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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó este lunes una medida cautelar ante la justicia nacional para evitar que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires venda el terreno de 5.800 metros cuadrados conocido como «Triángulo Salguero», que el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri había cedido junto a otras tierras estatales al distrito porteño.

«El Gobierno de la Ciudad avanza en un proyecto de puesta en valor y venta de un terreno ubicado en la intersección de la calle Jerónimo Salguero con la autopista Arturo Illia», informó hoy la AABE, y agregó que presentó una medida cautelar «para frenar la operación, que se encuentra bajo revisión en el marco del Decreto 149/2020».

El «Triángulo Salguero», de unos 5.800 metros cuadrados y ubicado frente al predio ferial del mismo nombre, fue uno de los terrenos cedidos por el Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires bajo la administración del ex presidente Mauricio Macri.

Con la medida cautelar presentada hoy en el Juzgado Contencioso N° 9 de la Ciudad, la AABE solicitó habilitar la feria judicial para prohibir cualquier «innovación» en la operación.

Diez días atrás, el 8 de mayo, en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, la rezonificación del predio obtuvo dictamen de mayoría, alcanzado con los votos del oficialismo.

El dictamen está actualmente en agenda para ser tratado en sesión ordinaria por los legisladores y, de aprobarse, el Gobierno de la Ciudad podría vender el terreno, donde actualmente funciona un estacionamiento.

El proyecto para vender ese predio había sido aprobado en primera instancia por la Legislatura porteña en diciembre de 2019, durante la última sesión del año y en marzo de este año fue tratado en una audiencia pública.

El entorno del «Triángulo Salguero», en la Costanera Norte, es un «área no residencial, consolidada con equipamientos de gran extensión y de rápido acceso por la nueva bajada de la Autopista Illia», informó la AABE en un comunicado.

Entre los argumentos de la medida cautelar, el organismo mencionó que el plazo establecido por el decreto presidencial 149/2020 «aún no se encuentra cumplido».

En detalle, el decreto instruía a la AABE «revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad (…) a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales».