En 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.
El convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para habilitar la construcción de edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca, fue incluido en el temario de la sesión que se realizará este jueves en la Legislatura porteña, pero, debido a que existe una causa judicial en curso iniciada por organizaciones que se oponen al proyecto inmobiliario, la votación podría ser postergada.
En la reunión de labor parlamentaria realizada este miércoles por la tarde en la Legislatura porteña, el convenio para cambiar las normas urbanísticas del predio de la Costanera Sur quedó incluido en el temario, con un debate con discursos de 15 minutos por bloque; sin embargo, fuentes legislativas indicaron que la votación podría ser postergada, ya que hay una orden judicial vigente de «suspender precautelarmente el trámite».
De esta manera, está en duda si el oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ), logrará esta semana la primera votación para el convenio entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el grupo IRSA, el cual busca modificar las normas urbanísticas del predio, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.
El convenio busca modificar las normas urbanísticas del predio, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno”
Dicho acuerdo autoriza el desarrollo inmobiliario del IRSA que prevé la construcción de edificios de hasta 45 pisos.
Sin embargo, debido a un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otras organizaciones, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler ordenó «suspender precautelarmente el trámite».
La resolución de Scheibler fue apelada por VJ, pero la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió.
El diputado Diego García Vilas, jefe del bloque VJ, dijo este miércoles en la reunión de labor parlamentaria que la precautelar de Scheibler es «manifiestamente arbitraria» y, en un mensaje publicado en Twitter, anticipó que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez.
Los terrenos sobre los cuales gira el conflicto fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donadas al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.
Sin embargo, en 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.
Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben «preservar e incrementar» los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.
