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La jueza federal María Servini procesó por delitos lesa humanidad al exministro español Rodolfo Martín Villa, por su responsabilidad en cuatro homicidios cometidos a fines de los años ‘70 en el marco de una causa en la que se investigan crímenes cometidos durante el franquismo y que es impulsada desde Argentina por familiares de víctimas de esa dictadura.

En un fallo de más de 900 páginas, al que tuvo acceso Télam y trascendió este sábado, Servini le imputa a Villa su participación en los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz, muertos en hechos represivos cometidos entre 1976 y 1978, cuando España transitaba los primeros años de un período denominado como “La Transición” a la democracia.

La magistrada ordenó la prisión preventiva del exjerarca franquista, pero reconoce que no puede hacerse efectiva porque Villa, de 87 años, se encuentra eximido de ser recluido.

A Villa se le imputa haber ocupado “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder»

 
No obstante, la jueza le trabó un embargo de más de mil millones de pesos, y le dictó falta de mérito en otros ocho casos, en los que consideró que se debería profundizar las investigaciones.

A Villa se le imputa haber ocupado “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder» al momento de los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, donde resultaron muertos Pedro María Martínez Ocio, Rotulado Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, entre otros.

En ese entonces ocupaba el cargo de Ministro de Relaciones Sindicales, y luego fue designado como titular de la cartera de interior cuando ocurrieron los hechos de los Sanfermines de Pamplona, el 8 de julio de 1978, en los que fuera asesinado Germán Rodríguez Saíz».

Servini indagó el 3 de septiembre del año pasado a Villa, quien declaró en la embajada Argentina en Madrid por videoconferencia.

Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Francisco Franco y de la «Transición», Villa debió responder, entre otros hechos, por su responsabilidad en un hecho conocido como «los Sucesos de Vitoria».

La jueza indagó al acusado el 3 de septiembre pasado   en la embajada Argentina en Madrid por videoconferencia

El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, cuatro mil trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria, en el País Vasco, celebrando una asamblea.

Con la intención de desalojar el lugar, la policía irrumpió y desató una represión a tiros que causó cinco muertos y más de 150 heridos.

Servini pidió en 2014 su detención a Interpol para interrogarlo, en base al principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad.

El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, un español que vivía en Argentina desde que era un niño, e Inés García Holgado, descendiente de represaliados por la dictadura de Franco, se presentaron ante la justicia argentina para iniciar una causa de lesa humanidad.

Rivas buscaba reparación por el crimen de su padre, Severino, fusilado «por traición a la patria» el 29 de octubre de 1936 en Castro de Rei, en la provincia gallega de Lugo.

“Para nosotros, este fallo es un paso muy grande en el camino de encontrar verdad y justicia para con las víctimas del franquismo y la Transición» planteó la querrellante de la causa

Severino era alcalde de ese pueblo y fue víctima de las tropas de Franco que se habían sublevado contra la Segunda República Española, dando inicio a la Guerra Civil que se prolongó hasta 1939 con el triunfo del «Frente Nacional» que originó una dictadura de casi cuatro décadas en el país.

Inés buscaba justicia por dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que padeció la cárcel durante el régimen de Franco.

A ellos se sumó meses después Adriana Fernández, nieta de un militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.

Así se dio origen a la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, que es instruida por Servini.

La querella representa actualmente los casos de más de 400 personas que buscan justicia y peticiona en favor de ayuntamientos y diputaciones.

Ascensión Mendieta Ibarra fue patrocinada por la querella argentina y logró en 2017, cuando tenía 91, que se identificaran en una exhumación los restos de su padre, Timoteo, fusilado en 1939 en Guadalajara (Castilla-La Mancha).

Meses después, la Fiscalía General de España ordenó a sus integrantes «no brindar colaboración» a los pedidos de exhumación presentados desde la querella.

“Para nosotros, este fallo es un paso muy grande en el camino de encontrar verdad y justicia para con las víctimas del franquismo y la Transición. Estoy muy contenta con este fallo aunque Villa esté eximido de ir a la prisión”, le confió a Télam la querellante Inés Fernández, a poco de conocer el fallo de Servini.