Graciana Peñafort, consideró este lunes que el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el viernes último brinda un «blindaje» a la posibilidad de sesionar virtualmente dado que «quedó saldada la incertidumbre constitucional».

«La Corte rechaza la acción, y al rechazarla, todos sus considerandos dicen que el Senado puede interpretar constitucionalmente su propio reglamento, con lo cual quedó saldada la incertidumbre constitucional y el Senado quedó habilitado para empezar a trabajar», analizó Peñafort en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

«Lo que blindamos es la posibilidad de sesionar virtualmente», enfatizó la abogada, quien volvió a aseverar que la oposición rechaza esa modalidad porque «no quiere tratar el impuesto a la riqueza», en referencia a la iniciativa que elabora el diputado Carlos Heller para cobrar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas en el marco de la pandemia.

La abogada sostuvo que ,»frente a la incertidumbre reglamentaria» sobre si ese cuerpo podía sesionar virtualmente, fueron a «despejarla a la Corte Suprema» y que, con el fallo dado a conocer el viernes último, esa «incertidumbre constitucional» quedó «saldada».

En ese contexto, afirmó que «ya se convocaron a los dos jefes de bloques mayoritarios para el martes para reunirse con Cristina, que es la presidenta de la Cámara de Senadores».

«Mañana a las 5 de la tarde se reúnen a los fines de implementar cómo va a ser el mecanismo para la sesión virtual», agregó la letrada, en referencia al jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans y al de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, al recordar que ambas bancadas agrupan «a 65 senadores de los 72» senadores totales.

Consultada puntualmente sobre el impuesto a las grandes fortunas, Peñafort aseguró que no creía que hoy en día «haya ninguna ley que pueda ser blindada constitucionalmente», pero explicó que su preocupación era que «grupos de interés» pudieran «trabar la sesión».

Añadió que «el proyecto se está trabajando con mucho detalle» y que «va a ser un proyecto prolijo».

«Siempre se puede impugnar, pero en materia tributaria rige un principio que se llama ´solve et repete´ (pague, después repita) que significa pague, después proteste todo lo que quiera», indicó, con lo cual, señaló, cualquier eventual impugnación a una norma, «no tendría efecto suspensivo».

La Cámara de Diputados continuará esta semana con las reuniones de comisión de manera virtual y esta tarde contará con la exposición de Elizabeth Gómez Alcorta, mientras que el miércoles será el turno del ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Gómez Alcorta expondrá a las 17 ante la comisión de Mujeres y Diversidad que preside la radical por Santa Cruz, Roxana Reyes, quien ayer tuvo un accidente mientras viajaba desde Río Gallegos a Buenos Aires pero no sufrió lesiones y continuó su viaje a esta ciudad junto a su par de Chubut Gustavo Menna.

En tanto, mañana a las 14 se reunirá la comisión de Modernización, que preside la diputada Daniela Vilar (Frente de Todos) para avanzar en el diseño de una posible sesión virtual y elaborar un protocolo de actuación que posibilite las sesiones de la cámara en forma remota en caso de fuerza mayor.

Para el miércoles, a las 17, está prevista la exposición del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, ante la comisión que preside el diputado nacional del Frente de Todos y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

Con los funcionarios que expondrán esta semana, alcanzarán a 16 los ministros del Poder Ejecutivo que se presentaron ante los diputados en diferentes comisiones de la Cámara baja bajo la modalidad de videoconferencias desde que se inició la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que evaluará el impacto sanitario que tuvo la reactivación de once actividades desde la semana pasada para evaluar, en función de ese análisis, sumar otras excepciones «desde la semana próxima» al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

«La idea es chequear cuál es el impacto sanitario, esa es la prioridad, y entonces, si es positivo, permitirle a más gente que recupere su actividad económica», explicó el jefe comunal en declaraciones formuladas esta mañana a la radio LT8.

Allí, insistió en pedirle a los rosarinos que sigan «haciendo el esfuerzo de quedarse en sus casas», tal como se establece en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto a nivel nacional para mitigar la propagación de la pandemia en el país.

También, confirmó que en la ciudad de Rosario no se implementarán por el momento las salidas recreativas de una hora por día y por un radio no mayor a los 500 metros del domicilio habilitadas por el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la prórroga de la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo próximo.

En tanto, sobre la posible ampliación de las actividades exceptuadas de la cuarentena, Javkin precisó que se podrían habilitar la construcción privada a pequeña escala, profesiones liberales, pequeños comercios y fábricas, peluquerías y fletes para mudanzas, entre otras.

No obstante, puso el acento en la necesidad de evaluar primero el impacto que tuvo a nivel sanitario la flexibilización que rige desde hace una semana en ciertos rubros.

En este marco, precisó que uno de los aspectos que midieron fue el tránsito en 25 puntos de la ciudad: «Eso nos indica cuánto se mueve y en qué horarios», sostuvo.

En este sentido, señaló que, «actualmente el máximo del tránsito es de 40 por ciento respecto a un día normal», y sostuvo que el presidente Alberto Fernández afirmó que «había que llegar al 50% para luego ir al 75».

En otro orden, el intendente de la ciudad de Rosario reveló que mantiene reuniones con la Asociación Bancaria y el gobierno provincial, para analizar «un adelantamiento del horario bancario», que en Rosario comienza a las 10.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, convocó para mañana martes a las 17 a los jefes de los bloques mayoritarios de esa cámara para definir «cómo se van a desarrollar las sesiones virtuales», con la mira puesta en el 6 de mayo como fecha tentativa.

Así lo informaron a Télam fuentes del entorno de la vicepresidenta, que confirmaron que los convocados fueron el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, y su par de Juntos por el Cambios, Luis Naidenoff, ambos formoseños.

La intención del encuentro, según indicaron los informantes, es hablar sobre «cómo se van a desarrollar las sesiones virtuales», y señalaron que la fecha tentativa para realizar el primer plenario del cuerpo de manera remota es el 6 de mayo.

De esta forma, el oficialismo buscará avanzar en la definición de lo que será el debate virtual del pleno del cuerpo luego de que el viernes último la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera su aval a la modalidad virtual de funcionamiento del Congreso en el marco de la pandemia.

En principio, en la primera sesión del Senado bajo ese formato se tratarían los despachos de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, responsable de revisar los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.

Según las fuentes, existe la posibilidad de que haya otro tipo de temas en carpeta, pero en principio no se llegaría -desde el punto de vista reglamentario- a tener despacho de otras comisiones para esa fecha

Esta mañana, también la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se había referido a la reunión.

«Mañana a las 5 de la tarde se reúnen (con Cristina Kirchner) a los fines de implementar cómo va a ser el mecanismo para la sesión virtual», sostuvo la letrada en diálogo con El Destape Radio, en referencia a Mayans y Naidenoff, y recordó que ambas bancadas agrupan «a 65 senadores de los 72» que componen el cuerpo.

El proyecto de Emergencia Económica elaborado por el Ejecutivo porteño comenzó a ser tratado hoy en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura con una reunión informativa de la que participó el ministro Martín Mura, quién tuvo que comprometer diversos cambios en el articulado por los reiterados señalamientos de diputados aliados y opositores al gobierno.

Los argumentos de Mura

Mura, en su rol de titular de la cartera de Economía y Finanzas, definió la iniciativa como una de las herramientas para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en «80.000 millones de pesos» para el año 2020.

En ese sentido, puntualizó que el 50 por ciento de dicha retracción se producirá en «el segundo trimestre» del año.

El funcionario explicó que -por el parate económico generado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio- se ha registrado «una caída de la recaudación muy grande, en una parte de marzo, muy fuerte en abril y que se proyecta para adelante».

«En abril, donde ya empezamos a tener datos, vamos a tener una variación interanual del 6% en términos nominales, lo que te deja 40 puntos por debajo de la inflación», añadió.

También detalló el “alto impacto de la morosidad” registrada en el corto plazo: “En marzo fue del 41% en ABL y 54% en patentes”, duplicando los registros habituales.

Por ello, Mura dijo que la Ley de Emergencia, que de ser aprobada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, es un «instrumento necesario para transitar esta pandemia y emergencia a la vez».

Los cuestionamientos

Ese fue uno de los puntos que objetó el diputado Juan Nosiglia (UCR-Evolución) quien se preguntó si no era conveniente establecer un plazo más corto, de tres meses, para la delegación de algunas facultades.

Entre otros puntos, se dotaría al Ejecutivo con «mayores facilidades» para reasignar partidas a las áreas críticas, se eliminarían afectaciones específicas y se consolidaría una cuenta unificada del tesoro para tener mayor disponibilidad de divisas.

También se revisarían «programas no esenciales» y se establecerían «incentivos tributarios» que permitan «adelantar recaudación».

Al respecto, Javier Andrade (Frente de Todos) recriminó la falta de segmentación de los beneficios en favor de los vecinos más castigados y de las PyMEs ya que, según consideró, con la estructura propuesta por el Gobierno sólo ganarán los grandes contribuyentes.

Por otra parte, el proyecto dicta que revisar todos los contratos de servicios no esenciales: «Lo peor que podemos hacer es mantener el que no se pueda pagar», aseveró el ministro.

Las modificaciones

Mura afirmó además que se corregiría la redacción de algunos artículos de la iniciativa, entre ellos, el que suponía innecesario comunicar a la Legislatura las modificaciones presupuestarias y, especialmente, el que refiere al “escalonamiento” y “diferimiento de sueldos”.

La cuestión salarial fue señalada por diputados cercanos al oficialismo, como el socialista Roy Cortina, y opositores como Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.

Al respecto Mura dijo que “en ningún lugar se habla de rebaja salarial” y subrayó que se cumplirán los acuerdos paritarios firmados.

No obstante, aseguró que se va a hacer “lo imposible” para evitarlo, admitió que se podría necesitar -si se extiende la crisis- de escalonar salarios.

El ministro también informó que el gobierno porteño ya colocó deuda por «más de 8 mil millones de pesos» y que sigue negociando con organismos multilaterales de crédito para conseguir fondos en dólares.

También consideró inviable la elevación de Ingresos Brutos a los bancos que propone la izquierda, ya que generaría un “aumento de las tasas de interés”.

La Comisión de Presupuesto se volverá a reunir el miércoles próximo para dar despacho a la iniciativa que podría entrar en el temario de la sesión ordinaria que se convocará para el día siguiente.

La UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, llegaron este lunes a un acuerdo que obliga a las empresas a pagar el 75 por ciento del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron forzadas a paralizar sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia, dijeron a Télam fuentes gremiales.

«Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas», señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

Los representantes de los diversos sectores convinieron que el monto a abonar a los trabajadores como «prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento» del haber neto.

Solo en esas condiciones o cuando se establezca un porcentaje mayor el gobierno homologará de forma automática esos acuerdos, en tanto la patronal podrá disponer «la aplicación de las suspensiones de forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial según sus respectivas realidades productivas», añadieron los infomantes.

No podrán ser incluidos en esa modalidad los trabajadores que hayan convenido con su empleador las condiciones de prestación de servicios desde el lugar de aislamiento y aquellos excluidos del deber de asistencia al lugar de labor por tratarse de personas con riesgo de salud (mayores o con patologías preexistentes).

Además, para el caso de que fuese aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el decreto 376/20 «el monto de la asignación complementaria que abone la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será considerado parte de la prestación dineraria antes ordenada, de manera que el importe a cargo del patrón lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido», que no podrá ser inferior al haber mínimo, vital y móvil.

El acuerdo no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses, se indicó, en referencia a los gremios que ya han pactado las modalidades de trabajo en la emergencia.

El encuentro tripartito, según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus, y se rubricó para «despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios», indicó el documento

Funcionarios, sindicalistas y empresarios analizaron una variada agenda de temas, como la situación derivada de la irrupción del virus en un contexto de «economía recesiva desde hace años y la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su impacto en una mayor retracción de la actividad», puntualizó.

Se analizaron «los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas».

«Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario», puntualizaron las partes intervinientes.

De Pedro, Meoni y Frederic dialogaron con gobernadores para ajustar protocolo sanitario en rutas

El ministro del Interior, Wado de Pedro; su par de Transporte, Mario Meoni; y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, realizaron hoy una videoconferencia con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Santa Fe, Omar Perotti, con el objetivo de ajustar y coordinar los protocolos sanitarios del transporte internacional de cargas en las rutas nacionales, en territorio argentino, ante la emergencia por el coronavirus.

En ese sentido, De Pedro explicó que «en la última reunión del Presidente con los gobernadores surgió la inquietud sobre el transporte comercial con Brasil y por eso mantuvimos la videoconferencia», por lo que «hoy comenzamos con las áreas de Salud, Transporte y Seguridad a mejorar los protocolos para establecer corredores seguros, para seguir garantizando el transporte y también la salud de las y los argentinos».

En tanto, Meoni destacó que el objetivo es «resguardar a los trabajadores que vinculan Argentina, Brasil y Paraguay y, por supuesto, garantizar la salud de sus familias y sus comunidades».

«A partir del trabajo en conjunto entre los organismos nacionales y los gobernadores buscamos establecer este protocolo para permitir el tránsito de manera constante de camiones y el abastecimiento de las familias y las industrias», indicó.

Por su parte, Medina señaló que este protocolo garantiza «un corredor seguro desde que entran los camiones desde el exterior y que el transportista no tome contacto con ciudadanos argentinos».

«Estas normas son para cuidar a todos los argentinos y que el transportista, en caso de presentar síntomas (compatibles con Covid-19), pueda tener asegurada una derivación. Es importante que las empresas sean responsables y que, por ejemplo, no haya mayores de 60 años o inmunodeprimidos conduciendo los vehículos», puntualizó

El protocolo incluye zonas especiales para que los transportistas puedan concurrir al baño y proveerse de alimentos y, además, al momento de realizar la carga y descarga lo hagan sin bajarse del camión.

Además, se recomendará que la documentación se realice a través de soportes electrónicos para evitar la utilización de papel.

Por otra parte, las empresas transportistas deberán garantizar la provisión de elementos de limpieza y desinfección del camión como así también de barbijos, tapabocas y guantes.

Al término del encuentro, De Pedro mantuvo otra reunión de trabajo en el Salón Sur con el foro de intendentes radicales, acompañado por el secretario de Municipios, Avelino Zurro.

Participaron los intendentes Miguel Fernández (Trenque Launquen), Maximilaino Suescun (Rauch), Daniel Capeletti (Brandsen), Alejandro Federico (Suipacha) y Claudio Rosi (Rojas).