El gobierno nacional autorizó este miércoles la reanudación de diversas actividades, como la construcción en el ámbito privado y el ejercicio de la abogacía en algunas provincias, en el marco de la «cuarentena administrada» por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.
Los voceros explicaron a Télam que la medida se dispuso mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que se difundirá «en las próximas horas en el Boletín Oficial».
Al respecto, detallaron que se reanudarán «profesiones liberales (como abogados, contadores y otras con titulo habilitante) en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén».
También se incluirán «las obras privadas en las provincias de San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Salta», añadieron.
Los portavoces explicaron que «todo se aplicará con un estricto protocolo sanitario de las provincias y un informe técnico del Ministerio de Salud de Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos» para contener la propagación del coronavirus.
El Gobierno definió estas medidas después de hacer un análisis en el ámbito del comité que se reunió hoy en la Casa Rosada para determinar los pasos a seguir a partir de la semana próxima.
El encuentro de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública, creada para el intercambio de información entre las carteras y la recepción de propuestas por parte de las provincias, fue coordinado por Cafiero durante aproximadamente tres horas en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno.
El presidente Alberto Fernández, por su parte, mantuvo su agenda oficial en la Residencia de Olivos, donde recibió a las autoridades de Unicef Argentina y mantuvo contacto permanente con sus colaboradores más cercanos.
Participaron de la reunión en Casa Rosada los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Defensa, Agustín Rossi y de Seguridad, Sabina Frederic.
De Pedro había adelantado ayer que la mayoría de los gobernadores le habían pedido al Gobierno continuar con la cuarentena estricta y que solo algunos planteaban liberar algunas actividades, pero en forma «jurisdiccional» o «focalizada», tal como denominan en el Poder Ejecutivo la nueva etapa que se iniciaría el lunes.
González García, en tanto, ya había adelantado que «la cuarentena va a seguir de distinta manera» y «algunas medidas sociales y económicas van a variar según la geografía».
Del mismo modo se había manifestado Meoni, quien dejó en claro que «semana a semana» se van a ir dando a conocer las nuevas actividades exceptuadas y que, en función de eso, se irá reorganizando el sistema de transporte público a partir de la incorporación de más unidades de colectivos.
Aunque, según dijo, la ampliación del servicio de trenes dependerá de que se puedan «reincorporar más trabajadores».
Respecto al transporte de media y larga distancia asumió que está evaluando con los gobernadores la implementación de «corredores seguros de punta a punta, es decir que no haya paradas intermedias que impidan el control final del pasajero» y que garantice la «conectividad» en función de que «empezará a haber actividades parciales industriales que muchas veces requieren transporte de pasajeros».
A su vez, Katopodis consignó que una vez que se inaugure la nueva fase de la cuarentena obligatoria, a partir del lunes, se pondrá en marcha un plan de «pequeñas obras públicas, de proyectos cortos de tres a seis meses, pensando en que sean compatibles con las medidas de aislamiento».
«Todos los proyectos son determinados por los intendentes, que son quienes conocen las necesidades de sus barrios», agregó Katopodis.
