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Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 7 y cuyos haberes no superen los $ 23.120 podrán cobrar este miércoles el beneficio correspondiente a marzo en las sucursales bancarias por ventanilla.

También cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y la Universal por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 7, con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Del mismo modo lo harán las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo con terminación en 5.

En el caso de jubilados y pensionados, la Anses recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

El organismo puntualizó que los haberes de jubilados y pensionados que no concurran el día indicado permanecerán depositados en sus cuentas.

El Gobierno nacional autorizó a los adolescentes de entre 13 y 17 años a realizar reclamos ante Defensa del Consumidor, de la misma forma en que lo hacen los mayores de edad.

Así lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior en su Resolución 236/2021, publicada en el Boletín Oficial en el Día Mundial de los Derechos al Consumidor instaurado en 1983 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Serán considerados consumidores hipervulnerables dado que, en razón de su edad, pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad respecto del resto de los consumidores y consumidoras, resultando más dificultosa la realización del reclamo», explicó hoy la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

En un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, la funcionaria afirmó que la frecuencia con la que los adolescentes participan de las relaciones de consumo «se ha incrementado considerablemente en los últimos años conforme ha avanzado la sociedad de consumo en la que viven».

Frente al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), «las y los adolescentes se ven inmersos en relaciones de consumo en el entorno digital, que acrecientan su vulnerabilidad», amplió.

Por ello, consideró, «se vuelve imperioso que el Estado habilite canales de denuncia o reclamos para las y los adolescentes frente a posibles vulneraciones en el ejercicio de sus derechos como usuarios y consumidores».

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, confirmo la nueva medida.

En los reclamos realizados por adolescentes, «bastará con su manifestación de la voluntad tanto para el comienzo, como para la continuación o el cierre del procedimiento conciliatorio», aclara la norma, que agrega que el acta de conciliación deberá redactarse «en lenguaje claro y con una redacción simple».

«Las niñas, niños y adolescentes podrán, participar de las audiencias que se celebren por reclamos que involucren sus derechos y que sean presentados por sus representantes legales», amplia.

«Las niñas, niños y adolescentes podrán, participar de las audiencias que se celebren por reclamos que involucren sus derechos y que sean presentados por sus representantes legales»”

Paula Español, Secretaria de Comercio

Para realizar el reclamo deberán dirigirse a la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor (VUF), el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) y el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo.

La Resolución invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Provincias para que adhieran a la presente medida y, dentro de sus respectivas competencias, adopten los mecanismos pertinentes para garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las niñas, niños y adolescentes como usuarios y consumidores.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente del Ministerio de Transporte y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), firmaron un convenio que permitirá el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria, para lograr redundancia en las comunicaciones y de este modo elevar los niveles de seguridad operacional aérea.

El acuerdo forma parte del Plan de Modernización del Transporte y comprende la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mejorar las comunicaciones y la seguridad.

La red de comunicaciones nacional e internacional de EANA (ATN) está en proceso de migración a tecnología IP de última generación, lo que requiere la migración completa del equipamiento VHF (Very High Frequency /Muy alta frecuencia), enlaces de datos y voice switching.

En este contexto, Arsat apoyará a EANA en esta transformación con su servicio de conectividad satelital (VSAT), que permitirán disponer de backup en todos los enlaces terrestres que conforman la red aeronáutica (ATN) y que conectan a las estaciones remotas de VHF, radares y aeropuertos de todo el país.

Al respecto, el ministro de Transporte, Mario Meoni, manifestó que «se ha firmado un convenio entre EANA y Arsat, para que haya una red con redundancia satelital para evitar cortes en cualquier tipo de transmisión. Resulta efectivamente satisfactorio para nosotros y se inscribe dentro de los que nos pide el Presidente Fernández, un Estado con una mirada integral, que trabaje articuladamente con el sector privado».

Meoni agregó que «es muy importante para nosotros poder participar de la firma de este convenio, que es estratégico en tanto y en cuanto brindará un mejor servicio para los ciudadanos y ciudadanas, con más seguridad en las rutas aéreas, y que en definitiva sirve para seguir modernizando el sistema de transporte y poner a Argentina de pie».

Mientras que la directora de EANA, Gabriela Logatto, señaló que «Arsat es un socio estratégico para EANA, y este convenio específico significa robustecer nuestra red de comunicaciones, tener una alternativa al tendido de red de comunicaciones que hoy tenemos vía terrestre, y tener la alternativa a nivel satelital para que no haya disrupciones en el sistema».

Durante la firma además estuvieron presentes el subgerente general de Arsat, Facundo Leal, y Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Este sistema permitirá disponer de redundancia satelital en cada sitio, elevando la disponibilidad de un servicio esencial ante contingencias en los enlaces terrestres, a través del HUB de Arsat ubicado en la localidad de Benavidez y permitiendo además alcanzar el destino con doble salto ante contingencias de un enlace principal.

Asimismo, la red ATN comunica a las estaciones VHF aeronáuticas de todo el país brindando comunicación ininterrumpida a todos los vuelos, enlazando a 54 aeródromos y aeropuertos, cinco centros de control de área y 24 sitios radar.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados fue citado para el jueves a las 15.30 para emitir dictamen sobre el proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias, que el oficialismo aspira a votar en una sesión especial que se realizará la próxima semana.

Previo a la discusión de ganancias, se realizará a las 15 una reunión de la Comisión de Presupuesto para analizar las modificaciones del Monotributo, ámbito en el que se buscará aliviar la situación fiscal de aquellos que deben pasarse al sistema de autónomos, informaron fuentes del oficialismo,.

La citación al plenario fue resuelta por los titulares de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos); y de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), tras la firma del Protocolo de Funcionamiento del cuerpo legislativo.

El Protocolo establece que las sesiones y las comisiones serán presenciales, pero permite la participación remota de los diputados que forman parte de los grupos de riesgo o no pueden concurrir debido a las restricciones establecidas debido a la pandemia.

De todas maneras, las comisiones podrán funcionar en forma remota si así lo acuerdan los presidentes y vicepresidentes de cada organismo asesor.

La reforma en Ganancias

El proyecto de reforma del impuesto a Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

El proyecto contempla también que los salarios superiores a 173 mil pesos brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizo el Mínimo No imponible en un 35%.

El costo fiscal de la modificación de uno de los tributos que más recursos aporta a las arcas del Estado es de 41.250 millones de pesos, según señaló el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

La ley que se buscará aprobar se aplicará de manera retroactiva desde enero pasado, con lo cual se devolverá el dinero descontando por este concepto a los largo del primer trimestre del año a los trabajadores beneficiados con la corrección, lo que podría volcar unos 10 mil millones de pesos al consumo interno, según estimaron en el equipo de asesores de Massa.

La iniciativa presentada inicialmente sufrirá diversas modificaciones, ya que se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida y se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio aunque tengan ingresos extras hasta 164 mil pesos anuales.

En tanto, los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrá una escala de deducciones que será definida por la AFIP para evitar saltos entre aquellos que tributan y los que quedarán eximidos.

El Banco Nación (BNA) y el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzaron una línea de créditos por $2.500 millones para impulsar el desarrollo de los parques industriales, a través del financiamiento de inversión en infraestructura, tecnología, bienes de capital o nuevas instalaciones, entre otros destinos.

La línea alcanza a empresas instaladas o por instalarse en parque industriales públicos, privados o mixtos y los créditos tendrán una tasa de interés nominal anual (TNA) máxima del 18%, un período de gracia de 6 meses y un plazo máximo de repago de 5 años.

“Estamos trabajando para que los parques industriales del país cuenten con todo el apoyo técnico y financiero que necesiten y así promover el desarrollo territorial y la generación de empleo local», aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en línea con el objetivo de «una federalización de la producción».

«Necesitamos que los parques sigan creciendo y que las empresas que están en ellos se tecnifiquen. Por eso estamos ofreciendo estas líneas de financiamiento a tasas accesibles, que fomentan proyectos con políticas de género, sustentables y que incorporen innovación de manera intensiva”, agregó.

«Necesitamos que los parques sigan creciendo y que las empresas que están en ellos se tecnifiquen»”

Matías Kulfas, ministro de Producción y Desarrollo

Por su parte, el presidente del BNA, Eduardo Hecker, consideró al plan como «un instrumento vital para garantizar el acceso al crédito de miles de empresas argentinas, a tasas accesibles y con el objetivo puesto en la inversión productiva”, de modo de «seguir apostando al país, a la reactivación de la economía, la producción industrial y al trabajo”.

Las empresas y parques industriales mixtos inscriptos en Registro Nacional de Parque Industriales (RENPI) podrán acceder a esta línea, destinada a financiar la ampliación de estos espacios a través de la compara de lotes, bienes de capital o componentes nuevos, construcciones.

También financiará reformas edilicias, incorporación de equipamiento, certificaciones, homologaciones e inversiones en tecnologías como inteligencia artificial, robótica e internet industrial.

Serán créditos en pesos con un monto máximo a financiar dependiendo de la capacidad de cada cliente, aunque con una proporción de apoyo del 100% del proyecto y con un plazo mínimo de devolución de 12 meses y máximo de 5 años, informó el BNA en un comunicado.

El ministerio de Desarrollo productivo bonificará el 50% en la tasa a Mipymes y el 40% a grandes empresas, de modo que ninguna empresa que acceda a este crédito pague un interés superior al 18%

Para acceder a la bonificación del 50%, las empresas deberán cumplir, al menos, con uno de los siguientes requisitos: encuadrar como Mipymes; llevar adelante proceso de base tecnológica; adoptar normas de gestión ambiental o producir bienes que contribuyan a la sostenibilidad ambiental; aplicar políticas de género inclusión.

 
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar «tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

«El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva», subrayó Bernal.

El funcionario destacó que, «a partir de la decisión del Presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes», y afirmó que, «con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos».

Además, remarcó que «la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía», y afirmó que «la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo».

«Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años», puntualizó el interventor del Enargas.

Aseguró que «no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles».

También, señaló que, en el caso de la salud, «bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos».

«Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción», remarcó Bernal.

Así lo expresó en el marco de la audiencia pública que se celebraba este martes y que continuará el miércoles, dado que se inscribieron más de 200 personas para participar. De acuerdo con lo previsto en este proceso, luego habrá un período de 30 días hasta que el Enargas se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición.

Entre las empresas que intervinieron esta en la audiencia, Naturgy BAN solicitó «la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente».

«Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio», indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.

A su vez, la distribuidora solicitó «considerar un ajuste que mantenga este incremento conforme la evolución de la economía, de forma semestral», y también pidió «iniciar a la brevedad el proceso de Renegociación de Tarifa Integral, que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad».

Por su parte, el director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, explicó que la solicitud de la compañía «tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario y similar devaluación del peso registrados en dicho período».

Precisó que «esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario y que para el período abril 2021-marzo 2022 el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía será superior en $ 5.667 millones a sus ingresos proyectados con las tarifas vigentes».

«Ello hace necesario e ineludible un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos de la compañía que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público y que le permita afrontar las obligaciones del período», señaló Cánovas.

Indicó que, «como consecuencia de la propuesta de adecuación en la tarifa de transporte presentada, y a modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio del área de Gasnor en Tucumán con tarifa plena, pasará de pagar $ 679 a $ 702 por mes».

Subrayó que este consumidor «tendrá un aumento de $ 23 en su factura, de los que $ 18 se deben al transporte y $ 5 al aumento de los impuestos asociados», y añadió que «en términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 3,4% correspondiendo un 2,6% al transporte y un 0,8% a los impuestos».

Asimismo, puntualizó que «un consumidor residencial promedio del área de Metrogas en la ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, pasará de pagar $ 1.025 a $ 1.102 por mes», y remarcó que «tendrá un aumento de $ 77 en su factura, de los que $ 58 se deben al transporte y $ 19 al aumento de los impuestos asociados».

«En términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 7,5% correspondiendo un 5,7% al transporte y un 1,8% a los impuestos», afirmó Cánovas.

La petrolera YPF anunció un incremento de las naftas del 7% promedio a partir de la cero hora de este martes en todas sus estaciones del país, una decisión ya anticipada la semana pasada que seguirán en las próximas horas el resto de las compañías del mercado.

«Para seguir achicando las brechas de precios entre provincias, los combustibles aumentaron un 7,9% promedio en CABA y un 6,5% promedio en el NOA (noroeste)«, indicaron fuentes de la empresa.

La compañía informó que este es el primero de los tres aumentos que implementará en los próximos tres meses para alcanzar el 15% de suba anunciada y, de esta manera, no volverá a actualizar el precio en el resto del año.

Los aumentos previstos permitirán financiar un ambicioso plan de inversiones de US$ 2.700 millones para este año, resaltaron los voceros.

Los nuevos valores de referencia en la Ciudad de Buenos Aires serán para la nafta súper de $80,50 (hasta ayer $74,80); nafta premium, $92,90 ($86,50); gasoil, $75.70 ($70,70); y gasoil premium, $89,30 ($82,90).

Las demás petroleras, seguidas en participación de mercado por Raízen (licenciataria de la marca Shell) y Axion, también se aprestaban a reflejar el incremento en sus redes de estaciones de servicio.

De esta manera, desde el 19 de agosto pasado, cuando se decidió un incremento en los combustibles tras 10 meses de congelamiento por la emergencia económica y sanitaria, se registró una sucesión de aumentos que acumulan con el de hoy alzas en torno al 43% de acuerdo al producto y la marca.

El incremento de este martes fue anticipado la semana pasada por el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO Sergio Affronti, en una presentación con gobernadores en la que anticiparon una proyección de aumentos en los combustibles del 15% de manera escalonada en los próximos tres meses.

Los aumentos en los surtidores se replicarán así en porcentajes menores en abril y mayo hasta totalizar un 15%, sin considerar el correspondiente al componente impositivo, y el valor regulado de los biocombustibles, que tienen un sendero de alza hasta mayo.

Los aumentos permitirán financiar un plan de inversiones de US$ 2.700 millones para este año, resaltaron voceros.

El de este martes es el cuarto aumento general de combustibles en lo que va del año, luego de los concretados el 5 de enero del 2,9% y el 16 de enero en un 3,5% promedio, como parte del reacomodamiento del componente impositivo de los combustibles, y del nuevo sendero de recuperación mensual de precios de los biocombustibles.

El tercer aumento se produjo el 1 de febrero cuando se aplicó el incremento de biocombustibles con alzas de 1% en naftas y del 1,9% en gasoil.

Luego, el 15 de ese mes YPF decidió modificaciones, tanto a la suba como a la baja, como parte de un reordenamiento que buscaba achicar la brecha de precios con la competencia y reducir la diferencia entre capitales e interiores de algunas provincias.

En los primeros días de enero, a través de la resoluciones 1/2021 y 2/2021 de la Secretaría de Energía, se fijaron nuevos precios regulados de biocombustibles destinados a su mezcla obligatoria de nafta y gasoil, lo que busca recomponer el atraso de ese precio regulado por el Estado desde diciembre de 2019.

De esta manera, el nuevo esquema reconoce hasta mayo un incremento total del 90,7% para las distintas variedades de biodiesel; y del 55,9% para las de etanol, lo que pretende dar respuesta a los reclamos de las cámaras de las empresas elaboradoras que advertían sobre el parate del sector.

En cuanto al componente impositivo, el Gobierno había decidido postergar la actualización trimestral del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono del 1 de marzo al 12 de marzo, aunque en la práctica la petrolera lo implementó en el movimiento de precios de este martes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la disposición de una serie de medidas de alivio para las localidades de la Comarca Andina afectadas por los incendios forestales, a través de la resolución general 4947/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Con el objetivo de asistir a todas las personas, empresas y contribuyentes el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont prorrogó por 120 días los vencimientos de distintas obligaciones tributarias.

Las herramientas incluidas en la RG contemplan también la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales.

La AIFP considerará cumplidas en término las obligaciones con vencimientos de marzo a junio siempre y cuando se efectivicen en los plazos adicionales establecidos por la normativa.

La medida alcanza a los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales, IVA, del fondo para la educación y promoción cooperativa, así como las correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y al monotributo.”

Los contribuyentes alcanzados podrán cancelar las obligaciones prorrogadas a través de un plan de facilidades de hasta 48 cuotas.

La resolución también determinó que cuando se trate de medidas iniciadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la normativa de la AFIP, los procedimientos serán paralizados y en caso que se hubiere trabado embargos sobre fondos y valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, la dependencia interviniente arbitrará los medios para el levantamiento de la respectiva medida cautelar, sin transferencia de las sumas efectivamente incautadas, las que quedarán a disposición del contribuyente.

Al finalizar el plazo establecido, los contribuyentes deberán proceder a rehabilitar las cuotas no ingresadas.

El paquete de medidas impulsado por la AFIP se suma a las distintas herramientas desplegadas por el gobierno nacional en materia de asistencia económica, obras públicas y viviendas.

Los contribuyentes alcanzados por estos beneficios podrán visualizar la leyenda “Emergencia y/o Desastre Ígneo”, dentro del Sistema Registral al que se accede con clave fiscal.

Quienes no cuenten con dicha caracterización podrán solicitar los beneficios hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, a través del servicio “Presentaciones Digitales”.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezaron el acumulado exportador a nivel país en 2020, al explicar juntas más del 70% de total de los envíos concretados al exterior, por un monto de algo más de US$38.830 millones.

A continuación -con porcentajes sensiblemente menores- se ubicaron Chubut, con el 3,7% del total país; seguida por Santa Cruz, con el 3,5%; Entre Ríos, con el 2,6%; y Mendoza con el 2,5%, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el origen provincial de las exportaciones a lo largo del año pasado.

En la provincia de Buenos Aires, que explicó el 35,4% del total con una caída del 15,5% en sus ventas respecto al 2019, el resultado fue apalancado por el comercio de trigo, maíz y cebada, que representaron el 15,3%, seguidos por material de transporte terrestre, con US$ 2.924 millones de dólares, equivalente al 15,0% de los envíos.

En tanto, la provincia de Santa Fe -con el 20,5% del total- las ventas sumaron US$11.239 millones, una caída del 21,2% respecto al 2019, y tuvo como rubro destacado a residuos y desperdicios de la industria alimenticia (principalmente harinas y pellets de soja), con 39,5% del total provincial.

Por su parte, Córdoba -con el 14,9% del total- tuvo ventas por US$ 8.163 millones de dólares -9,7% inferiores a las registradas durante 2019-, siendo los cereales y los residuos y desperdicios de la industria alimenticia los principales productos exportados, con el 30,1% y el 19,1% del total provincial, respectivamente.

Chubut fue líder en la región patagónica al exportar US$ 2.030 millones de dólares en 2020, con una baja de 28,9% respecto al año anterior.

“Esta caída fue el resultado de la reducción observada en varios de los principales productos exportados por la provincia: petróleo crudo (cuyos despachos representan el 42,0% de las exportaciones) disminuyó 27,4%, mientras que los pescados y mariscos sin elaborar (principalmente mariscos), que participaron con el 28,3% del total, se redujeron 18,8%”, explicó el trabajo del Indec.

En tanto, Santa Cruz vendió al exterior por US$ 1.920 millones (una merma del 21,9% interanual), siendo los rubros de piedras y metales preciosos y el petróleo crudo los que más participación tuvieron, con 66,5% y el 11,2% del total provincial, respectivamente.

A su vez, Entre Ríos tuvo una leve caída del 2,5% en sus exportaciones tras alcanzar un total de US$1.425 millones en 2020, con el maíz, trigo y arroz como principales productos con el 36,2% del total (un aumento del 10,1% interanual).

Mendoza, líder de la región cuyana, concretó ventas externas por un monto de US$ 1.350 millones (un retroceso del 7,2% interanual), apalancada por los vinos de uva que representaron 53,3% del total exportado por la provincia.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezaron el acumulado exportador a nivel país en 2020

En el noroeste argentino (NOA) sobresalió Santiago del Estero, con ventas exteriores por US$1.120 millones (2,0% del total país), principalmente de maíz y trigo y semillas y frutas oleaginosas.

Además, las ventas del noreste argentino (NEA) fueron comandadas por Corrientes, con US$586 millones -un 1,1% del total nacional y un incremento interanual del 170%-, generados fundamentalmente por el comercio de cereales (destacándose el arroz) y frutas frescas.

En el análisis a nivel regional, se destacó el rendimiento del noreste (NEA) con un incremento interanual en sus ventas del 12,7%.

El resto exhibieron caídas de las ventas externas respecto al año anterior: la región patagónica disminuyó 24,7%; la pampeana, 15,5%; el noroeste (NOA), 12,2%; y la región cuyana, 11,5%.

En el acumulado, la región pampeana explicó el 74,9% del total exportador a nivel país; la patagónica el 8,7%, el NOA el 6,3%; Cuyo, el 5,5%; y el NEA el 2,5%.

Producto de la fuerte contracción del comercio internacional causada por la emergencia sanitaria para contrarrestar la pandemia del coronavirus, las exportaciones argentinas alcanzaron en 2020 un total de US$ 54.884 millones, un declive interanual del 15,5%.

En este contexto, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) se contrajeron un 9,1% interanual, y representaron el 39,7% del total país (US$21.786 millones); y las manufacturas de origen industrial (MOI) se desplomaron un 30,8%, ubicándose en el 24,2% del total nacional por un monto de US$13.298 millones.

Por su lado, la venta de productos primarios retrocedió un 7,5% interanual para explicar el 29,5% del total país (US$16.207 millones); y combustibles y energía se contrajo un 18,7% para finalizar en US$ 3.593 millones (6,5% del total país).

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias se trataría este jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación de de Diputados, luego de que las autoridades de los distintos bloques concluyan el martes la firma del protocolo de funcionamiento de la Cámara baja.

El cronograma de trabajo diseñado por el Frente de Todos apunta a emitir dictamen este jueves al proyecto y tratarlo en una sesión especial el martes 23 de marzo, informaron a Télam fuentes parlamentarias.

El funcionamiento de la Cámara

Este lunes, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, acordó con los jefes de los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento de las comisiones y sesiones que regirá hasta el 30 de abril y el martes lo terminarán de firmar todas las autoridades de las bancadas.

El protocolo mantendrá las comisiones y sesiones presenciales, pero se permitirá la participación remota de los diputados que se encuentren enfermos o que integran grupos de riesgo, coincidieron voceros del oficialismo y de la oposición consultados por Télam.

El proyecto

El viernes pasado, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, dijo -al concluir la ronda de consultas con funcionarios, tributaristas y sindicalistas- que esperaba que esta semana «haya reunión plenaria de comisiones para seguir con el tratamiento y dictaminar».

En una columna firmada para Télam, Heller dijo que «el objetivo principal del proyecto de ley que se está discutiendo es lograr que cerca de 1.280.000 trabajadores/as y jubilados/as que hoy están sujetos al Impuesto a las Ganancias dejen de pagarlo».

«No se está planteando una modificación de fondo al impuesto, el objetivo es resolver un problema por el cual durante los últimos años la cantidad de empleados/as que pagan ganancias pasó del 10 al 12% histórico, hasta el 25%», destacó

«Con el proyecto actual, sólo el 7% de los trabajadores/as registrados quedarán alcanzados por el impuesto», agrego el legislador oficialista.

El proyecto de reforma del impuesto a Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

Entre tanto, este lunes los diputados del Interbloque Federal Jorge Sarghini, Graciela Camaño, Alejandro «Topo» Rodríguez, Eduardo «Bali» Bucca, Y Andres Zotto, enviaron una nota a Massa en la que pidieron aumentar las Asignaciones Familiares.

Dijeron que para «una mayor justicia social, es indispensable que la modificación puesta a consideración sea complementada con, al menos, otra medida que contemple la particular situación de las trabajadoras y los trabajadores de menores ingresos»

«En tal sentido, con estricta intención redistributiva, proponemos un incremento de 50 % en las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos están por debajo del umbral a partir del cual se encuentran gravados por el impuesto en cuestión», agregan.

El proyecto contempla también que los salarios superiores a 173 mil pesos brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizo el Mínimo No imponible en un 35%.

El costo fiscal de la modificación de uno de los tributos que más recursos aporta a las arcas del Estado es de 41.250 millones de pesos, según señaló el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Esa reducción de recursos se financiará con un porcentaje de la reforma del impuesto que pagan las empresas por ganancias y por la distribución de dividendos, una iniciativa que el Gobierno envió el jueves a la noche al Congreso.

La ley que se buscará aprobar se aplicará de manera retroactiva desde enero pasado, con lo cual se devolverá el dinero descontando por este concepto a los largo del primer trimestre del año a los trabajadores beneficiados con la corrección, lo que podría volcar unos 10 mil millones de pesos al consumo interno, según estimaron en el equipo de asesores de Massa.

La iniciativa presentada inicialmente sufrirá diversas modificaciones, ya que se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida y se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio aunque tengan ingresos extras hasta 164 mil pesos anuales.

Otro punto que había generado inquietud en los legisladores era lo que podía pasar entre los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.