La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, partirá este martes a Perú para recabar «denuncias de violaciones a los derechos humanos», en el marco de la «represión» que se vive en ese país desde hace dos meses.
«Hemos recibido denuncias en partes del ‘Perú olvidado’ que esta siendo duramente golpeado por la represión estatal. Hay 64 asesinados, gente muy humilde que perdió la vida por manifestarse«, indicó el dirigente social Juan Grabois en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación.
Grabois remarcó que «las imágenes» de Perú desde que fue destituido el 7 de diciembre pasado el presidente Pedro Castillo «no se vieron» en otros países como Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador, a los que también viajó anteriormente la delegación.
«Quienes ordenan estas acciones sepan que son delitos que los estamos viendo y registrando y van a tener que dar cuenta de esto», resaltó el dirigente, en alusión a la represión impartida por la presidenta peruana, Dina Boluarte.
Al respecto, consideró que «no hay democracia plena en nuestro país si no hay democracia en América Latina».
Asimismo, Grabois criticó el accionar de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ONU y la Comisión Europea porque «se quedan en un hotel en Lima» al que «las víctimas no pueden acercarse».
«Nuestra delegación va al campo, a las barriadas populares, al territorio que estas organizaciones no van», exclamó el dirigente social sobre una delegación en la que son «voluntarios» que se pagan su pasaje y en la que «nadie les paga» por ir.
Además de Grabois, de la delegación que estará hasta el 13 de febrero en suelo peruano también formarán parte el diputado Juan Marino (FDT) y las dirigentes Marianela Navarro (FOL) y María José Cano (ATE).
«El objetivo de esta Misión es recolectar los testimonios de víctimas y familiares para elaborar un informe para una denuncia internacional», remarcó Cano durante la rueda de prensa.
En tanto, Navarro indicó: «Estamos en coordinación con organizaciones sociales, que sabiendo la histórica lucha de nuestro país en defensa de los derechos humanos, han pedido nuestra participación en territorio peruano».
Por su parte, Marino exclamó que se «intentará frenar la masacre» y que «el derecho a la protesta tiene que ser respetado en Perú y en todo el mundo».
«El derecho a la vida, a la defensa y al debido proceso tienen que ser respetados, y eso nos dicen que no está sucediendo», agregó.
La comitiva la completan el diputado Federico Fagioli (FDT), el referente social Ramiro Gueber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.
Grabois detalló a Télam que la delegación tomará «testimonios en cinco localidades y en dos universidades» para luego «hacer un informe con las denuncias».
«Lo vamos a presentar en los sistemas internacionales de derechos humanos, a nuestra propia Cancillería y a la Senta Sede», explicó.
Consultado sobre si harán un pronunciamiento del escenario político que atraviesa Perú, el dirigente indicó que conoce el «reclamo muy fuerte» por la liberación de Castillo y el adelantamiento de las elecciones, pero que «no es la función» de la misión.
«No es nuestro objeto fundamental pronunciarnos sobre eso. Cuando volvamos vamos a tener una visión más clara», sostuvo.
Entre el público que asistió a la conferencia hubo peruanos radicados en el país y pertenecientes a la organización Peruanos Autoconvocados, quienes celebraron el viaje de la delegación.
«Me emociona tanto como cuando salimos a las calles que pedimos que las Malvinas sigan siendo argentinas. Esa misma emoción sentimos hoy cuando esta comisión va Perú a ver la grave situación que está pasando nuestro país», dijo a Télam el referente de Peruanos Autoconvocados Santiago Ramírez.
Añadió que «el Gobierno de Dina Boluarte es un gobierno asesino y maltratador de los derechos humanos. Es una cuestión terrible. Esta delegación nos emociona y nos llena de satisfacción».
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Castillo dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
Tras las nuevas protestas del fin de semana en Lima, el Gobierno peruano declaró el estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, que conforman casi la práctica totalidad del centro-sur del país.
