Un represor argentino que estaba prófugo, acusado de crímenes de lesa humanidad y de haber participado de los grupos de tareas de la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), que en 1977 secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la díctadura civico militar (1976-1983), fue detenido en el estado de Río de Janeiro , informó este martes a Télam un portavoz diplomático. La Argentina había cursado el pedido de extradición en 2009.

Rodolfo Wash, una de las vctimas de «Chispa» Snchez

Se trata del ex marino Gonzálo Sánchez (69), conocido como «Chispa», quien fue detenido en la tarde del lunes por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, un balneario ubicado a 260 kilómetros al sur de Río de Janeiro. La orden de captura había sido librada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, para después extraditarlo a la Argentina.

El gobierno nacional oficializó hoy los rubros que podrán retornar a la actividad y quedar exceptuados de la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.

Por medio de la decisión administrativa 763/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio luz verde así a las solicitudes de los gobiernos porteño, bonaerense y santafesino para flexibilizar la cuarentena.

En la ciudad de Buenos Aires se autorizó la reapertura de comercios minoristas de proximidad con atención al público, excepto los negocios de indumentaria y calzado; y los locales gastronómicos exclusivamente para la modalidad para llevar (take away).

Además, se exceptuó del aislamiento social a la actividad notarial, al servicio de mudanzas con fletes y minifletes, al personal afectado a la actividad de demolición y excavación; y se autorizó que los establecimientos educativos de gestión privada tengan guardias mínimas para actividad administrativa, pero sin atención al público.

Si bien el Ejecutivo nacional aclaró que “no encuentra objeciones” para los permisos solicitados, recomendó “extrema vigilancia epidemiológica en las áreas de transmisión comunitaria elevada”.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno levantó la restricción a actividades en los partidos de General Puyerredón (Mar del Plata), Luján, Avellaneda, Tigre y Merlo.

Por caso, en Mar del Plata se permiten los siguientes rubros: producción fabril de productos metálicos, de máquinas de uso especial, de tejidos de punto, de indumentaria y de productos textiles; y en el comercio y servicios, venta de vehículos automotores y motocicletas, peluquerías y asesores de seguros, además de profesiones como escribanos, fonoaudiólogos y técnicos de la construcción y la ingeniería.

Por su parte, en Luján podrán retornar a la actividad productores de seguros para el cobro presencial, las peluquerías y la atención al público de heladerías.

En Avellaneda se permite específicamente la producción en las firmas Aselmo L. Morvillo SA, Fachal y Gómez SRL y Tabacalera Sarandí SA, además de la fabricación de sustancias químicas básicas, maquinaria, productos de metal e industrias básicas de hierro y metal.

Finalmente, en Tigre se autoriza la fabricación de automotores, y en Merlo la producción de cigarrillos.

Por otra parte, en todo el territorio bonaerense se autorizó la vuelta a la actividad de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), que tiene a su cargo la administración de la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico.

En el caso de Santa Fe, la medida rige para el Gran Rosario y el Gran Santa Fe y se autorizó la actividad en asociaciones y agencias para el desarrollo; ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad de agentes de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

También se autorizó el comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, donde se incluyó a los denominados centros comerciales a cielo abierto y paseos peatonales de compras, pero quedaron excluidos los shoppings.

Además, se habilitó la actividad de obras privadas “que ocupen más de cinco trabajadores, profesionales o contratistas de distintos oficios, siempre que los trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en funcionamiento”.

También, actividades de cobranza a domicilio; talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos; servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.

La actividad aseguradora podrá en Santa Fe y Rosario siempre con la dotación mínima de personal necesario con ingreso de clientes con turno previo.

En todos los casos, el Poder Ejecutivo remarcó que las autorizaciones están sujetas a la constatación por parte de las autoridades provinciales y de la Ciudad de que se cumplan los parámetros epidemiológicos y sanitarios ya indicados, por lo que “en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio”.

La ONG Usina de Justicia solicitó este lunes el juicio político del juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Violini, quien hizo lugar a un habeas corpus colectivo que permitió los arrestos domiciliarios de presos bonaerenses en el marco del coronavirus.

En el escrito, con firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, se afirma que el «temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal».

El 17 de abril pasado, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, el juez dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio eran los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque sin precisar los delitos a los que hacía referencia.

La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento dice que «Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al ‘saltar’ por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno».

También remarca que «la acción de habeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal».

Y se destaca que «de no ser Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional».

«Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal», se añade.

Violini consideró que el pedido de jury «es absolutamente político» y que «es un disparate alarmar a la población» con noticias que indicaban que por esa decisión «se liberaron a 2.300 presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires».

El juez dijo a Radio con Vos que hay «algunos medios y algunos políticos que se aprovechan» y el pedido «es un poco en conjunto» de esas dos partes.

«En 30 años nunca tuve un pedido de juicio político», aseguró, y consideró que «el pedido de juicio político es absolutamente político, valga la redundancia». Apuntó al abogado Soto, a quien calificó como «un personaje oscuro, que trabajó con Patricia Bullrich a la par con todo lo de la doctrina Chocobar»

Violini calificó de «disparate» las afirmaciones de que liberó a «más de 2.300» asesinos y violadores. «Alarma a la población, es un disparate, una porquería, un invento inmundo. Me imputan, inventan cosas y le quieren pegar al gobierno provincial y al nacional», dijo.

La Suprema Corte bonaerense revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo aceptado por Violini, y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.

El juez consideró «bien que la Suprema Corte haya reencauzado el hábeas corpus, el fallo no dice que no habrán prisiones domiciliarias», y precisó que en el recurso que concedió «decimos que la morigeración no debe otorgarse en delitos graves».

En una entrevista que concedió en la quinta de Olivos al canal C5N, el Presidente explicó que la iniciativa de reforma judicial «intenta resolver el tema penal fundamentalmente y el tema contencioso administrativo y civil y comercial federal».

«Trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme. También revisar el funcionamiento de la Corte Suprema. Yo pienso que no debería aumentarse (el número de integrantes del máximo tribunal), pero quiero escuchar a gente experta. La Ley de Organización Judicial, la Ley de Recurso Extraordinario, que ha demostrado debilidades según mi impresión, el Consejo de la Magistratura, hay que revisar cómo funciona. Quiero que todo eso entre en un proceso de análisis. Quiero que lo analicen expertos, yo creo humildemente saber algo, así que voy a opinar», expresó el Presidente.

Además, resaltó que «hoy no existe una mesa judicial ni un sistema de presión del gobierno sobre la justicia», a diferencia de cuando gobernó Cambiemos, época en que «se presionaba a jueces o se acordaba con jueces para perseguir a opositores», una situación «absolutamente contradictoria con el sentido de la República».

«El sistema macrista era eso; lo que existe ahora son los jueces que dejó el macrismo», advirtió Fernández y reiteró que el proyecto de reforma judicial estaba listo cuando lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo último, pero luego «sorprendió el coronavirus».

«Voy a mandar todos los proyectos que tengo; están listos y terminados para ser elevados; si el Congreso puede funcionar y tratarlos bienvenido sea», insistió y dijo que espera que la oposición «acompañe» las iniciativas del oficialismo.

El proyecto de aborto legal, seguro y gratuito ya había sido anunciado por el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa y hoy volvió a ponerlo entre las prioridades de su gobierno, como ya lo hizo en otras entrevistas.

De igual modo, la creación de un Consejo Económico y Social también forma parte de los objetivos trazados por Fernández en el inicio de su gobierno y la propuesta apunta a establecer una agenda de políticas de Estado que trascienda los períodos presidenciales y adelantó que los futuros consejeros deberían ser designados con acuerdo del Senado.

El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó en las últimas horas al gobierno provincial una nueva propuesta para la apertura de 7420 comercios en la ciudad, bajo estrictos protocolos y en un esquema que no contempla salidas recreativas, pero sí un sistema de circulación por días y número de DNI de los vecinos.

«Buscamos un equilibrio entre reactivar la economía cuidando a todos los platenses. La salud sigue siendo prioridad. Por eso cada una de las propuestas incluyen todos los recaudos sanitarios y estrictos protocolos para funcionar», advirtió Garro en las últimas horas, a través de las redes sociales.

«Proponemos aperturas graduales y responsables de comercios de escala barrial», explicó el intendente y resaltó que el esquema apunta a locales a los que los trabajadores y consumidores pueden llegar caminando.

El jefe comunal dijo que está en análisis la reapertura de 7.420 comercios de venta minorista, de servicios personales y profesionales, mudanzas y una gran variedad de industrias, que van desde empresas de autopartes y productos plásticos hasta fábricas de ladrillos y adhesivos.

«Como les indiqué anteriormente, todo se podrá poner en marcha después de la aprobación de la provincia. Hasta acá hemos logrado, con el esfuerzo de todos, resultados alentadores. Esta próxima etapa requerirá más que nunca del compromiso individual de cada platense», subrayó.

En este contexto, los platenses cuyos DNI terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán empezar a salir los días pares del mes, mientras que aquellos que tengan documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán hacerlo los días impares.

También indicó que, si la provincia aprueba la propuesta elevada, en La Plata los locales podrán abrir de 11 a 17, durante las horas de mayor temperatura, en un esquema que dará exclusividad durante la primera hora a la atención de vecinos considerados población de riesgo.

Garro detalló que cada una de las propuestas son acompañadas con «protocolos sanitarios y de atención» para que puedan ser autorizadas por el gobierno bonaerense.

«En esta etapa va a ser fundamental la responsabilidad social e individual en el cumplimiento de las pautas que decidamos», manifestó el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

En esa linea, Garro indicó que «sigue siendo necesario para evitar contagios evitar el transporte público» y que, en caso de que la propuesta reciba el aval de la provincia, el municipio liberará el estacionamiento medido.

No obstante, el intendente de La Plata advirtió: «Debemos continuar evitando la concentración de gente. Queremos ser muy claros con esto: denegamos las salidas recreativas y los menores solo podrán salir para acompañar a un mayor a un comercio de cercanía».

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, aseguró este sábado que los trabajadores de la empresa Ferrosur Roca ganaron «la batalla por el cobro íntegro de los salarios» y percibirán el 100 por ciento de las remuneraciones que la compañía se negaba a abonar en medio de la pandemia de coronavirus, y luego de haber presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en la cartera laboral que el dirigente calificó como «vergonzoso».

El sindicalista había reclamado la semana anterior «el pago íntegro de los haberes a los sectores que estén en condiciones, como Ferrosur Roca», y detalló que en esa empresa «los trabajadores ganaron la batalla por el 100 por ciento de sus ingresos y no permitieron absurdas reducciones salariales», señaló Sasia a Télam.

Sasia, quien conduce el espacio Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional (SEMUN), expresó que Ferrosur Roca «especuló y procuró aprovechar la coyuntura», a lo que el gremio y el personal opusieron «unidad, pelea y firmeza».

«El sindicato continuará en esa línea con todas las empresas que pretendan que la crisis la paguen totalmente los trabajadores de la actividad, que mantienen en pie el sistema ferroviario y están en la primera línea contra el coronavirus», afirmó.

La compañía es administrada por el poderoso Grupo Camargo Correa, también propietario de Loma Negra, que obtuvo «grandes ganancias durante los años de bonanza y nunca participó a los trabajadores, pero ahora pretendió hacerlo con las pérdidas, por lo que el gremio había iniciado un plan de acción sindical».

Sasia había calificado como «vergonzoso» el PPC que la empresa había presentado en Trabajo y reseñó que apenas dos años atrás sus directivos habían solicitado «la renovación de la concesión y, ahora, dijeron no poder administrarla».

Por último, Salia felicitó a los ferroviarios que también «están en la primera línea de batalla en la defensa de los intereses del pueblo, ya que permiten que los trenes de pasajeros y cargas lleguen a destino y cumplan su rol fundamental».