OSCAR ORQUERA
Histórico: elegir jueces mediante el voto popular
En un hecho sin precedentes, este 1º de junio México se convertirá en el segundo país de América Latina en seleccionar mediante votaciones populares a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a otros altos funcionarios del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal.
México votará:
La ciudadanía mexicana ha sido convocada para votar por 881 cargos federales y cerca de 2000 puestos estatales en 19 de las 32 entidades del país. Se estima que apenas un 10 % de los casi 100 millones de personas registradas en el padrón electoral acudirá a las urnas.
Hasta ahora, Bolivia era el único país de la región que utilizaba este método de votación para seleccionar a sus autoridades judiciales. En el caso de México, este fue resultado de una reforma constitucional promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.
Antes de esta reforma, los jueces y magistrados eran nombrados a través de un proceso interno del Consejo de la Judicatura Federal, que evaluaba la preparación de los aspirantes mediante exámenes. En el caso de los magistrados de la Suprema Corte, el presidente de la República enviaba ternas al Congreso, que se encargaba del nombramiento. Con la nueva normativa, los candidatos son seleccionados por comités evaluadores formados por representantes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los puestos en disputa
En este proceso participarán unos 3,400 candidatos a nivel federal, y se elegirán los siguientes cargos: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, dos magistraturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas para las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces y juezas de Circuito.
Estos cargos representan casi el 50 % del total del Poder Judicial en México. El resto se renovará en 2027. Para cada puesto, habrá boletas distintas identificadas por colores. En cada boleta, las candidatas aparecerán al lado izquierdo y los candidatos al derecho, con un número de dos dígitos que los electores deberán escribir en los espacios correspondientes ubicados en la parte superior de cada papeleta.
El conteo de los sufragios estará en manos de los Consejos Distritales y Locales, integrados por ciudadanos que cumplen con ciertos requisitos. Estos organismos remitirán los resultados al Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad encargada de validar el proceso electoral, que dará a conocer los resultados definitivos el próximo 15 de junio.
Una campaña diferente
La contienda comenzó el 30 de marzo. Como los aspirantes no pueden recibir financiamiento público ni privado, muchos optaron por promocionarse en redes sociales o hacer recorridos por comunidades donde creen tener mayor apoyo.
Posturas divididas
La decisión de elegir mediante voto popular a integrantes del Poder Judicial ha generado un intenso debate entre académicos y organizaciones civiles en México. Algunos sostienen que este tipo de procesos pueden ser aprovechados por actores políticos, limitar la autonomía entre poderes, e incluso abrir la puerta a la infiltración del crimen organizado. Esta preocupación cobra fuerza si se toma en cuenta la violencia electoral registrada durante las elecciones de junio de 2024, en las que al menos 30 aspirantes a cargos públicos fueron asesinados.
Desde el gobierno
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este nuevo mecanismo de elección durante una rueda de prensa. Afirmó que renunciaba a su facultad de proponer a los ministros de la Suprema Corte porque, según ella, “esa es una decisión que le corresponde al pueblo”. Además, criticó duramente a la Corte, a la que acusó de actuar fuera de sus atribuciones al bloquear leyes impulsadas por el Congreso, actualmente controlado por el partido Morena. “El poder judicial está mal, hay favoritismos. La justicia no es equitativa; se deja en libertad a delincuentes”, declaró.
Por su parte, Stephanie Brewer, directora en México de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), señaló que el problema de estas elecciones no radica en otorgar mayor participación a la ciudadanía, sino en el riesgo de que intereses políticos o criminales se filtren en el sistema. Según Brewer, este modelo podría llevar a una “captura política” de los tribunales y fomentar un enfoque judicial populista, lo que pondría en riesgo los derechos humanos y la seguridad en el país.
