Algunos de los festejos por la sanción de la ley de la interrupción del embarazo. Ahora un fiscal quiere que no se aplique en Córdoba.
El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a las cautelares que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), medida cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.
«Se trata de una opinión que emite el fiscal general, no es más que una opinión y no afecta en nada la aplicación de la ley», explicó a Télam la abogada Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir.
La opinión de Delgado «es muy cuestionada, porque el fiscal no tiene conocimientos al respecto y es un militante antiderechos, por eso más de 40 organizaciones cuestionamos su designación, pedimos su apartamiento, lo que no fue resuelto y aún así él se expidió, por eso es por demás irregular esta situación», añadió la profesional.
Las cautelares, rechazadas en primera instancia, fueron presentadas a principios de febrero por el exlegislador local del vecinalismo, Aurelio García Elorrio, titular de la asociación civil Portal de Belén.
La decisión fue recurrida y derivada al fiscal general Delgado quien, a pesar de estar con pedido de recusación aún sin resolver, emitió dictamen y al correr vista al TSJ le pide que “haga lugar” al pedido de legitimidad de representación para hacer el planteo y también que se “suspenda” la aplicación de la ley IVE en Córdoba hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aunque el dictamen fiscal no es vinculante.
El Portal de Belén ha litigado históricamente en contra del derecho al aborto y esta nueva cautelar se suma a una treintena de presentaciones judiciales que se hicieron cuestionando la legislación nacional, en distintos lugares del país, que no avanzaron en la justicia.
«El acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba, igual que en todo el territorio nacional, a pesar de los intentos por obstaculizar su acceso mediante judicializaciones abusivas y abiertamente improcedentes», aclaró en un comunicado Católicas junto a Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba.
El Gobierno de Córdoba puso en marcha un programa, cumpliendo con la ley nacional 27.610 de IVE, que garantiza el derecho, brindando cobertura integral y gratuita.
La precandidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Laura Vilches anticipó que va promover un jury contra Delgado por expedirse sobre el tema, al sostener que estaba inhibido de intervenir con la recusaciones pendientes de resolución.
