El bloque del Frente de Todos (FdT) porteño rechazó la Ley de Emergencia Económica impulsada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que fue aprobada hoy en la Legislatura con votos del oficialismo y aliados.
«El Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van», dijo la diputada María Rosa Muiños (FdT) durante su intervención en el Salón Dorado de la Legislatura, donde se realizó la sesión respetando medidas de distanciamiento social.
La legisladora agregó que la norma aprobada hoy «no tiene un control serio» y recordó que el FdT presentó un despacho de minoría que contemplaba iniciativas presentadas por ese bloque opositor relativas al «destino del gasto, que es lo que falta en esta Ley».
Por su parte, la legisladora Cecilia Segura (FdT) se refirió a la Comisión de Fiscalización propuesta por el oficialismo.
«La Ley plantea la creación de una Comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad», sostuvo.
A su turno, el diputado Leandro Santoro habló de «la pantomima o demostración teatral del consenso» por parte del Ejecutivo porteño y exigió al Gobierno de la Ciudad que convoque a la oposición para gestionar la emergencia.
El vicepresidente del bloque, Javier Andrade, afirmó que «la discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto».
El bloque opositor había presentado un proyecto alternativo a través de un dictamen de minoría que incorporaba a la Ley de Emergencia «la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos», informaron voceros de esa fuerza política.
La propuesta contemplaba también un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género, a través de la difusión, el acceso a la justicia, el acompañamiento en refugios y subsidios.
Además, establecía el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.
