de sus publicaciones sobre el sector, desde las épocas en que estaba Marcelo Diamand a cargo de su departamento de estudios.
La tendencia a la baja que revela este último informe confirma que la caída se concretó en 9 de los 12 rubros medidos. Las mayores bajas se dieron en minerales no metálicos con un impresionante 24,8% -por menor demanda de la construcción-, y en el sector automotor con un 19,0%, por la caída de ventas en el mercado interno. Esta reducción también golpeó a la producción de metalmecánica que cayó un 13,5%.
En sentido contrario, hubo crecimiento en el sector de alimentos y bebidas 1,8%, papel y cartón 3,5% y refinación de petróleo 0,9%; sectores beneficiados por el actual modelo de precios liberados. Estas disparidades explican en parte las tensiones internas en la entidad. Su actual presidente es Daniel Funes de Rioja, abogado de la Copal, la cámara que nuclea a las alimentacias, todas muy beneficiadas por la devaluación.
La Unión Industrial no representa la unanimidad industrial argentina, el control está en manos de las multinacionales muy vinculadas a la economía primaria en tanto la resistencia la encarnan empresarios nacionales desarrollistas.
La pregunta que se impone es a qué responde el apoyo blindado de la UIA a un gobierno que en la práctica está destruyendo el entramado industrial.
El dos veces presidente de la UIA y ex ministro del peronismo, Jose Ignacio de Mendiguren, respondió a LPO: «La Unión Industrial no representa la unanimidad industrial argentina, el control está en manos de las multinacionales muy vinculadas a la economía primaria en tanto la resistencia la encarnan empresarios nacionales desarrollistas».
Según Mendiguren la UIA está en manos de Techint, una empresa cuyo interés esta cada vez más vinculado a la exportación de gas y petróleo, con su operación en Vaca Muerta. «Paolo Rocca se quiere quedar con la representación como interlocutor válido ante el poder político. Lo mismo se refleja en la COPAL o en AEA. La estrategia es controlar la representatividad del sector», reflexionó De Mendiguren.
Mientras que otro dirigente importante de la entidad, que pidió permanecer anónimo para hablar con libertad, explicó que la crudeza del cuadro que retrata el último informe de la UIA insinúa un giro en la posición condescendiente ante el gobierno: «Se ven las presiones internas de madereros, metalúrgicos, y otras industrias que estan siendo sumamente afectadas por las políticas de este gobierno, y le mueven los cimientos a la conducción amigable de las multinacionales».
De cara al futuro la preocupación de una parte de la UIA pasa por dos lados: la suba de costos y pérdida de competitividad. «No cambió el tema crediticio, no hubo alivios fiscales y subieron fuerte los costos en dólares», precisó un industrial, que agregó como segundo factor la baja de la demanda del mercado interno por caída del poder adquisitivo.
Se ven las presiones internas de madereros, metalurgicos, y otras industrias que estan siendo sumamente afectadas por las políticas de este gobierno, y le mueven los cimientos a la conducción amigable de las multinacionales.
«El impacto muy fuerte en la parálisis total de la obra pública impacta en algunos sectores», agregó el dirigente consultado.
Lo cierto es que la tensión entre industrias exportadoras, mercado internistas o vinculadas al sector público nacional atraviesa a la UIA históricamente. En coyunturas críticas revive el debate entre dolarizadores que promueven los sectores que se dedican a la exportación y los devaluadores que apuestan a la competitividad. Se dió ante el proceso privatizador de la década del 90, y resucitó en medio de la crisis de la convertibilidad en el año 2001.
Los estudiosos del tema subrayan que el comportamiento de los industriales argentinos presenta grandes diferencias con la defensa de su sector que hacen otras burguesías indutriales de la región, como la brasileña.
«El comportamiento de los industriales argentinos esta signado por un fuerte componente ideológico. Son gorilas por definición y a veces esto pesa más que las propias ganancias», reconoció un ex presidente de la entidad.
Siguiendo esta línea resulta interesante trazar el paralelismo con la FIESP, la poderosa federación industrial de San Pablo. «Brasil apostó a un modelo de desarrollo que no abandonó ni siquiera con la dictadura. Los empresarios brasileños están comprometidos con ese modelo», explicó De Mendiguren.
En medio de las tensiones con Máximo Kirchner, Axel Kicillof comienza a barajar nombres para que encabecen la lista de diputados nacionales del peronismo el año que viene. En ese sentido, hay dos dirigentes que pican en punta: Gabriel Katopodis y Sergio Berni.
El ministro de Infraestructura encabeza desde hace semanas charlas con el disparador «Peronismo para qué?», con las que ya visitó varios municipios, sumando intendentes.
El exministro de Seguridad, en tanto, suma minutos de exposición mediática y, según adelantaron a LPO desde su entorno, tiene previsto iniciar una gira bonaerense en mayo.
Este jueves, Berni fue tendencia en redes a partir de su participación en el canal de streaming Blender, donde reveló sus gustos por la música electrónica y hasta bailó al ritmo del clásico «A Little Respect», de la icónica banda ochentosa Erasure.
Más allá de los movimientos del exministro de Seguridad bonaerense en la improvisada pista de baile, en el peronismo ven movimientos políticos en Berni. Incluso, consideran que esos pasos descontracturados del médico y militar también son parte del posicionamiento a 2025.
En el entorno del actual senador bonaerense y titular del Instituto Vucetich confirmaron a LPO el objetivo de trabajar para que Berni lidere la lista de diputados de Axel Kicillof en 2025 y que, en ese marco, iniciarán en mayo una gira por toda la provincia.
Con base en la Segunda sección (norte bonaerense), donde su esposa, Agustina Propato, estuvo a menos de dos mil votos de conseguir la intendencia de Zárate, está previsto que Berni inicie su agenda de recorridas, para luego continuar por la Cuarta (noroeste).
Aunque aclaran que Berni y Propato ya vienen visitando diversos municipios, la idea es comenzar a hacerlo «de manera organizada» y con el aditivo de convocar a charlas más allá de la militancia peronista e ir en busca del electorado más alejado de la actividad política y que en las últimas elecciones apostó por Milei pero que podría ser receptivo al perfil de Berni.
En esa recorridas, la intención también será apuntalar con referentes locales a un armado propio que, sobre todo fuera de la Segunda sección, necesita robustecer. Cerca de Berni hablan de la construcción de «un nuevo peronismo» alineado a Kicillof.
Toda nuestra energÃa tiene que ser para confrontar con Milei, para cuidar a nuestra gente y defender la⦠pic.twitter.com/8kMd5r9eoF— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 20, 2024
Por su parte, Katopidis inició hace semanas recorridas distritales al amparo de un ciclo de charlas con el interrogante «Peronismo, para qué?». También con el slogan «Re-unión compañera», el ministro de Obras Públicas provincial suma kilómetros e intendentes.
Además de su sucesor en San Martín, Fernando Moreira, Katopodis viene tejiendo fuerte su armado en la Segunda sección, precisamente la región base de Berni.
Se van a sumar más intendentes. Somos el ala más dialoguista del kicillofismo
A esas convocatorias del ministro, ya se plegaron los intendentes Ricardo Alessandro (Salto), Mauro Poletti (Ramallo) y Diego Nanni (Exaltación de la Cruz). En Arrecifes fue la última actividad de este armado, con el último candidato del peronismo ahí, Patricio Gabilondo.
«Se van a sumar más intendentes. Somos el ala más dialoguista del kicillofismo», dijo a LPO uno de los intendentes que ya trabaja con Katopodis.
Para algunos jefes comunales con intenciones de acceder a la Legislatura el año que viene, que Katopodis encabece la lista de diputados nacionales puede ser la llave para acceder a casilleros de privilegio en las listas seccionales, algo que no pudieron lograr en elecciones previas y por lo que lanzan acusaciones hacia La Cámpora.
La interna del kirchnerismo tuvo su pico máximo de tensión este miércoles, cuando Cristina Kirchner anunció que participará de un acto en Quilmes con la intendenta camporista Mayra Mendoza casi a la misma hora del que tiene previsto participar Axel Kicillof en Avellaneda con Jorge Ferraresi, uno de los intendentes que promueve su candidatura presidencial.
El primer acuse de recibo del movimiento de la expresidenta fue la reprogramación del acto de Avellaneda. Ahora, fuentes cercanas a la Gobernación confiaron a LPO que Kicillof analiza sumarse al acto de Cristina en Quilmes.
El gobernador fue invitado por Mayra Mendoza y es muy probable que asista, luego de la actividad en la que, junto a Ferraresi, inaugurarán el Centro Cultural Kirchner en la Isla Maciel.
Según pudo saber este medio, ambos lados de la interna también se tironearon la presencia de Sergio Massa. Pero el tigrense gambeteó la incomodidad de quedar en el medio de un fuego cruzado y se excusó de ambos actos a raíz de planes personales por su cumpleaños.
Como contó LPO, el 27 de abril es una de las fechas icónicas en el calendario kirchnerista, ya que remite a la elección presidencial en la que Néstor Kirchner quedó segundo y obtuvo un lugar en el ballotage que finalmente no se dio con Carlos Menem, logrando así la Presidencia.
Por eso, Mayra inaugurará el microestadio Néstor Kirchner y convocó a la expresidenta, quien dará su primer discurso desde la asunción de Javier Milei. En ese punto, Cristina dijo que hará una reflexión sobre «este experimento del anarco-capitalismo».
Más allá de eso, en la participación de Cristina subyace una creciente tensión interna en el kirchnerismo, con recientes cruces entre quienes impulsan al gobernador y el camporismo.
La organización de los actos en homenaje a la elección de 2003 dispararon una rosca frenética en las últimas horas entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.
De un lado y de otro, pugnaron por la presencia del último candidato presidencial del peronismo. Pero Massa encontró una excusa perfecta para evitar quedar envuelto en esas tensiones, ya que cumplirá 52 años el próximo domingo 28.
Para fundamentar su ausencia en ambos actos, el tigrense aludió planes en familia para celebrar su natalicio durante el fin de semana.
En cuanto a Kicillof, la muy probable participación en Quilmes la enmarcan en una serie de acciones que el gobernador realizará este sábado. Es que, además de Avellaneda, también tiene en agenda asistir en Mar Chiquita a un homenaje al intendente del Partido de La Costa, Juan De Jesús.
Como fuere, lo que subyace es la discusión de un proyecto autónomo por parte de Kicillof y la capacidad de discutir las listas el año que viene.
La duda de algunos dirigentes con trayectoria en el peronismo bonaerense no está en que Axel busque liderar un proyecto autónomo y crecer -algo que ven como parte de la ley natural de la política- sino en si el gobernador podrá sostener un conflicto con Cristina.
De asistir al acto el Quilmes, esa reacción abriría otro interrogante en torno a si se trataría de un movimiento táctico, pensando en el incordio de un prematuro choque con Cristina, o bien si hay una decisión de no avanzar por ese camino.
El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con su ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el de Seguridad, Pablo Cococcioni, presenciaron la primera subasta de esta gestión de 40 vehículos decomisados a las bandas narco. El remate lo organizó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que preside el socialista Matías Figueroa Escauriza.
Desde el gobierno destacaron que hubo 4.500 inscriptos para quedarse con los 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección, que fueron secuestrados a distintos líderes de bandas narco y el precio de base rondaba entre el 40 % y el 60 % del valor de mercado.
Además, desde la provincia le cambiaron la patente a los vehículos para evitar que sean identificados por las organizaciones criminales a las que se les fueron quitados y darle seguridad a los nuevos titulares.
Esta política apunta a golpear en el corazón de las organizaciones criminales, en lo que más les duele: en los bienes y en el dinero, para quebrar así las posibilidades que tienen de seguir cometiendo delitos
El gobernador destacó que «esta subasta es una política pública, que nunca se debió dejar de llevar a cabo», dijo en relación al gobierno de Perotti que suspendió los remates y recordó que «surgió de una ley que tiene la provincia de Santa Fe, la única de Argentina, que apunta a golpear en el corazón de las organizaciones criminales, en lo que más les duele: en los bienes y en el dinero, para quebrar así las posibilidades que tienen de seguir cometiendo delitos».
Los vehículos quedaron a disposición de la justicia en distintos operativos antinarco y lavado de activos. De esta manera, el gobierno busca socavar el poder económico de una economía tan pujante como ilegal que mueve millones y que mucho de ese dinero se invierte en vehículos de alta gama.
Entre los vehículos puestos a remate, se encontraba un Jeep modelo 2017, con tan solo 20 mil kilómetros de uso y un precio de base de diez millones de pesos. Un Mercedes Benz A45 del mismo año con 26.500 kilómetros, sin llave, por 15 millones. Otro Mercedes modelo SLK 250 con 63 mil kilómetros recorridos con una base de 17 millones. Un BMW 323i con un precio inicial de cinco millones.
Entre los lotes, se subastaron camionetas Dodge, Toyota, Kia y Volkswagen, entre otras como motos de altas cilindradas en su mayoría. «No solamente estamos subastando en un hecho público a través de martilleros, bienes, rodados, sino lo que se está haciendo en el trasfondo de esta subasta pública, es debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico para que dejen de operar en diferentes territorios de la provincia de Santa Fe», sostuvo Matías Figueroa Escauriza.
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