La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) señaló que «no hay ningún impedimento legal para hacer el trabajo de manera remota», en referencia a la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, a los titulares de los diferentes bloques para que el cuerpo pueda sesionar a través de esa metodología.

«El artículo 14 del reglamento de la Cámara da la fortaleza para poder sesionar en cualquier lado, de cualquier manera, porque en él se expresó la voluntad del congresista de que el Congreso no sea cerrado», enfatizó la legisladora.

El artículo 14 del reglamento de la Cámara baja dice que «los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor», lo que lleva a diferentes interpretaciones por parte de los diferentes bloques..

«Están configuradas las condiciones para que el Congreso no se cierre. Las herramientas de la modernidad nos permiten hacerlo y, de hecho, durante todo este tiempo nosotros hemos ido votando diferente legislación en orden a la adopción de esas modernidades», agregó la diputada lavagnista en declaraciones a Radio Mitre..

Para la ex mano derecha de Massa, «una sesión presencial no implica solo el movimiento de 257 personas, que son los diputados nacionales,sino que en torno a una sesión se mueve prácticamente el triple de personas».

Consenso Federal, el bloque que integra Camaño, tiene tres representantes en la Cámara, que forman un interbloque de 11 junto a peronistas cordobeses, socialistas santafesinos y lavagnistas de otras provincias; lo que los posiciona como el tercer espacio del cuerpo detrás del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

El fiscal Julio César Strassera culminó su alegato en el Juicio a las Juntas, de cuyo inicio se cumplieron hoy 35 años, con una frase contundente que expresaba el sentimiento de una sociedad que quería dejar atrás la represión ilegal y el período de reiteración de golpes de Estado que se sucedieron en Argentina desde 1930.

«Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más», señaló el funcionario judicial ante el tribunal que integraban Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio.

Esos magistrados, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, juzgaron desde el 22 de abril de 1985 hasta diciembre de ese año a los comandantes de las Fuerzas Armadas que durante siete años aplicaron el terrorismo de Estado en el país.

El «Nunca Más» fue el título del informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que encabezó el escritor Ernesto Sabato, y que durante meses investigó la suerte que corrieron los detenidos por la dictadura en los centros clandestinos de detención ilegal.

Fue uno de los momentos de mayor unidad en el pueblo argentino”

Ex fiscal Moreno Ocampo

«Nuestro trabajo se basó en el informe que confeccionó la Conadep y Julio, en sus palabras finales quiso rendir un homenaje a ese trabajo y todas las personas que lo hicieron posible», afirmó a Télam el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, que formó parte, con Strassera, de la acusación a los comandantes de las Juntas en ese histórico proceso.

Para Moreno Ocampo, el Juicio a las Juntas «fue la frutilla de un postre, que mostró que la sociedad argentina quería evolucionar hacia nuevas formas de convivencia«.

«Fue uno de los momentos de mayor unidad en el pueblo argentino. Raúl Alfonsín ganó las elecciones de 1983 con la promesa de juzgar a los militares, el peronismo al principio se opuso pero después apoyó. Nunca hubo tantas coincidencias entre las fuerzas democráticas», apuntó Moreno Ocampo.

”Los gobiernos surgidos de los distintos golpes de Estado siempre quebraron el régimen constitucional y en algunas ocasiones, usurpando facultades legislativas, dictaron normas que derogaban layen vigentes, pero que a la vez también los autolimitaban, normas que en términos generales fueron cumplidas o en su defecto fueron nuevamente modificadas», fue otros de los pasajes de las palabras de Strassera ante el tribunal.

«Con aquellas palabras, Julio le quiso decir a la sociedad que se había terminado el ciclo de los golpes de Estado. Además, el Juicio a las Juntas fue un claro mensaje para consolidar la democracia en la región. No nos olvidemos que (Augusto) Pinochet todavía gobernaba en Chile», recordó Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional.

Contexto histórico

A poco de asumir, el presidente Raúl Alfonsín ordenó mediante la sanción del decreto 158 el procesamiento de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

En principio, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas abrió una investigación que no produjo ningún resultado y, en consecuencia, a mediados de 1984, la Cámara Federal tomó la causa y procesó al general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Massera y al brigadier Orlando Ramón Agosti, quienes conformaron la primera junta militar.

También resultaron acusados Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna, de la segunda; y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, responsables de la tercera.

La sentencia se emitió el 9 de diciembre e incluyó las condenas de Videla y Massera, a prisión perpetua, Viola recibió 17 años, Lambruschini ocho y Agosti cuatro, en tanto que el resto de los acusados quedaron absueltos.

«El día de la sentencia viví un gran alivio. Sentí que, a pesar de todos los condicionamientos que hubo, se había logrado algo histórico para el país y el mundo. Tuve la misma sensación cuando Strassera pronunció la frase ‘Nunca más'», acotó Moreno Ocampo.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que el aislamiento social, preventivo y obligatorio «viene siendo un éxito extraordinario» y remarcó que la curva de contagios en el territorio bonaerense «está aplanada y sin crecimiento».

«La cuarentena viene siendo un éxito extraordinario. En la provincia de Buenos Aires, la curva está aplanada y sin crecimiento. Si tomamos en cuenta el registro de los casos con síntomas, vemos una buena evolución», detalló el ministro bonaerense en declaraciones al programa que conduce Alejandro Fantino por canal América.

El titular de la cartera sanitaria precisó que ese panorama «nos dio tiempo para comprar aparatología, respiradores, bombas de infusión, protectores paramédicos, y preparar los dispositivos».

Los geriátricos cuentan con protocolos estrictos

Consultado sobre la situación en los geriátricos de la provincia de Buenos Aires, tras conocerse el caso de dos asilos de ancianos con pacientes contagiados de coronavirus en Ciudad de Buenos Aires, Gollan remarcó que estos centros «cuentan con protocolos estrictos, que deben evitar las entradas y salidas, sobre todo cuando hay un caso positivo».

«Más allá de esto apelamos a quienes dirigen los geriátricos que ante casos sospechosos avisen a las autoridades», remarcó el funcionario.

Gollan sostuvo que si hay un caso sospechoso en un geriátrico «no corresponde sacar a todo el mundo, salvo cuando se van las cosas de las manos».

«Hay que hacerse cargo de que no todo es cuestión de las autoridades, los geriátricos, por ley, tiene un cuerpo médico que debe alertar estas cosas», insistió Gollan.

Un sector de trabajadores de reparto a domicilio de las empresas Glovo, Rappi y PedidosYa, entre otras, cumplió hoy una huelga general de 24 horas, que se reiteró en otros cinco países, en demanda de un aumento salarial y el cese de la precariedad laboral, en tanto la Asimm, que agrupa a la mayoría de los empleados de la actividad, desconoció la medida y criticó su convocatoria.

El personal argentino agrupado en la Asociación Trabajadores de Reparto (ATR) protestó además en Santa Fe, La Plata y otras ciudades del interior y se movilizó esta tarde hacia el Obelisco porteño para exigir también «la inmediata provisión por parte de las empresas de elementos de higiene en cantidad y calidad».

La medida fue también cumplida por los trabajadores de la actividad de España, Costa Rica, Perú, Guatemala y Ecuador y, en la Argentina, fue convocada por una organización con simple inscripción gremial bajo el lema #22ANoReparto, aunque pudo observarse que muchos de esos trabajadores cumplieron sus tareas.

Los trabajadores, quienes también denunciaron que los gobiernos del mundo hacen «la vista gorda» ante «la realidad del personal de reparto domiciliario», exigen un aumento del 100 por ciento en el pago por pedido y elementos de seguridad e higiene de calidad y en cantidad, según las jornadas laborales.

Sin embargo, la organización argentina con personería gremial que agrupa a ese personal (Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios -Asimm-) que lideran Marcelo Pariente y Maximiliano Arranz, expresó a Télam que la medida de fuerza de hoy fue promocionada desde «las redes sociales», aunque puntualizó que «desconoce» quién o quiénes «estuvieron detrás de ella».

«La Asimm lucha desde hace años y prácticamente en soledad en rechazo del modelo de relación laboral que procuran imponer las plataformas. En su momento obligó a elegir a la primer Comisión Gremial Interna de esas aplicaciones en el mundo y, los métodos de canalización de esa pelea, siempre son decididos en los ámbitos orgánicos respectivos», realzó Arranz en declaraciones a Télam.

Para el dirigente gremial, la lucha contra esas plataformas «es irrenunciable y permanente» y continuará hasta lograr «el respeto de los derechos», y dijo no compartir «los reclamos que son funcionales al modelo de fraude laboral».

«El gremio no quiere un aumento en las ganancias sino salarios dignos y el reconocimiento a los trabajadores. No desconoce la actual importancia de las redes sociales, pero las luchas virtuales en facebook e instagram solo serán parte de la agenda cuando impacten en el mundo real y sean funcionales a la causa de los mensajeros y repartidores», señaló esta tarde el sindicalista a esta agencia.

En su momento, el conflicto gremial que impulsó la Asimm –que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que conduce Juan Carlos Schmid– en demanda del cumplimiento de la Ley de Tránsito de la ciudad de Buenos Aires y del convenio colectivo de trabajo, que entre otras cosas prevé la provisión de casco y otros elementos de seguridad por parte de las empresas, derivó en su judicialización a partir del incumplimiento de las normativas por las autoridades metropolitanas.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apeló la resolución favorable al gremio, aunque todas esas instancias oficiales fueron rechazadas, por lo que el conflicto está hoy en manos de la Corte Suprema porteña para su resolución.

El personal de la ciudad de La Plata agrupado en la ATR se concentró este mediodía en la Plaza Moreno y, luego, se trasladó hacia el Obelisco porteño.

Esos trabajadores denunciaron que perciben por sus tareas igual suma de dinero que hace dos años y que «la paga no es fija», no obstante «los agudos procesos inflacionarios y devaluatorios por los que atravesó el país», y señalaron que «el protocolo para la actividad es muy difícil de cumplir porque es imposible permanecer a dos metros de distancia si una persona abona en efectivo».

Un comunicado internacional conjunto sostuvo que «los repartidores de todo el mundo deben unirse en la lucha para derrotar a las aplicaciones, ya que ese es el único camino para conquistar la totalidad de los derechos laborales»,

Además, los trabajadores denunciaron que «la explotación a fondo del lucro por parte de las empresas se realiza a expensas de la exposición de los repartidores al contagio con coronavirus», y puntualizaron que con «el estallido de la pandemia se profundizaron las condiciones de precarización existentes en las aplicaciones».

La Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados se constituirá mañana y definirá el esquema de trabajo para abordar la propuesta de reforma del reglamento del cuerpo para poder realizar sesiones virtuales, mientras se prolongue el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus.

Ese grupo de trabajo convocado para las 14 designará como presidenta a la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar, informaron fuentes parlamentarias del oficialismo.

Unos de los temas centrales que tendrá que abordar es la propuesta de resolución impulsada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que plantea una reforma del reglamento para permitir la realización de sesiones virtuales ante las dificultades de poder efectuar reuniones del pleno del cuerpo.

Qué dice el proyecto de Massa

Massa envió a los jefes de bloques el borrador de proyecto que modifica el reglamento interno para poder sesionar de manera virtual, el que tuvo hoy el respaldo de diputados del interbloque Federal pero fue objetado por Juntos por el Cambio.

En el texto, Massa propone que «en los casos de fuerza mayor, cuando los miembros ausentes superen a los miembros presentes a causa de aquellos para tomar quorum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros en la sala de sesiones remota, a fin de constituir la Cámara».

De acuerdo a esa resolución, el recinto remoto se integrará mediante la plataforma telemática que asegure la asistencia e identidad de los diputados, la difusión pública de los debates y las votaciones.

El proyecto establece, además, que la Comisión de Labor Parlamentaria, que define el temario de la sesión, se podrá reunir de la misma manera para cumplir sus funciones.

Juntos por el cambio

Desde Juntos por el Cambio se afirmó que «para dar curso a estos cambios resulta imprescindible la reunión tanto de la Comisión de Modernización como también de la de Peticiones, Poderes y Reglamento para poder tratar las múltiples iniciativas que han presentado los legisladores junto con la elaborada por propia Presidencia»

En una carta a Massa que firman los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri, del Pro Cristian Ritondo y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se celebró la convocatoria de la comisión de Modernización y se pidió que también «se haga una pronta convocatoria de la comisión de Peticiones para expedirse según su competencia reglamentaria exclusiva».

En la nota pidieron que «se ponga en conocimiento de las autoridades de todos los bloques los convenios que se habrían firmado con Renaper y Arsat en nombre de la HCDN y de todo otro convenio que podría haberse firmado a los efectos de instrumentar las sesiones virtuales o telemáticas».

Consenso Federal

La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que «no hay ningún impedimento legal para hacer el trabajo de manera remota», en referencia a la propuesta de Massa.

Señaló que «el artículo 14 del reglamento de la Cámara da la fortaleza para poder sesionar en cualquier lado, de cualquier manera, porque en él se expresó la voluntad del congresista de que el Congreso no sea cerrado».

Meritello destac el trabajo conjunto entre Educacin y Medios Pblicos para difusin de contenidos

El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, destacó hoy el trabajo conjunto entre los medios públicos y el Ministerio de Educación para la difusión de contenidos educativos en la emergencia por el coronavirus, así como el apoyo brindado por los privados.

El funcionario compartió una videoconferencia de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados con el presidente del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Claudio Ambrosini, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

«Se ha formado un ‘scrum’ muy fuerte con el Ministerio de Educación, para llevar a los medios públicos a tener una gran gesta en cuanto a la difusión de contenidos ejecutivos», remarcó Meritello, y enumeró los canales y horarios que difunden ese material.

Precisó: «Llegamos a 14 horas de contenido diario en materia educativa; con seis horas de transmisión a través de Canal 7 y el resto repartido entre Paka Paka y Encuentro, que nuevamente han sido incorporados a las señales básicas de los cableoperadores».

Ante la comisión que preside el diputado cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), Meritello dijo además que «los medios privados han tenido una recepción extraordinaria y se han puesto a disposición de ese capítulo educativo». Y destacó que existen «158 canales repartiendo programas educativos a partir de diferentes acuerdos».

El funcionario remarcó que «es importante en esta etapa el capítulo de ‘fake news’ por el tema de los chequeos de información» y recordó que «desde Télam planteamos la página ´Confiar´ y se la presentamos a todos los medios de comunicación».

«Lo que tiene que ver con la veracidad informativa es una etapa de mucha responsabilidad de los medios de comunicación porque las noticias deben ser chequeadas, confiables para que no generen angustia en la población», expresó.

Consultado por diputados opositores sobre publicidad oficial, aclaró que «el Renapo (registro sobre la materia creado por el anterior gobierno) no dejó de existir, sino que se suspendieron algunos requisitos porque si no ningún medio podía recibir ninguna pauta de publicidad».

«La suspensión de esos requisitos es temporaria en el marco de la emergencia», agregó, y advirtió que contrariamente a lo expresado por diputados de Juntos por el Cambio, «el Renapo no brinda transparencia en la información» sobre la pauta, por lo que anticipó que «próximamente vamos a estar subiendo a nuestra página toda la información» al respecto.

Meritello dijo que su Secretaria «realizó 22 campañas de publicidad desde el inicio de la emergencia por la pandemia» y que entre marzo y abril se gastaron en publicidad «600 millones de pesos» y «existe un piso para la publicidad de los medios de todo el país, muchas veces coordinando con los gobernadores».

«El gobierno anterior dejó un tercio del presupuesto del 2020 de deuda ya ejecutado en el 2019, y es un dato que no quiero dejar pasar», remarcó.

Sobre el presente de los medios públicos, el funcionario dijo que Télam «recuperó el objetivo y razón de ser, que era lo que había perdido la agencia», y que se le devolvió «el tema de la pauta, que le provee de ciertos medios para afrontar su presupuesto mensual».

Ambrosini, dijo que desde el Enacom se priorizó a sectores más vulnerables para que «puedan tener conectividad en telefonía y televisión» y «no se les corte el servicio» debido a la situación económica agravada por el coronavirus.

Y Sanchez Malcolm informó sobre el desarrollo de la aplicación Covid-19, la cual «permite completar un autodiagnóstico» para «identificar si el usuario tiene síntomas tempranos que puedan ser compatibles» con el coronavirus.

Resaltó el objetivo de «empoderar» a la ciudadanía con información oficial de la pandemia y mencionó la creación del portal colaborativo «Entre Todos», con recomendaciones de plataformas y herramientas sobre áreas para implementar en esta emergencia.

Los cuestionamientos de diputados de Juntos por el Cambio fueron respondidos por la diputada oficialista Gabriela Cerruti, quien dijo que «el antes y el después de Cambiemos es que ahora no podemos utilizar las computadoras de Conectar Igualdad. No podemos utilizar en este difícil momento todo lo que teníamos».

«Libertad de expresión es que se informe con la calidad con la que se está informando sobre la pandemia», enfatizó.

El gobierno nacional autorizó este miércoles la reanudación de diversas actividades, como la construcción en el ámbito privado y el ejercicio de la abogacía en algunas provincias, en el marco de la «cuarentena administrada» por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

Los voceros explicaron a Télam que la medida se dispuso mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que se difundirá «en las próximas horas en el Boletín Oficial».

Al respecto, detallaron que se reanudarán «profesiones liberales (como abogados, contadores y otras con titulo habilitante) en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén».

También se incluirán «las obras privadas en las provincias de San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Salta», añadieron.

Los portavoces explicaron que «todo se aplicará con un estricto protocolo sanitario de las provincias y un informe técnico del Ministerio de Salud de Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos» para contener la propagación del coronavirus.

El Gobierno definió estas medidas después de hacer un análisis en el ámbito del comité que se reunió hoy en la Casa Rosada para determinar los pasos a seguir a partir de la semana próxima.

El encuentro de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública, creada para el intercambio de información entre las carteras y la recepción de propuestas por parte de las provincias, fue coordinado por Cafiero durante aproximadamente tres horas en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno.

El presidente Alberto Fernández, por su parte, mantuvo su agenda oficial en la Residencia de Olivos, donde recibió a las autoridades de Unicef Argentina y mantuvo contacto permanente con sus colaboradores más cercanos.

Participaron de la reunión en Casa Rosada los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Defensa, Agustín Rossi y de Seguridad, Sabina Frederic.

De Pedro había adelantado ayer que la mayoría de los gobernadores le habían pedido al Gobierno continuar con la cuarentena estricta y que solo algunos planteaban liberar algunas actividades, pero en forma «jurisdiccional» o «focalizada», tal como denominan en el Poder Ejecutivo la nueva etapa que se iniciaría el lunes.

González García, en tanto, ya había adelantado que «la cuarentena va a seguir de distinta manera» y «algunas medidas sociales y económicas van a variar según la geografía».

Del mismo modo se había manifestado Meoni, quien dejó en claro que «semana a semana» se van a ir dando a conocer las nuevas actividades exceptuadas y que, en función de eso, se irá reorganizando el sistema de transporte público a partir de la incorporación de más unidades de colectivos.

Aunque, según dijo, la ampliación del servicio de trenes dependerá de que se puedan «reincorporar más trabajadores».

Respecto al transporte de media y larga distancia asumió que está evaluando con los gobernadores la implementación de «corredores seguros de punta a punta, es decir que no haya paradas intermedias que impidan el control final del pasajero» y que garantice la «conectividad» en función de que «empezará a haber actividades parciales industriales que muchas veces requieren transporte de pasajeros».

A su vez, Katopodis consignó que una vez que se inaugure la nueva fase de la cuarentena obligatoria, a partir del lunes, se pondrá en marcha un plan de «pequeñas obras públicas, de proyectos cortos de tres a seis meses, pensando en que sean compatibles con las medidas de aislamiento».

«Todos los proyectos son determinados por los intendentes, que son quienes conocen las necesidades de sus barrios», agregó Katopodis.

 
El gobierno bonaerense creó este miécoles un fondo especial para asistir financieramente a los municipios de la provincia de Buenos Aires a los que en forma inmediata les distribuirá mil millones de pesos para hacer frente a las dificultades económicas que le genera la pandemia del coronoavirus.

El Ejecutivo provincial informó que se trata del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, que fue instaurado por un decreto del gobernador Axel Kicillof.

El mandatario dispuso que en forma inmediata se asignen a los 135 municipios un total de mil millones de pesos distribuidos a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

En un comunicado, se consignó que el Fondo tendrá el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales, las prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales determinadas por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia.

 Implementación del Fondo Especial

Según el decreto, el Fondo se compondrá con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación.

Los recursos, que se irán desembolsando en los próximos meses, estarán constituidos por una suma de ocho mil millones de pesos, que podrá ampliarse hasta 12 mil millones de pesos de ser necesario.

La ayuda financiera, destinada mediante este Fondo, será reembolsable, no se percibirán intereses ni gastos administrativos de ningún tipo y se otorgará tras la solicitud de cada municipio.

“La crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de las administraciones provincial y municipal, que se ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos”, se detalló en los fundamentos de la iniciativa.

La situación financiera de los municipios fue analizada ayer en dos reuniones que mantuvo el gobernador en La Plata, primero con intendentes del oficialismo y luego de la oposición.