Con videoconferencia, llamadas de teléfono o reuniones para pocas personas y manteniendo la distancia social recomendada para evitar los contagios, las cámaras de diputados y senadores provinciales y sus comisiones lograron adaptar su funcionamiento en tiempos de aislamiento obligatorio para minimizar los casos de coronavirus.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, dijo hoy a Télam que en el caso de la Cámara baja bonaerense «se viene trabajando tanto de manera remota como con reuniones presenciales reducidas con los presidentes de los bloques» y que «junto a los líderes legislativos de los distintos espacios políticos acordamos unánimemente sesionar de forma presencial si fuera necesario, y al mismo tiempo estamos avanzando en todas la cuestiones legales y técnicas para tener lista la alternativa virtual.”

Por su parte, la Legislatura de Santa Cruz, que concretó su primera sesión virtual la semana anterior, evaluaron hoy en reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Energía, proyectos para abordar la emergencia hidrocarburífera, informaron fuentes legislativas.

Asimismo, diputados santacruceños unificaron en un despacho cuatro proyectos presentados por ambas bancadas, para declarar la emergencia hidrocarburifera – por el derrumbe del barril de crudo y la baja de inversiones, que repercute en la exploración y explotación y en los ingresos por regalías- y cuidar el empleo. Habrá una sesión extraordinaria virtual mañana.

También la Cámara de Diputados de Misiones anunció hoy que realizará la apertura de sesiones legislativas de manera virtual el 1 de mayo: los legisladores sesionarán desde sus despachos ubicados en el edificio Anexo de la Cámara de Representantes de Misiones y «se mantendrán las actividades sin presencia física de los legisladores, ni en la sesión o en el trabajo de comisiones», explicó el diputado oficialista y jefe del bloque Renovador, Martín Cesino.

Legislatura de San Luis

En San Luis, los diputados y senadores provinciales probaron las plataformas virtuales para llevar a cabo sesiones a través de Internet: el titular del Senado, Eduardo Gastón Mones Ruiz, encabezó el martes último la primera reunión online, mientras que Diputados, por su parte, hizo su prueba el miércoles, respondiendo a un pedido de la oposición como una alternativa para avanzar en diferentes proyectos.

La Legislatura mendocina fue una de las primeras en utilizar videoconferencia: sancionó la ley de emergencia social económica, aprobó el uso obligatorio de barbijo y limitó salario a los funcionarios.

El vicegobernador de Río Negro Alejandro Palmieri, integrante del partido oficialista provincial Juntos Somos Río Negro, dijo que se encuentra en evaluación la posibilidad de realizar alguna sesión de la Legislatura en modo de teleconferencia, tras una reunión con esa modalidad entre la gobernadora Arabela Carreras y legisladores del partido político opositor en Río Negro Frente de Todos, dado que la Legislatura permanece paralizada desde el inicio del aislamiento obligatorio.

El bloque de legisladores del Frente de Todos rionegrino le envió una nota al vicegobernador para que a la brevedad convoque al cuerpo mediante mecanismos que permitan trabajar a distancia, mientras que el legislador Juan Pablo Muena dijo a Télam que «no estamos sesionando porque estamos bregando por la salud de todos los empleados de la legislatura y los legisladores».

En la provincia de Santa Fe las reuniones de comisiones de ambas cámaras se están realizando por teleconferencia y del 23 de abril comenzó a sesionar de manera virtual por iniciativa del senador Rubén Pirola: «Estamos haciendo lo que debemos hacer, para cuidarnos nosotros y a la ciudadanía», dijo al abrir la sesión la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

«La Legislatura neuquina comenzó a funcionar hace dos semanas a través de Zoom. Tiene la mayoría de sus comisiones funcionando y se han tratado proyectos con estado parlamentario», contó a Télam Sergio Fernández Novoa, diputado del Frente de Todos.

Asimismo, detalló que «los 35 diputados han registrado su firma digital y a través de este formato se presentan proyectos», y agregó que en las comisiones «han participado invitados como el Ministro de Producción de la provincia hasta empresarios y trabajadores de los sistemas de delivery o personal despedido de una clínica».

La Legislatura unicameral de Córdoba sesionó por primera vez en su historia con la modalidad remota el pasado martes 14 de abril y aprobó proyectos vinculados a las pymes y emisión de títulos públicos, como también el decreto que regula las sesiones virtuales mientras dure la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Por su parte, la Legislatura tucumana volverá a sesionar el próximo jueves para tratar diferentes proyectos vinculados con la situación sanitaria y económica que atraviesa la provincia por la pandemia del coronavirus, y la sesión se desarrollará con la presencia de los legisladores en el recinto.

En Jujuy, ayer se volvió a utilizar el recinto de la Legislatura para una Sesión Especial convocada, en la que los diputados respetaron el uso de barbijos, se mantuvo al mínimo la presencia de personal y los medios debieron seguir el debate a través de una trasmisión en vivo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió este domingo «entender» que el aislamiento social dispuesto por el coronavirus tiene que tratarse de manera «diferenciada» en los distritos, al advertir que «las grandes ciudades deben desarrollar sus protocolos de manera diferente» a las jurisdicciones de menores habitantes.

«Tenemos que entender que debemos tener un tratamiento diferenciado para la ciudad de Buenos Aires que para Catamarca», expresó Cafiero, en declaraciones a radio La Red.

Nota en desarrollo

El Gobierno especificó este domingo, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso la prórroga del aislamiento social hasta el próximo 10 de mayo, los criterios para las salidas breves de esparcimiento según las disposiciones de cada jurisdicción.

El artículo 8 del DNU 408, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, establece que «las personas que deben cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas».

A su vez, el Poder Ejecutivo aclaró que si bien los gobernadores «podrán decidir excepciones al cumplimiento del aislamiento y a la prohibición de circular respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios», quedan imposibilitados de esa norma los «aglomerados urbanos con más 500.000 habitantes, ubicados en cualquier lugar del país», así como también el Área Metropolitana de Buenos Aires, que comprende la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.

El Gobierno justificó esa decisión en que «los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y donde más difícil resulta controlar esa transmisión».

En tanto, el DNU precisa que para cumplir con el permiso de las salidas breves los vecinos no podrán utilizar el transporte público o vehicular y «deberán guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños de hasta 12 años» que deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo domicilio.

«En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria», señala el decreto y aclara que las autoridades recomiendan además el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.

Finalmente, el artículo 8 precisa que «las autoridades locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública».

El DNU también autoriza a los gobernadores a «decidir excepciones al cumplimiento del aislamiento y a la prohibición de circular respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en departamentos o partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios».

Esos parámetros consisten en que «el tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 15 días; el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria, además de que debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada».

También se solicita como requisito que «la proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido, según corresponda».

Por último, que el «departamento o partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos ‘con transmisión local o por conglomerado'».

El DNU también establece que «las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria».

La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron en conjunto esta tarde que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus continúa vigente y que cada jurisdicción determinará las salidas de esparcimiento y otras medidas dispuestas en la nueva etapa de la cuarentena.

Los distritos salieron a hacer la aclaración debido a que hubo ciudadanos que se anticiparon a salir, incluso con sus hijos, pese a que aún no se había publicado el nuevo DNU del presidente Alberto Fernández en el Boletín Oficial y que, en consecuencia, no están reglamentadas las salidas.

«El Poder Legislativo es la cabeza de uno de los poderes del Estado, el órgano democrático y representativo por excelencia. Es absolutamente autónomo en el marco de sus facultades para instrumentar lo que sea necesario para cumplir con los fines que el propio mandato constitucional le indica», dijo la abogada Susana Cayuso.

En ese contexto advirtió que «la inactividad del Congreso le es absolutamente imputable y es responsabilidad del propio Poder Legislativo».

Alberto Dalla Via, juez de la Cámara Nacional Electoral, explicó que «a la hora de interpretar los reglamentos hay que ir a los principios de soberanía del pueblo y al de la forma republicana de gobierno».

«Esta emergencia está en el marco de una ley sancionada en diciembre del 2019, ley 27.541, que contemplaba una cantidad de supuestos vinculados con el tema económico y estableció la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, emergencia, sanitaria y social», dijo el juez, según informó un comunicado.

Aclaró entonces que «el DNU 260/2020 que amplía la emergencia, no ha pasado por el Congreso» y entonces interpeló el «funcionamiento de las instituciones».

Sobre el Parlamento, Raúl Gustavo Ferreyra aseveró: «No encuentro razones por las cuales el Congreso no esté sesionando a pleno y no cumpla con sus tareas de producción y control. El Congreso tiene competencia para decidir en qué circunstancia se va a reunir, cómo y cuándo».

Respecto del Poder Judicial, interpretó que «es absolutamente necesario que se flexibilice el acceso a la jurisdicción y si acaso no se puede disponer el levantamiento de la feria judicial por los medios telemáticos que disponemos».

Roberto Gargarella señaló «que estamos virtualmente en una situación de estado de sitio». Dijo que «puede ser que el Presidente esté tomando decisiones no irrazonables, pero eso no quita que estamos en una situación de ilegalidad, definida por la concentración de poderes en el Ejecutivo, por la restricción severisima de derechos fundamentales y por la sobrepresencia de las fuerzas policiales de seguridad en el espacio público».

Acerca de la consulta de la presidenta del Senado, Cristina Fernández, a la Corte Suprema sobre la posibilidad de sesionar de manera virtual, Gargarella reconoció que tiene «una posición ríspida» porque considera «que la consulta es razonable aun cuando sea innecesaria, porque las dos cámaras del Poder Legislativo tienen la capacidad de reunirse cuando lo consideren necesario y del modo que consideren necesario».

Para Daniel Sabsay «cada vez que se apela a la emergencia para tomar decisiones excepcionales, la Constitución tiembla porque la consecuencia inmediata es que alguna o varias partes de la Constitución se van a desmoronar, van a quedar en suspenso».

El abogado remarcó que el primer DNU del 2020 «fue tal vez la primera situación del dictado de un DNU que se ajusta al marco constitucional» y cuestionó que «a partir de allí son veinte DNU que ya se han dictado, una cantidad inmensa. Es un Presidente que legisla y un poder legislativo que se autolimita y no se sabe muy bien por qué».

Juan Vicente Solá planteó que «el problema de la emergencia es el riesgo del autoritarismo. En general, los doctrinarios autoritarios, que creen en sistemas no democráticos, utilizan el concepto de emergencia para consolidar el poder único».

«Es muy importante mantener normas claras y si hay que hacer cambios permitir la revisión judicial», sostuvo Solá y reclamó «mantener abierto un Poder Judicial activo».

La jornada de discusión y análisis se realizó por videoconferencia y estuvo organizada por las cátedras de Derecho Constitucional y moderada por el vicedecano Marcelo Gebhardt .

La finalización de juicios orales que atraviesan sus instancias finales a través de herramientas digitales que permitan su continuidad sin generar acumulación de personas en un mismo lugar, se instaló como uno de los temas a resolver por el Poder Judicial para continuar adaptando el sistema a las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.

«Después del 26 de abril tenemos que empezar a retomar los juicios orales», aventuró un juez federal en diálogo con Télam antes de que se conociera que ocurrirá con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que, al menos hasta ahora, siempre fueron acompañadas desde la justicia a través de acordadas de la Corte Suprema que declararon la feria judicial extraordinaria.

En los últimos días, al menos tres tribunales orales solicitaron al Consejo de la Magistratura que informe cuáles son las «herramientas tecnológicas» disponibles para reanudar audiencias de juicios de manera remota y poder así concluir con los debates orales en curso.

Los pedidos a los que accedió Télam fueron formulados por los tribunales orales federales 3 y 5 de la Capital Federal y uno de La Plata, que consultaron si «utilizando el sistema y/o programa que sea necesario, es posible llevar adelante, o no, las audiencias virtuales que hagan falta hasta la conclusión» de los debates, según se expresó en una de las solicitudes.

En todos los casos, las notas al Consejo de la Magistratura van particularmente dirigidas a la Dirección General de Tecnología del organismo, a la que además le piden que les facilite personal capacitado para poder llevar a cabo las conexiones e instalaciones que sean necesarias.

«Con el devenir de los días y la sucesiva prolongación –por razones de extrema necesidad- de las medidas antes aludidas, resulta oportuno evaluar la posibilidad de continuar con la actividad esencial del Tribunal, esta es, la realización de los debates orales y públicos de los casos que son elevados a esta instancia plenaria», explicó el juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, en uno de los escritos revelados por Télam esta semana.

El oficio firmado por Basso se envió en el caso puntual del juicio oral que se sigue al ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Terán, y otros acusados por supuesta asociación ilícita y tráfico de estupefacientes desde Paraguay.

La justicia federal está en feria extraordinaria desde el 20 de marzo pasado, en sintonía con el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige por el Covid-19 y todos los juicios orales quedaron interrumpidos.

Desde el Consejo de la Magistratura indicaron a Télam que en los próximos días se definirá de qué forma se le puede dar continuidad a los juicios ya iniciados y sobre todo a los que están en instancias de finalización y señalaron que se está trabajando si se utilizará para ello la plataforma Zoom o una desarrollada por Arsat.

Los mismos voceros informaron que estos temas ya fueron puestos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera informal, a la que se le pedirán los fondos necesarios para poder acceder –a través de licitaciones y compras directas- la os equipos tecnológicos para la realización de las audiencias.

El secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro, destacó la importancia de «asegurar la comida» para los sectores más vulnerables, y advirtió que hay que «pensar el día siguiente de la cuarentena y desde el trabajo recuperar a los sectores que están en la pobreza».

En una entrevista con Télam, Navarro sostuvo que en el conurbano bonaerense «hoy hay un alto grado de acatamiento, de conciencia social, de respeto» a la cuarentena, afirmó que cuando termine la pandemia «seguramente va a haber más pobres» y destacó que ve al presidente Alberto Fernández «como lo ve la mayoría de los argentinos: sensato, tranquilo…».

– Télam: ¿Cómo ve la situación en el conurbano bonaerense en el contexto de la pandemia de coronavirus?.

– Navarro: Veo un grado de conciencia social muy importante de los sectores populares, que es habitual cuando uno recorre un barrio un día de semana o fin de semana, mucha adhesión y acatamiento a la cuarentena. La cuarentena en el conurbano es compleja en algunos barrios por situaciones de hábitat, de comodidades de los vecinos. Es muy difícil hacerla en la propia casa, a veces la hacen en la vereda, en el patio que tiene adelante la construcción o en el fondo, o en algún espacio libre del barrio. Pero en general lo que uno ve es una gran adhesión, un compromiso. Hay excepciones, por supuesto, de barrios más complicados que otros, pero en lineas generales, me sorprende todos los días. Estuve el miércoles en el Barrio San Jorge, en Florencio Varela, por ejemplo, es un barrio popular, y a las 11, 12 del mediodía no había un alma en la calle. Eso en general, se repite en todos los barrios. ¿Eso significa que hay que subestimar la situación, que ya está resuelto? No, es día a día, hay que estar encima, con tareas de prevención, con tareas de asistencia, los comedores, la ayuda que da el Estado a partir de la AUH (Asignación Universal por Hijo) o refuerzos, o el plan de 10.000 pesos, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) , todo eso también ayuda.Y la dinámica es día a día, uno no puede garantizar que esto sea siempre.

– T: ¿Cuáles son las zonas, los barrios más vulnerables en el conurbano?

– N: Los complejos habitacionales, La Tablada, Fuerte Apache, que se llama General San Martín y a los vecinos no les gusta que se diga Fuerte Apache, todo ese tipo de complejo es difícil. San Petesburgo, Puerta de Hierro, también en La Matanza, La Cava, de Forito, algunos lugares en San Martín, en Moreno.

– T: ¿Qué ayuda llega a esos lugares, de qué modo?

– N: Barrio cuida al Barrio es un programa nuevo que recién se está empezando a implementar, diseñado en Desarrollo Social y todos colaboramos para que se ponga en práctica. La primera ayuda es la AUH, que llega mensualmente, los programas sociales, alguna jubilación o pensión que también se cobra en los barrios más humildes, los refuerzos económicos que tuvo la AUH y los programas sociales, ahora se va a pagar el IFE. Es un aporte económico que le resuelve a esas familias no todo el mes, pero le permite afrontar el tema de los alimentos. Y después están los comedores.

– T: ¿Cuántos comedores populares hay?

– N: No exagero si digo que en todo el país debe haber hoy entre organizaciones sociales, iglesias y comedores que van surgiendo naturalmente, que son ollas populares, debemos estar por encima largo de los 10.000. Mucho más de 10.000 en todo el país.

– T: ¿Aumentó el número de comedores populares a partir de la pandemia?.

– N: Sí, por supuesto. Porque si hay una cuarentena donde no se puede trabajar: la familia que hace una changa, la señora que era empleada doméstica, que trabajaba en limpieza en algún lugar, el señor que trabajaba en la obra en construcción, que vendía, que era carrero, que tenía un almacén, que trabajaba en un puesto en la feria La Salada, por ejemplo, que es lo que ocurre en el fondo de Santa Catarina. Esa gente está sin trabajar y no tiene ingresos consecuencia de su trabajo. Tiene el ingreso que le aporta el Estado, eso hace que se haya duplicado o mucho más la demanda de alimentos.

– T: ¿Qué va a pasar con la pobreza después de la pandemia?

– N: Seguramente va a haber más pobres. Dar un número sería muy irresponsable. Pero si llegamos a la situación de la pandemia con casi un 40 por ciento de pobres, todo indica que cuando se retire la pandemia, en el marco de una cuarentena que ha casi congelado o restringido la actividad económica, y eso es correcto porque se optó por preservar la vida y no el trabajo, para que cuando termine la pandemia esa persona que no trabaja vuelva a trabajar porque está sano, porque conservó la salud, seguramente va a haber más pobreza, no me cabe duda.

– T: ¿Hoy lo más importante es la asistencia alimentaria?

– N: El tema de la comida es muy importante, que podamos resolverlo para garantizar que los comedores y merenderos y las iniciativas de organizaciones populares funcione, pero no puede ser el objetivo nuestro. Nosotros tenemos que pensar el día siguiente de la cuarentena y desde el trabajo recuperar a los sectores que están en la pobreza. No me gusta tener como estrategia, como horizonte de largo plazo los comedores. Quisiera, y creo que la mayoría de los argentinos que viven en barrios humildes piensa lo mismo, trabajar. Ganar el salario, la mujer o el hombre con su trabajo, con su esfuerzo.

– T: ¿Con quiénes interactúan en ese trabajo en el territorio en el conurbano?

– N: Primero con el intendente, y después lo que surge en cada barrio. Hay barrios en los que hay curas que tienen su capilla, hay pastores evangélicos, casi siempre hay organizaciones sociales. Hay vecinos que se organizan en el club, en una sociedad de fomento, o que se organizan en torno a una señora o señor que tiene más iniciativa y conforma una olla popular, cosa que he visto en los últimos días. Van apareciendo ollas por fuera de cualquier organización preestablecida y que empieza a aparecer una nueva organización en cada barrio.

– T: ¿Cómo lo ve al presidente?

– N: Lo veo como lo ve la mayoría de los argentinos, sensato, tranquilo, preocupado por cada uno de los 44 millones de argentinos. A veces se lo puede criticar que conteste personalmente las redes sociales, pero eso también habla positivamente de una persona que es sensible y que le afecta cualquier planteo de cualquier persona que está en el extranjero, de un trabajador, de un empresario. Me parece que el consenso que está obteniendo la sociedad es el reflejo de lo que esa sociedad requiere en este momento y percibe en el presidente.