Ahora

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que evaluará el impacto sanitario que tuvo la reactivación de once actividades desde la semana pasada para evaluar, en función de ese análisis, sumar otras excepciones «desde la semana próxima» al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

«La idea es chequear cuál es el impacto sanitario, esa es la prioridad, y entonces, si es positivo, permitirle a más gente que recupere su actividad económica», explicó el jefe comunal en declaraciones formuladas esta mañana a la radio LT8.

Allí, insistió en pedirle a los rosarinos que sigan «haciendo el esfuerzo de quedarse en sus casas», tal como se establece en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto a nivel nacional para mitigar la propagación de la pandemia en el país.

También, confirmó que en la ciudad de Rosario no se implementarán por el momento las salidas recreativas de una hora por día y por un radio no mayor a los 500 metros del domicilio habilitadas por el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la prórroga de la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo próximo.

En tanto, sobre la posible ampliación de las actividades exceptuadas de la cuarentena, Javkin precisó que se podrían habilitar la construcción privada a pequeña escala, profesiones liberales, pequeños comercios y fábricas, peluquerías y fletes para mudanzas, entre otras.

No obstante, puso el acento en la necesidad de evaluar primero el impacto que tuvo a nivel sanitario la flexibilización que rige desde hace una semana en ciertos rubros.

En este marco, precisó que uno de los aspectos que midieron fue el tránsito en 25 puntos de la ciudad: «Eso nos indica cuánto se mueve y en qué horarios», sostuvo.

En este sentido, señaló que, «actualmente el máximo del tránsito es de 40 por ciento respecto a un día normal», y sostuvo que el presidente Alberto Fernández afirmó que «había que llegar al 50% para luego ir al 75».

En otro orden, el intendente de la ciudad de Rosario reveló que mantiene reuniones con la Asociación Bancaria y el gobierno provincial, para analizar «un adelantamiento del horario bancario», que en Rosario comienza a las 10.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, convocó para mañana martes a las 17 a los jefes de los bloques mayoritarios de esa cámara para definir «cómo se van a desarrollar las sesiones virtuales», con la mira puesta en el 6 de mayo como fecha tentativa.

Así lo informaron a Télam fuentes del entorno de la vicepresidenta, que confirmaron que los convocados fueron el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, y su par de Juntos por el Cambios, Luis Naidenoff, ambos formoseños.

La intención del encuentro, según indicaron los informantes, es hablar sobre «cómo se van a desarrollar las sesiones virtuales», y señalaron que la fecha tentativa para realizar el primer plenario del cuerpo de manera remota es el 6 de mayo.

De esta forma, el oficialismo buscará avanzar en la definición de lo que será el debate virtual del pleno del cuerpo luego de que el viernes último la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera su aval a la modalidad virtual de funcionamiento del Congreso en el marco de la pandemia.

En principio, en la primera sesión del Senado bajo ese formato se tratarían los despachos de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, responsable de revisar los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.

Según las fuentes, existe la posibilidad de que haya otro tipo de temas en carpeta, pero en principio no se llegaría -desde el punto de vista reglamentario- a tener despacho de otras comisiones para esa fecha

Esta mañana, también la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se había referido a la reunión.

«Mañana a las 5 de la tarde se reúnen (con Cristina Kirchner) a los fines de implementar cómo va a ser el mecanismo para la sesión virtual», sostuvo la letrada en diálogo con El Destape Radio, en referencia a Mayans y Naidenoff, y recordó que ambas bancadas agrupan «a 65 senadores de los 72» que componen el cuerpo.

El proyecto de Emergencia Económica elaborado por el Ejecutivo porteño comenzó a ser tratado hoy en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura con una reunión informativa de la que participó el ministro Martín Mura, quién tuvo que comprometer diversos cambios en el articulado por los reiterados señalamientos de diputados aliados y opositores al gobierno.

Los argumentos de Mura

Mura, en su rol de titular de la cartera de Economía y Finanzas, definió la iniciativa como una de las herramientas para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en «80.000 millones de pesos» para el año 2020.

En ese sentido, puntualizó que el 50 por ciento de dicha retracción se producirá en «el segundo trimestre» del año.

El funcionario explicó que -por el parate económico generado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio- se ha registrado «una caída de la recaudación muy grande, en una parte de marzo, muy fuerte en abril y que se proyecta para adelante».

«En abril, donde ya empezamos a tener datos, vamos a tener una variación interanual del 6% en términos nominales, lo que te deja 40 puntos por debajo de la inflación», añadió.

También detalló el “alto impacto de la morosidad” registrada en el corto plazo: “En marzo fue del 41% en ABL y 54% en patentes”, duplicando los registros habituales.

Por ello, Mura dijo que la Ley de Emergencia, que de ser aprobada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, es un «instrumento necesario para transitar esta pandemia y emergencia a la vez».

Los cuestionamientos

Ese fue uno de los puntos que objetó el diputado Juan Nosiglia (UCR-Evolución) quien se preguntó si no era conveniente establecer un plazo más corto, de tres meses, para la delegación de algunas facultades.

Entre otros puntos, se dotaría al Ejecutivo con «mayores facilidades» para reasignar partidas a las áreas críticas, se eliminarían afectaciones específicas y se consolidaría una cuenta unificada del tesoro para tener mayor disponibilidad de divisas.

También se revisarían «programas no esenciales» y se establecerían «incentivos tributarios» que permitan «adelantar recaudación».

Al respecto, Javier Andrade (Frente de Todos) recriminó la falta de segmentación de los beneficios en favor de los vecinos más castigados y de las PyMEs ya que, según consideró, con la estructura propuesta por el Gobierno sólo ganarán los grandes contribuyentes.

Por otra parte, el proyecto dicta que revisar todos los contratos de servicios no esenciales: «Lo peor que podemos hacer es mantener el que no se pueda pagar», aseveró el ministro.

Las modificaciones

Mura afirmó además que se corregiría la redacción de algunos artículos de la iniciativa, entre ellos, el que suponía innecesario comunicar a la Legislatura las modificaciones presupuestarias y, especialmente, el que refiere al “escalonamiento” y “diferimiento de sueldos”.

La cuestión salarial fue señalada por diputados cercanos al oficialismo, como el socialista Roy Cortina, y opositores como Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.

Al respecto Mura dijo que “en ningún lugar se habla de rebaja salarial” y subrayó que se cumplirán los acuerdos paritarios firmados.

No obstante, aseguró que se va a hacer “lo imposible” para evitarlo, admitió que se podría necesitar -si se extiende la crisis- de escalonar salarios.

El ministro también informó que el gobierno porteño ya colocó deuda por «más de 8 mil millones de pesos» y que sigue negociando con organismos multilaterales de crédito para conseguir fondos en dólares.

También consideró inviable la elevación de Ingresos Brutos a los bancos que propone la izquierda, ya que generaría un “aumento de las tasas de interés”.

La Comisión de Presupuesto se volverá a reunir el miércoles próximo para dar despacho a la iniciativa que podría entrar en el temario de la sesión ordinaria que se convocará para el día siguiente.

La UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, llegaron este lunes a un acuerdo que obliga a las empresas a pagar el 75 por ciento del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron forzadas a paralizar sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia, dijeron a Télam fuentes gremiales.

«Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas», señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

Los representantes de los diversos sectores convinieron que el monto a abonar a los trabajadores como «prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento» del haber neto.

Solo en esas condiciones o cuando se establezca un porcentaje mayor el gobierno homologará de forma automática esos acuerdos, en tanto la patronal podrá disponer «la aplicación de las suspensiones de forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial según sus respectivas realidades productivas», añadieron los infomantes.

No podrán ser incluidos en esa modalidad los trabajadores que hayan convenido con su empleador las condiciones de prestación de servicios desde el lugar de aislamiento y aquellos excluidos del deber de asistencia al lugar de labor por tratarse de personas con riesgo de salud (mayores o con patologías preexistentes).

Además, para el caso de que fuese aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el decreto 376/20 «el monto de la asignación complementaria que abone la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será considerado parte de la prestación dineraria antes ordenada, de manera que el importe a cargo del patrón lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido», que no podrá ser inferior al haber mínimo, vital y móvil.

El acuerdo no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses, se indicó, en referencia a los gremios que ya han pactado las modalidades de trabajo en la emergencia.

El encuentro tripartito, según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus, y se rubricó para «despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios», indicó el documento

Funcionarios, sindicalistas y empresarios analizaron una variada agenda de temas, como la situación derivada de la irrupción del virus en un contexto de «economía recesiva desde hace años y la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su impacto en una mayor retracción de la actividad», puntualizó.

Se analizaron «los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas».

«Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario», puntualizaron las partes intervinientes.

De Pedro, Meoni y Frederic dialogaron con gobernadores para ajustar protocolo sanitario en rutas

El ministro del Interior, Wado de Pedro; su par de Transporte, Mario Meoni; y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, realizaron hoy una videoconferencia con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Santa Fe, Omar Perotti, con el objetivo de ajustar y coordinar los protocolos sanitarios del transporte internacional de cargas en las rutas nacionales, en territorio argentino, ante la emergencia por el coronavirus.

En ese sentido, De Pedro explicó que «en la última reunión del Presidente con los gobernadores surgió la inquietud sobre el transporte comercial con Brasil y por eso mantuvimos la videoconferencia», por lo que «hoy comenzamos con las áreas de Salud, Transporte y Seguridad a mejorar los protocolos para establecer corredores seguros, para seguir garantizando el transporte y también la salud de las y los argentinos».

En tanto, Meoni destacó que el objetivo es «resguardar a los trabajadores que vinculan Argentina, Brasil y Paraguay y, por supuesto, garantizar la salud de sus familias y sus comunidades».

«A partir del trabajo en conjunto entre los organismos nacionales y los gobernadores buscamos establecer este protocolo para permitir el tránsito de manera constante de camiones y el abastecimiento de las familias y las industrias», indicó.

Por su parte, Medina señaló que este protocolo garantiza «un corredor seguro desde que entran los camiones desde el exterior y que el transportista no tome contacto con ciudadanos argentinos».

«Estas normas son para cuidar a todos los argentinos y que el transportista, en caso de presentar síntomas (compatibles con Covid-19), pueda tener asegurada una derivación. Es importante que las empresas sean responsables y que, por ejemplo, no haya mayores de 60 años o inmunodeprimidos conduciendo los vehículos», puntualizó

El protocolo incluye zonas especiales para que los transportistas puedan concurrir al baño y proveerse de alimentos y, además, al momento de realizar la carga y descarga lo hagan sin bajarse del camión.

Además, se recomendará que la documentación se realice a través de soportes electrónicos para evitar la utilización de papel.

Por otra parte, las empresas transportistas deberán garantizar la provisión de elementos de limpieza y desinfección del camión como así también de barbijos, tapabocas y guantes.

Al término del encuentro, De Pedro mantuvo otra reunión de trabajo en el Salón Sur con el foro de intendentes radicales, acompañado por el secretario de Municipios, Avelino Zurro.

Participaron los intendentes Miguel Fernández (Trenque Launquen), Maximilaino Suescun (Rauch), Daniel Capeletti (Brandsen), Alejandro Federico (Suipacha) y Claudio Rosi (Rojas).

El cuerpo médico de la Cámara de Diputados presentó hoy un informe a los presidentes de bloques e interbloques del cuerpo por el cual «desaconseja» llevar a cabo una sesión presencial en el recinto del Congreso, «dadas las dimensiones del mismo» y ante el consecuente incumplimiento de las medidas de prevención requeridas, ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

En el marco de la reunión de Labor Parlamentaria, que comenzó esa tarde, el oficialista Frente de Todos apeló a ese informe para desestimar la posibilidad de una sesión presencial e insistir con la modalidad virtual, alternativa que es rechazada por Juntos por el Cambio.

En el informe de diez carillas, que detalla la situación del ámbito Legislativo y aconseja las medidas a seguir para quienes concurren diariamente al Congreso, el cuerpo médico de la Cámara da su punto de vista sobre una posible sesión presencial.

«En cuanto a la necesidad de atender la continuidad del trabajo parlamentario, se renueva la recomendación y se insiste en hacer uso de la modalidad remota, tanto para la discusión como para el tratamiento de cada uno de los proyectos presentados», dice el informe firmado por el director del cuerpo médico de la Cámara, Marcelo Halac.

En el párrafo siguiente, se agrega que «se desaconseja la realización de reuniones plenarias presenciales del cuerpo legislativo», y especifica que «si fuera definida la realización de una reunión presencial, se debieran definir pautas de trabajo que permitan conservar el distanciamiento social de 2 metros».

Transcurridas más de dos horas de reunión, los representantes de Juntos por el Cambio se negaban a aceptar una sesión virtual, sin una modificación del reglamento previa que se hiciera de modo presencial.

Para modificar el reglamento propusieron, por ejemplo, una sesión presencial en un ámbito más grande que el recinto de la Cámara baja o una sesión con un número mínimo de legisladores (130) representantes de todos los bloques, a partir de un acuerdo político previo.

En tanto, el oficialismo mantenía su postura de modificar el reglamento a partir de un dictamen de la comisión especial de Modernización, y habilitar, de esa manera, el mecanismo de las sesiones virtuales.

La extensión de la reunión obedece a que, además del informe médico, también se expusieron otros sobre las herramientas de funcionamiento remoto de la Cámara impulsadas desde la Secretaría General, desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha y una lectura de puntos sintéticos de los convenios celebrados con RENAPER y ARSAT.

El secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, informó sobre las medidas sanitarias y de funcionamiento general de la Cámara y sobre la asignación de fondos de subsidios a instituciones sanitarias

Por su parte, la diputada Daniela Vilar (Frente de Todos) realizó un informe sobre el desarrollo de la Comisión Especial de Modernización, que preside, y su par Marcos Cleri, sobre la bicameral deTrámite Legislativo – DNU –

Por último se empezó a debatir sobre la modalidad, mecanismo, medidas sanitarias y aplicación de tecnología propuestos para el desarrollo de la Sesión

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró hoy que el gobierno realizó el «despliegue operativo más importante de fuerzas armadas en democracia» en las acciones que realiza para contener el avance del coronavirus y afirmó que algo más de 22 mil efectivos colaboran en todo el territorio nacional.

“Estamos ante el despliegue operativo más importante de las fuerzas armadas en democracia. O, para ser más exactos, desde la guerra de Malvinas. Y este despliegue lo hicimos con las normas jurídicas preexistentes”, afirmó Rossi durante una audiencia por videoconferencia que compartió con los miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara alta

Rossi resaltó que “el personal militar es recibido con aplausos y mucha empatía por todos los vecinos» en los barrios donde desarrolla tareas, en el marco de los operativos organizados para asistir a la población en la emergencia por la irrupción de la Covid-19.

“En todos lados donde pudimos ayudar a dar respuestas a lo que nos han pedido, lo hemos llevado adelante. Y estamos tratando de mejorar cada día”, indicó el titular de la cartera castrense.

Durante la audiencia, Rossi defendió la ampliación del Fondo de la Defensa por considerar necesario “una línea de financiamiento y equipamiento de las fuerzas armadas”.

“Nunca miro el equipamiento de las fuerzas armadas sin mirar el desarrollo de la industria de la defensa. En todos los países del mundo tiene un rol estratégico y una fuerte tracción en el desarrollo científico y tecnológico: es un desarrollo virtuoso que debe tener la Argentina”, evaluó.

Durante algo más de dos horas de videoconferencia en las que respondió preguntas de senadores, Rossi describió que se organizaron catorce comandos de emergencia que cubren todo el país, aunque la mayor cantidad de efectivos está concentrada en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Allí dijo que se realizaron casi 500 misiones y fueron utilizados helicópteros militares para hacer patrullaje “durante la etapa más dura de la cuarentena”.

El ministro comentó que “la directiva de cada comandante es articular con las autoridades civiles locales las demandas y ver qué capacidad tenemos para resolverlas”.

Al respecto, explicó que “hasta el día de hoy se realizaron 2008 tareas en todo el país”, que implicó la movilización de 22.089 efectivos para “tareas de ayuda humanitaria”, con el foco puesto en la “elaboración de alimentos o su distribución”.

Otra tarea apuntó a reforzar los establecimientos hospitalarios con el aporte de camas, tiendas de campaña, operativos de vacunación y toma de temperatura en determinadas provincias.

El ministro informó que existen 17 hospitales militares en funcionamiento, en los que se aumentó el espacio y se recuperaron camas, además de haberse instalado dos hospitales reubicables, uno frente al Hospital Militar de Campo de Mayo y otro al lado del Hospital Militar de la Fuerza Aérea, en el barrio porteño de Pompeya.

Además, mencionó que se está montando un centro de aislamiento en el apostadero naval que empezará a funcionar “a principios de mayo”, donde habrá un equipo para analizar muestras de casos sospechosos de coronavirus.

Rossi también destacó que el cuerpo de sanidad de las fuerzas armadas cuenta con 1354 médicos y 2274 enfermeros militares; y con 124 camas de terapia intensiva, 372 intermedias y 364 generales.

El funcionario se refirió además a los vuelos realizados para el regreso de algo más de mil argentinos en aviones militares y a otros de cabotaje para el transporte de “reactivos y material médico”.

“El Presidente me pidió que pusiéramos todo lo que tenemos en las fuerzas armadas para combatir esta pandemia. Y eso es lo que hicimos”, finalizó el ministro de Defensa.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata impuso este lunes sentencias de cadena perpetua a 28 genocidas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, en una audiencia sin público a causa de las medidas de restricción vigentes en medio de la pandemia de coronavirus.

Los delitos puestos en debate a lo largo de este juicio, que comenzó hace dos años, fueron perpetrados en la llamada «Suzona 15», una área de operaciones de las fuerzas de la represión con eje en la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores.

Se trata de la primera sentencia dictada en un juicio por delitos de lesa humanidad desde el comienzo de aislamiento obligatorio que entró en vigencia el pasado 20 de marzo, lo cual privó a los familiares de las víctimas de la ocasión de asistir a la audiencia final.

A dos años de haberse iniciado el juicio oral y publico y debido a las restricciones impuestas por la cuarentena por coronavirus, el Tribunal integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava -en reemplazo de Alfredo Ruiz Paz que se jubiló- realizó a través de medios electrónicos la audiencia en la que se conoció la sentencia, que recayó sobre 40 imputados por 272 delitos.

El tribunal, prácticamente en sintonía con lo que había solicitado en febrero pasado el Ministerio Publico y la querella, condenó a 35 ex integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Prefectura y la Policía.

De las 272 víctimas de este caso, 133 se encuentran aun en calidad de desaparecidas, 28 fueron encontradas asesinadas y 111 lograron ser liberadas tras haber sido detenidas ilegalmente. En este juicio, los casos de 97 de ellas llegaron por primera vez a un debate oral.

En los alegatos, la fiscalía, representada por Juan Pablo Curi, Eugenia Montero y Julio Darmandrail, hizo 31 pedidos de pena a prisión perpetua y otras 9 condenas de entre 6 y 25 años.

Los abogados querellantes Gloria León -en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y Manuel Marañón -por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia- coincidieron en la exposición de la fiscalía.

En el comienzo de la audiencia de este lunes, el Tribunal escuchó solamente a dos de los 40 acusados que pidieron la palabra.

El primero fue Gonzalo Gomez Centurión (sentenciado a 12 años de prisión), quien lo hizo por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura, situada en la Ciudad de Buenos Aires, y luego lo siguió Martín Garro (condenado a 10 años de cárcel).

Tras un cuarto intermedio, el tribunal dio lectura de la sentencia: 28 de los imputados recibieron la pena de prisión perpetua, otros siete fueron condenados a entre 7 y 25 años de prisión y cinco resultaron absueltos.

La lectura de la sentencia se produjo sin la presencia de público en el marco de las medidas sanitarias vigentes para prevenir la propagación del Covid-19, y sólo participaron además de los jueces y el secretario dos representantes de la fiscalía, uno de las querellas y algunos defensores.

Los condenados a cadena perpetua fueron Virton Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Julio Cesar Fulgencio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Raúl Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Carlos María Robbio y Justo Alberto Ignacio Ortíz.

También, Eduardo Carlos Frías, Alfonso Eduardo Nicolás, Roberto Mario Blanco Azcarate, Luis Héctor Bonanni, Raúl César Pagano, Osvaldo Gaspar Siepe, Néstor Ramón Eduardo Vignolles, Héctor Eduardo Vega, Fortunato Valentín Rezzet, Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pabón, Alcides José Cerutti, Oscar Ramón Gronda, Alfredo Raúl Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Enrique Pizarro.

En tanto que Juan Eduardo Mosqueda fue sentenciado a 25 años de prisión; Ariel Macedonio Silva a 22 años; Gonzalo Gómez Centurión a 12 años, Cesar Enrique Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola 10 años; Carlos Arturo Mansilla y Juan Carlos Aiello a 7 años de prisión.

Por ultimo, fueron absueltos Eduardo Carlos Isasmendi Sola; Juan Roberto Contreras; Silverio Abel Cortez; Juan Tomás Carrasco y Juan Alberto Rincón.

El gabinete económico se reunió hoy en la Casa Rosada para analizar las medidas de apoyo a las familias y empresas en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lanzado una semana atrás, ante la crisis económica generada por el aislamiento obligatorio por el coronavirus, informaron a Télam fuentes oficiales.

El programa estatal da asistencia económica incluye el pago del 50% del salario de trabajadores de empresas privadas y créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos, entre otras medidas del ATP, relanzado el lunes pasado para afrontar la crisis económica provocada a raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El encuentro fue coordinado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien además esta mañana estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos, donde el mandatario desarrolla su agenda oficial en permanente contacto con sus colaboradores.

Participaron el gabinete económico integrado por los ministros de Economía, de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni, y Matías Kulfas, respectivamente; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.