La pareja sospecha que pudo tratarse del progenitor de la hija de Piceda, quien está acusado de abuso.
La asociación civil Adultxs por los derechos de la infancia, que trabaja contra el abuso sexual infantil, denunció este miércoles la «intimidación» y «hostigamiento» por parte de un grupo de personas que aseguran haber sido separadas de sus hijos por falsas acusaciones.
La denuncia fue presentada por Silvia Piceda y su pareja, Sebastián Cuattromo, ambos fundadores de la Asociación Civil Adultxs por los derechos de la infancia, quienes aseguraron haber recibido «mensajes intimidatorios y hostigamientos», tras la aparición de carteles en su vivienda ubicada en una zona rural de quintas, en la localidad bonaerense de Abasto.
La pareja sospecha que pudo tratarse del progenitor de la hija de Piceda, quien está acusado de abuso.
El hombre vive a pocas cuadras de su vivienda y según la pareja se maneja en el pueblo con «absoluta libertad», por lo cual, sostienen que existe «un permiso social a los abusadores».
Los mensajes
Cuattromo, víctima de abusos por parte de un religioso del Colegio Marianista, fue quien relató a Télam lo sucedido.
«Hace unos 10 días encontramos en el frente de la casa, un cartel que decía «Propiedad privada» junto a un número telefónico que no nos pertenecía», contó.
«La reacción que tuvimos fue ir a realizar denuncia en la Comisaría Numero 7 de Abasto junto con la conjetura de que podría llegar a tratarse de un mensaje intimidatorio y de hostigamiento por parte del del progenitor de la joven, quien está denunciado por abuso», precisó Cuattromo.
Días después -continúa- el lunes 16 de agosto compartieron en las redes sociales de la asociación lo sucedido, y como respuesta el martes en la esquina de su propiedad y en cercanías de la misma se encontraron con nuevos carteles que decían: «No más hijos rehenes».
Sebastián Cuattromo, víctima de abusos por parte de un religioso del Colegio Marianista, fue quien relató a Télam lo sucedido.
«Lo llamativo es que junto a la leyenda había un logo muy similar al de nuestra asociación civil», detalló e indicó que tras buscarlo en internet se encontraron con «una organización que se presenta como un grupo de personas adultas que están luchando, dicen ellos, por haber sido separados injustamente de sus hijos e hijas por falsas denuncias judiciales».
Para Piceda, es importante que «se le diera importancia y se investigue quienes cobardemente pusieron esos carteles porque en verdad parece un gesto menor pero es de gran cobardía que demuestra ganas de generar miedo y apriete».
«Son gestos de hostigamiento y son graves», remarcó la mujer.
En tanto, Jazmín, su hija, quien actualmente se encuentra en la búsqueda de reparación y justicia a través de un pedido legal de cambio de apellido, manifestó: «Mi progenitor que fue denunciado por abuso sigue viviendo en el mismo barrio que yo».
Y añadió: «Yo elegí volver a vivir a La Plata que para mi es el lugar donde pertenezco pero siempre está el riesgo de que me lo crucé, de hecho me lo crucé varias veces y me da miedo. Casi siempre trato de esconderme porque me da miedo lo que pueda pasar».
Silvia y su hija habían escapado de su casa en 2010 para evitar que la Justicia la obligue a sostener el vínculo con el progenitor, quien había sido denunciado por abusar a la hija de una ex pareja.
La Fiscalía interviniente en la causa es la «Unidad Funcional De Instrucción y Juicio N 15 del Departamento Judicial de La Plata» , especializada en «Pedofilia y Pornografía Infantil en Red» y que está a cargo de la «Agente Fiscal María Cecilia Corfield».
