El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos de movilidad jubilatoria que ya tienen dictamen en la comisión de Previsión Social.
La citación es para el miércoles próximo a las 16 y la idea es abordar las distintas iniciativas que proponen alternativas superadoras a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del DNU 274/24, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.
A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.
Por presiones de sectores de la oposición dialoguista, que incluyó una sesión fallida pedida por Hacemos Coalición Federal y amenazas de emplazamiento, el oficialismo aceptó constituir la comisión de Previsión Social y le cedió la presidencia a la radical Gabriela Brouwer de Koning.
La cordobesa estableció una hoja de ruta que terminó en varios dictámenes, pero Espert se negó a convocar a Presupuesto para hacer plenarios conjuntos, por lo que el tratamiento quedó a mitad de camino (los proyectos necesitan el dictamen de ambas comisiones para llegar al recinto).
Ya cumplimentado el objetivo primordial que perseguía el Gobierno, se dio luz verde para que la comisión de Presupuesto pudiera sesionar otros temas y por eso Espert recién el viernes pasado hizo oficial la convocatoria para debatir la actualización jubilatoria.
En Previsión Social se avalaron tres dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández), pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.
La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.
El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable.
Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. La Libertad Avanza y el PRO no firmaron ninguno de estos dictámenes y se aferran a los dispuesto en el decreto 274/24.
El resto de las comisiones que tendrán actividad
La comisión de Salud que preside Pablo Yedlin se reunirá el martes desde las 13.30 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja para debatir en torno a dos proyectos que tuvieron media sanción del Senado en septiembre pasado y conservan estado parlamentario.
Un proyecto apunta a consagrar por ley el programa Remediar (creado en 2002) para garantizar el acceso y cobertura de los medicamentos esenciales y productos sanitarios a través de la distribución directo en los centros de salud por parte del Estado nacional.
La otra iniciativa, que tiene al propio Yedlin como autor (hasta el año pasado era senador nacional), busca autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.
Aunque todavía no está convocada formalmente, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, se comprometió a citar a ese cuerpo el próximo martes para continuar con el tratamiento de proyectos sobre financiamiento universitario, en medio de la crisis de ahogo presupuestario que motivó una multitudinaria marcha de la comunidad docente y estudiantil en todo el país.
También podría abordarse proyectos para el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) cuyas transferencias fueron interrumpidas por el Gobierno de Javier Milei.
“Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, anunció Finocchiaro el jueves pasado al definir los trazos de una hoja de ruta tentativa.
Y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”. En la activación de esta comisión temas tallaron con fuerza los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que presionaron a Finocchiaro para que pusiera en agenda estos temas.
Para la primera reunión del 7 de mayo está prevista la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para que explique la posición del Gobierno sobre este conflicto por el horadamiento de los recursos para sostener los gastos administrativos, edilicios y sueldos en las casas de estudio.
Más allá de si la comisión de Educación cumple con los plazos previstos para dictaminar, los tiempos podrían estirarse si el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, sigue resistiendo a convocarla para tratar estos temas.
Para poder llevar estos temas al recinto, los dictámenes tienen que estar firmados por ambas comisiones. Si el economista libertario se mantiene en esta tesitura de no convocar a la comisión, resultaría necesario un emplazamiento en una eventual sesión, lo cual dilataría aún más los tiempos.
Sobre la cuestión del presupuesto universitario, hay varios proyectos con expediente en vista como el de la radical bonaerense de Evolución Danya Tavela, el de la salteña de Innovación Federal Pamela Calletti, y el de la kirchnerista de Unión por la Patria Julia Strada.
La iniciativa de Tavela propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos. Calletti y Strada, respectivamente, proponen una actualización permanente por IPC del 1 de enero.
El miércoles a las 11 la comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), se reunirá para tratar una agenda ambiciosa elaborada por el Ministerio de Seguridad vinculada a una ley «antimafia», una ley “antipiquete”, y una ley de reiterancia
A las 12.30 se acoplará en una dinámica de plenario de comisiones la de Seguridad Interior, que preside Alejandro Bongiovanni (PRO) para tratar el proyecto de creación de un registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, propuesto por la ministra Bullrich.
