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El canciller Felipe Solá advirtió hoy que la «complejidad del operativo sanitario» y los «peligros» de contagios de coronavirus obligan a limitar el ingreso al país de sólo 400 argentinos por día y remarcó que las solicitudes para retornar a Argentina aumentan en forma constante por la cantidad de ciudadanos que perdieron su trabajo en otros lugares del mundo.

(FWHay 20.000 afuera y sólo pueden entrar 400 por día(A)FELIPE SOLÁ(A)(FW)

«Me ajusto a lo que pasa en el país: no podemos traer más por día porque es peligroso; las listas se engrosan con argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia, sobre todo aquellos vinculados al turismo y la gastronomía, y otros vuelven porque no confían en el sistema sanitario» del lugar donde están, explicó Solá.

No obstante, subrayó que desde que comenzaron los operativos, el 17 de marzo último, llegaron al país 68.000 personas «por aire».

«Hay 20.000 afuera y sólo pueden entrar 400 por día», dijo Solá, en referencia a «la complejidad del operativo sanitario».

En diálogo con El Destape Radio, el canciller detalló parte de la logística que implica el retorno de argentinos varados en el exterior y lo definió como «un trabajo muy pesado», en el que colabora el área de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Explicó que se recibe por día «sólo a 400» argentinos, quienes antes de iniciar el regreso deben brindar «información previa», como la temperatura corporal al momento de subir al avión y un chequeo médico en Migraciones.

«Después, hay que trasladar a cada uno y el Ministerio de Transporte se encarga de llevar a las personas a donde harán la cuarentena; es un trabajo muy pesado y nos ayuda Cascos Blancos», insistió.

Solá consignó además que «la cuarentena en hoteles empezó a hacerse difícil» porque los empleados deben ser reemplazados por personal de sanidad, en un esquema en el que Cancillería resolvió que, si los viajeros no provienen de zonas «complejas» por la presencia de coronavirus, pueden permanecer en aislamiento en sus casas.

«Cada vez hay un número menor de contagios por llegada del exterior; está en un veintipico por ciento y (en un principio) era de 50 o 60 por ciento», destacó.

Ayer Cancillería informó que «cerca del 90% de los argentinos» que solicitaron volver al país desde el 16 de marzo «ya pudieron hacerlo». «Sabemos que quedan 20 mil compatriotas en 82 países y estamos concentrando todos los esfuerzos para traerlos de vuelta», expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este marco, esta semana llegaron desde Cancún, México, 423 personas, además de otras 290 que arribarán el sábado próximo, con lo que sumará 2500 argentinos que pudieron regresar «desde distintas partes» de ese país.

De igual manera, el lunes pasado dejaron Lima 214 argentinos y ayer otros 166, que completan el número de casi 1800 personas que llegaron al país desde Perú.

El domingo último también fueron trasladados a Argentina desde San Pablo, Brasil, 54 adultos mayores, en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en el Aeropuerto de El Palomar.

De acuerdo con un balance elaborado por Cancillería, ya volvió el 88,7% de los argentinos y residentes que querían regresar y, al 20 de abril restaba el traslado de un 11,3%.

Indicaron, también, que por tierra y vías fluviales entraron 104.655 argentinos o residentes, separados por etapas, entre el 17 y el 31 de marzo ingresaron por tierra y vías fluviales 95.445 personas y del 1° al 17 de abril, 9.210 ciudadanos más.

Para establecer los regresos, la Cancillería trabaja con un universo disímil y variable: una parte abarca a quienes se fueron comunicando desde el exterior, otra, a los familiares en la Argentina y una tercera vía son las listas que los cónsules abrieron en cada país para sistematizar los requerimientos.

Más de 50 proyectos fueron presentados en las últimas semanas en la Legislatura porteña vinculados a la pandemia de coronavirus que van desde las propuestas para mejorar la atención sanitaria en barrios populares y el refuerzo de la asistencia a situaciones de violencia de género, hasta exceptuar de la cuarentena a los paseadores de perros.

Las iniciativas fueron ingresadas al sistema de expedientes luego de la sesión especial del martes 6 de abril en la cual, de manera presencial, los diputados porteños aprobaron la emergencia sanitaria en la Ciudad y un paquete de leyes vinculadas al financiamiento de las políticas públicas frente a la Covid-19.

De acuerdo a un relevamiento efectuado por Télam, fueron más de 50 expedientes los presentados por los distintos bloques, en su mayoría, desde la oposición; en tanto figuran dos elevados desde el Ejecutivo: la ley de emergencia económica y la ratificación del decreto de necesidad y urgencia que extendió la vigencia del aislamiento social.

Entre los proyectos parlamentarios se encuentran el del diputado del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade para la creación de «comités de emergencia sanitaria, social y económica en barrios populares» que toma relevancia luego de la detección de dos casos de coronavirus en el barrio 31 de Retiro.

La diputada Ofelia Fernández, también del FdT, elaboró una iniciativa para promover la «atención prioritaria en personas de situación de calle por Covid-19″; en tanto la legisladora de Somos, Laura Velasco, promovió un proyecto de ley para declarar la «emergencia en materia social por violencia de género».

De acuerdo a datos oficiales de la Ciudad, desde que comenzó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo, aumentaron las denuncias por violencia de género y doméstica.

Ariel Álvarez Palma, del bloque UCR-Evolución hizo lo propio para expresar un «beneplácito» a la tarea de los equipos de salud; mientras que la diputada del oficialismo Gimena Villafruela impulsó un repudio ante «los actos discriminatorios» que recibieron esos trabajadores de parte de vecinos que les pedían, a través de mensajes, que se fueran de sus viviendas para evitar contagios.

La legisladora María Bielli redactó una propuesta para que el Gobierno de la Ciudad brinde asistencia gratuita telefónica y por internet “a inquilinos y hotelados en riesgo de desalojo” ya que, dijo, recibieron «múltiples denuncias de desalojos en el distrito aunque están prohibidos hasta el 30 de septiembre por decreto nacional».

Por último, el diputado del GEN Sergio Abrevaya planteó que sean exceptuados del cumplimiento de la cuarentena los paseadores de perros al considerar que la medida beneficiará «tanto a las 5.000 personas que viven de ese trabajo» como a sus clientes habituales.

«En promedio cada uno de ellos tiene 15 clientes o abonados al servicio, por lo tanto se podría inferir que si 15 personas por cada paseador no salen de sus casas para pasear a sus animales, serían aproximadamente 75.000 las personas que se evita que circulen», aclaró.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el gobierno nacional “no va a homologar” un recorte salarial a empleados de empresas en actividad durante la pandemia del coronavirus y además les pidió a los trabajadores que “se queden tranquilos” porque “el Estado está haciendo todo lo posible para proteger el empleo y el salario”, en el marco de la crisis generada por la emergencia sanitaria.

“No vamos a homologar disminuciones salariales de trabajadores en actividad. Lo que se negocia con los sindicatos y los empresarios es la compensación salarial de empresas suspendidas”, dijo Moroni, a poco más de una semana para que se inicie un nuevo mes y se reactive la polémica por el pago de los sueldos.

Sobre las negociaciones con el sector privado, el ministro de Trabajo aclaró que se trata de “empresas totalmente paradas” porque su actividad no fue exceptuada al implementarse el aislamiento social para mitigar el contagio del Covid-19.

En ese sentido, Moroni admitió que en las actividades productivas más perjudicadas por el parate económico que significa la cuarentena puede que existan “bajas mínimas” en algunos salarios, a pesar de que tengan el aporte complementario del Estado.

“En esta situación de crisis esto es posible, pero no se realizará sin la participación de los sindicatos ni la del Estado, a través de la homologación”, destacó en declaraciones a radio El Destape.

“Uno de los principales esfuerzos que estamos haciendo desde el Gobierno es para mantener el trabajo y por eso implementamos un programa para hacernos cargo de hasta el 50 por ciento del salario de los trabajadores del sector privado, que van a representan casi 2 millones”, sostuvo.

Y continuó: “Les pido a los trabajadores que se queden tranquilos que estamos haciendo todo lo posible para proteger el trabajo y el salario”.

Con respecto a los despidos en los primeros meses del año, el titular de la cartera laboral estimó que “las bajas totales de marzo y abril de este año son muy similares a las del 2019”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo hoy una videoconferencia con intendentes del interior bonaerense del Frente de Todos en la que conversaron sobre la administración de la cuarentena y el envío de fondos a las comunas para afrontar pago de salarios municipales, informaron desde el Poder Ejecutivo.

El mandatario mantuvo el encuentro virtual con jefes comunales de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima secciones electorales y participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Sergio Berni; y la ministra de Gobierno, Teresa García.

Desde la Gobernación se precisó que «se abordaron el seguimiento de las nuevas solicitudes y protocolos para la nueva fase de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, como así también los alcances del decreto de asistencia financiera a los municipios» que se publicó hoy en el Boletín Oficial del distrito.

Por la Segunda sección participaron Ricardo Cassi (Colón) y Carlos Puglielli (San Andrés de Giles); por la Cuarta Walter Torchio (Carlos Casáres) y Pablo Zurro (Pehuajó); por la Quinta Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo) y Jorge Paredi (Mar Chiquita); por la Sexta Marcelo Santillán (Gonzales Chaves) y Alejandro Acerbo (Daireaux); y por la Séptima Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez).

Más tarde, el gobernador mantendrá una teleconferencia con intendentes del interior provincial de Juntos por el Cambio.

El gobierno bonaerense oficializó hoy la creación de un fondo especial para asistir financieramente a los municipios de la provincia de Buenos Aires, a los que en forma inmediata les distribuirá 1.000 millones de pesos para hacer frente a las dificultades económicas que les genera la pandemia del coronoavirus.

Lo hizo a través del Decreto 264 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, mediante el cual se creó el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, que tiene el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales para permitir así el sostenimiento de las prestaciones básicas de los municipios en el marco de la pandemia de Covid-19.

En forma inmediata, se asignarán a los 135 municipios un total de mil millones de pesos distribuidos a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy, en la residencia de Olivos, al grupo de médicos integrantes del comité de crisis de Salud para analizar el avance de la cuarentena «administrada», que vence el domingo y, por la tarde, a referentes de organizaciones sociales, para analizar la situación social en las zonas vulnerables y la ayuda del Estado con alimentos, por la pandemia del coronavirus.

El encuentro con los expertos médicos está previsto para las 12, tras la reunión que los especialistas mantienen desde las 11 con el ministro de Salud, Ginés González García, en la cartera que encabeza el funcionario, dijeron a Télam fuentes gubernamentales.

Según adelantó el ministro, el aislamiento social preventivo y obligatorio -que se inició el 20 de marzo- «va a seguir de distinta manera, con otro tipo de fases» según la evolución en las provincias.

En tanto, en la reunión de la tarde con organizaciones sociales -prevista para las 16.30- participarán de la reunión con Fernández el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois; y los funcionarios y líderes de organizaciones sociales Fernando ‘Chino’ Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, entre otros.

Por su parte, Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, explicó a Télam que, en el encuentro, se analizará «la situación social del país frente a la emergencia de la pandemia» y continuarán evaluando «cómo es la situación en los barrios y ver el trabajo que se viene desarrollando desde las organizaciones sociales en los territorios».

«También vamos a discutir cómo empezar a salir de la crisis e ir poniendo nuevamente en movimiento los proyectos de trabajo, en especial todo lo que hace a la obras públicas; y atender la emergencia alimentaria», explicó.

En tanto, Menéndez -coordinador nacional de Barrios de Pie (Somos) y subsecretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social- dijo a esta agencia que «se requiere un fortalecimiento de la asistencia alimentaria y fortalecer la obra pública en los barrios, para comenzar a dinamizar la economía».

«La idea del encuentro de hoy es construir un diagnóstico conjunto de la situación social del país frente a la pandemia, plantear la preocupación por el aumento de la cantidad de familias que se acercan a los comedores comunitarios y la necesidad de fortalecer la asistencia a nuestro pueblo, porque se ha multiplicado por tres la cantidad de gente que necesita alimentos», sostuvo Menéndez.

También estará presente en el encuentro ‘Chino’ Navarro, del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. 

El Ministerio de Trabajo informó que este jueves vence el plazo de inscripción para acceder al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción, por lo que las empresas, monotributistas y autónomos que aspiren al beneficio deberán cargar los datos solicitados a través de la página de la AFIP.

La cartera laboral advirtió que es «la última instancia» para cargar los datos solicitados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La asistencia se encuadra en el paquete de medidas adoptadas por el gobierno nacional para mantener el empleo y las unidades productivas, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, puntualizó un comunicado.

La iniciativa contempla la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el pago de un salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia.

También prevé créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos y el acceso a una prestación económica para el caso de estar desocupado, explicó Trabajo.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, insistió hoy en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se expida para dar validez a sesiones remotas en el Congreso, y se preguntó quién sería responsable en el caso del eventual fallecimiento de un legislador por concurrir a una sesión presencial.

“Supongamos que la Corte no hace lugar al pedido y por algún motivo se decide que (los legisladores) vengan y se muere un senador por coronavirus. ¿Quién es el culpable?, se preguntó Peñafort al hablar por radio La Red.

La letrada, quien representa en esta presentación judicial a la titular de la Cámara Alta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “hay una responsabilidad por las vidas, y si no se considera constitucional que se sesione virtualmente, la primera consecuencia es que pone en riesgo a la gente”.

Mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema y ante una eventual negativa, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, evalúa avanzar en una propuesta para modificar el reglamento de manera virtual pero no desestima de plano una sesión en forma presencial.

En sus declaraciones de hoy, Peñafort aclaró, al hacer un encuadre jurídico de la presentación que efectuaron ante el máximo tribunal, que no se trata de un autorización, sino de zanjar una “incertidumbre jurídica” y agregó: “El planteo es: tenemos que sesionar y la pregunta es si es constitucional que lo hagamos virtualmente”.

La abogada consideró que la Corte Suprema “tiene que responder” ya que se trata de “una situación excepcional, en la cual necesitamos que las normas que se dicten durante la emergencia tengan plena validez”.

Peñafort precisó que en el caso de Diputados, el reglamento para pode sesionar fuera del recinto habla de razones de fuerza mayor, mientras que en el caso del Senado los motivos tienen que ver con una situación de «gravedad institucional».

“En el caso de Diputados, la fuerza mayor se puede demostrar, porque un legislador puede acreditar que no puede viajar; pero la gravedad institucional, el requisito que pone el Senado, es un concepto jurídico, y por eso pedimos que lo resuelva la Corte”, finalizó.

Esta semana, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que “no es competencia originaria” de la Corte tratar “la validez legal” de sesiones del Senado por videoconferencia.

Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para las próximas horas.

La Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados se constituirá hoy y definirá el esquema de trabajo para abordar la propuesta de reforma del reglamento del cuerpo para poder realizar sesiones virtuales, mientras se prolongue el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus.

Durante la reunión, que se realizará a las 14 a través de videoconferencia, será designada como presidenta la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar, informaron fuentes parlamentarias del oficialismo.

Unos de los temas centrales que tendrá que abordar es la propuesta de resolución impulsada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que plantea una reforma del reglamento para permitir la realización de sesiones virtuales ante las dificultades de poder efectuar reuniones del pleno del cuerpo.

Massa envió a los jefes de bloques el borrador de proyecto que modifica el reglamento interno para poder sesionar de manera virtual, que obtuvo hoy el respaldo de diputados del interbloque Federal pero fue objetado desde Juntos por el Cambio.

Desde esa coalición opositora se afirmó que «para dar curso a estos cambios resulta imprescindible la reunión tanto de la Comisión de Modernización como también de la de Peticiones, Poderes y Reglamento para poder tratar las múltiples iniciativas que han presentado los legisladores junto con la elaborada por propia Presidencia».

El Gobierno nacional modificó hoy el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia decretada por la pandemia por coronavirus, para promover la «participación de la mayor cantidad posible de oferentes», y dejarles en claro que el Estado «no abonará montos superiores a los precios máximos» establecidos.

Así se estableció a través de la disposición número 55 que firma la titular de la Oficina de Contrataciones, María Eugenia Bereciartua, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la norma, se indica que los cambios contribuyen a «afianzar el principio general de promoción de la concurrencia, el cual postula la participación de la mayor cantidad posible de oferentes, de modo tal que la autoridad competente para decidir cuente con la mayor cantidad posible de alternativas de elección, para escoger con más posibilidad de acierto la que mejor satisfaga el interés público comprometido».

Asimismo, se destaca la necesidad de «regular con mayor especificidad los pasos a seguir en aquellos casos en que los organismos opten por utilizar el mentado sistema electrónico de contrataciones para convocar a interesados en participar de procedimientos de contratación de bienes y servicios en la Emergencia».

Entre las modificaciones incorporadas se establece que «la convocatoria podrá realizarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, en adelante denominado “Compr.ar”, y en ese caso con la difusión de la convocatoria, se enviarán automáticamente correos electrónicos a todos los proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores según su rubro, clase u objeto de la contratación».

«Con esto se dará por cumplido el requisito de publicidad de la convocatoria referente al envío de invitaciones. El procedimiento por el referido sistema se realizará hasta el cuadro comparativo, las restantes etapas se realizarán conforme a lo establecido en la presente», se explica en la norma.

Para ello, se establece que, «cuando la compulsa se sustancie a través del Sistema Electrónico de Contrataciones denominado “Compr.ar”, deberá tramitar como ‘contratación directa por emergencia'» y se establece que «los mismos se numerarán en forma automática por el sistema electrónico referenciado, debiendo consignarse como objeto de la misma: ‘Compulsa-Covid-19 Nº XXX objeto’”.

En tanto, se aclara que «cuando no se utilice el Compr.ar, los procedimientos se numerarán en forma correlativa y dentro de cada Unidad Operativa de Contrataciones, comenzando por el número UNO (1) y deberán denominarse Contratación por emergencia Covid-19 Nº XXX/AÑO.”

Además la norma establece que «se deberá invitar como mínimo a tres proveedores, entre aquellos que se encuentren en estado ‘inscripto’ en el Sistema de Información de Proveedores (Sipro) asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (Compr.ar)».

«Las invitaciones deberán enviarse al domicilio electrónico especial declarado en el Sipro asociado al Compr.ar», explica el artículo 2 de la disposición.

Asimismo, establece que las invitaciones a los oferentes deberán contener cierto tipo de información; entre ella se debe indicar que «no se abonarán montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo N° 100/20 o aquellos que se dispongan en el futuro».

La decisión de que el Estado no podrá pagar montos superiores a los precios máximos en las compras que realice en el marco de la emergencia se adoptó luego de que se detectaran sobreprecios en la compra de algúnos ítems de alimentos para comedores, lo que derivó en la renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

La nueva embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, llegará mañana a Roma para tomar posesión de la sede diplomática e iniciar su misión como la primera mujer representante ante el Vaticano en la historia de la diplomacia argentina.

Silva, oficializada como embajadora con el decreto 246/2020 del pasado 6 de marzo, llegará este viernes a Roma, según confirmaron fuentes diplomáticas a Télam.

La embajadora fue autorizada por el canciller Felipe Solá a viajar hoy en un vuelo de Alitalia que llegó al país a repatriar italianos, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, indicaron las fuentes.

Silva es licenciada en Ciencias Políticas con Especialización en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica Argentina, e integra el Servicio Permanente Activo de Cancillería desde el 1 de enero de 1993.

En medio de la pandemia, aún no está confirmado cuándo podrá presentar sus cartas credenciales al papa Francisco, en medio de la suspensión parcial de actividades dispuestas por el Vaticano hasta el 3 de mayo.

Nacida en 1965, Silva ya estuvo destinada en la embajada de Via della Conciliazione 22 como «número dos» durante 2014-2015, y tiene una larga experiencia en las sedes en Venezuela, Chile y Ecuador.

Silva, que es la primera afrodescendiente en llegar a embajadora, obtuvo la nulidad canónica de la Iglesia Católica porque su ex esposo decidió ordenarse como sacerdote. El entonces obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue quien acompañó ese proceso.

Silva se desempeñó en la Oficina del Arbitraje Internacional Argentina/Chile Laguna del Desierto, en la Dirección de América del Sur y representó al país ante la Comisión Económica para América Latina (Cepal).