El proyecto de Emergencia Económica elaborado por el Ejecutivo porteño comenzó a ser tratado hoy en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura con una reunión informativa de la que participó el ministro Martín Mura, quién tuvo que comprometer diversos cambios en el articulado por los reiterados señalamientos de diputados aliados y opositores al gobierno.
Los argumentos de Mura
Mura, en su rol de titular de la cartera de Economía y Finanzas, definió la iniciativa como una de las herramientas para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en «80.000 millones de pesos» para el año 2020.
En ese sentido, puntualizó que el 50 por ciento de dicha retracción se producirá en «el segundo trimestre» del año.
El funcionario explicó que -por el parate económico generado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio- se ha registrado «una caída de la recaudación muy grande, en una parte de marzo, muy fuerte en abril y que se proyecta para adelante».
«En abril, donde ya empezamos a tener datos, vamos a tener una variación interanual del 6% en términos nominales, lo que te deja 40 puntos por debajo de la inflación», añadió.
También detalló el “alto impacto de la morosidad” registrada en el corto plazo: “En marzo fue del 41% en ABL y 54% en patentes”, duplicando los registros habituales.
Por ello, Mura dijo que la Ley de Emergencia, que de ser aprobada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, es un «instrumento necesario para transitar esta pandemia y emergencia a la vez».
Los cuestionamientos
Ese fue uno de los puntos que objetó el diputado Juan Nosiglia (UCR-Evolución) quien se preguntó si no era conveniente establecer un plazo más corto, de tres meses, para la delegación de algunas facultades.
Entre otros puntos, se dotaría al Ejecutivo con «mayores facilidades» para reasignar partidas a las áreas críticas, se eliminarían afectaciones específicas y se consolidaría una cuenta unificada del tesoro para tener mayor disponibilidad de divisas.
También se revisarían «programas no esenciales» y se establecerían «incentivos tributarios» que permitan «adelantar recaudación».
Al respecto, Javier Andrade (Frente de Todos) recriminó la falta de segmentación de los beneficios en favor de los vecinos más castigados y de las PyMEs ya que, según consideró, con la estructura propuesta por el Gobierno sólo ganarán los grandes contribuyentes.
Por otra parte, el proyecto dicta que revisar todos los contratos de servicios no esenciales: «Lo peor que podemos hacer es mantener el que no se pueda pagar», aseveró el ministro.
Las modificaciones
Mura afirmó además que se corregiría la redacción de algunos artículos de la iniciativa, entre ellos, el que suponía innecesario comunicar a la Legislatura las modificaciones presupuestarias y, especialmente, el que refiere al “escalonamiento” y “diferimiento de sueldos”.
La cuestión salarial fue señalada por diputados cercanos al oficialismo, como el socialista Roy Cortina, y opositores como Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.
Al respecto Mura dijo que “en ningún lugar se habla de rebaja salarial” y subrayó que se cumplirán los acuerdos paritarios firmados.
No obstante, aseguró que se va a hacer “lo imposible” para evitarlo, admitió que se podría necesitar -si se extiende la crisis- de escalonar salarios.
El ministro también informó que el gobierno porteño ya colocó deuda por «más de 8 mil millones de pesos» y que sigue negociando con organismos multilaterales de crédito para conseguir fondos en dólares.
También consideró inviable la elevación de Ingresos Brutos a los bancos que propone la izquierda, ya que generaría un “aumento de las tasas de interés”.
La Comisión de Presupuesto se volverá a reunir el miércoles próximo para dar despacho a la iniciativa que podría entrar en el temario de la sesión ordinaria que se convocará para el día siguiente.
