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Fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé.

La Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público del Congreso Nacional solicitó este martes a la Procuración General que informe si tenía conocimiento de un viaje que habría realizado al exterior el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y si ese periplo se realizó con la debida autorización.

La nota fue presentada por el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade a partir de una denuncia periodística que señalaba que Pleé, quien tuvo a su cargo la acusación en la causa de «Dólar Futuro», estuvo de viaje en los Estados Unidos entre el 15 de mayo y el 16 de junio de este año.

Según el legislador oficialista, de comprobarse esa conducta, «se estaría ante un caso de extrema gravedad institucional».

«Es una falta grave del magistrado: el abandono del trabajo en forma prolongada sin autorización. Queremos que (el procurador interino, Eduardo) Casal informe si tiene conocimiento de ese viaje, si se pidió licencia y si él lo autorizó», expresó Tailhade a través de la nota difundida hoy en la reunión de la Bicameral.

Para el diputado bonaerense «no estaríamos ante episodios aislados, sino ante una práctica habitual de algunos magistrados», al hacer referencia a la respuesta enviada por Casal en el caso del fiscal Marcelo Retes, quien también viajó al exterior durante algunos días del verano boreal.

Al respecto, Casal informó al Senado que «no estaba al tanto de esa licencia», pero que él no tenía competencia sobre el particular porque el que debía autorizar ese caso era el fiscal general Ricardo Sáenz.

Se estara ante un caso de extrema gravedad institucional advirti Tailhade
«Se estaría ante un caso de extrema gravedad institucional», advirtió Tailhade.

«Pido que se libre oficio a Sáenz en los mismos término que a Casal. Que sea él el que nos responda si Retes tenía autorización para viajar», insistió Tailhade, y reclamó «saber la totalidad de los fiscales que viajaron al exterior en los últimos tres años».

La reunión de la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público fue la última con la actual conformación de las Cámaras que será renovada a partir del diez de diciembre.

Hasta el 10 de diciembre, la presidencia estará en manos del senador oficialista Martín Doñate, mientras que el diputado radical Emiliano Yacobitti es el vicepresidente.

A partir del recambio, los legisladores deberán designar a las nuevas autoridades de la Bicameral que fiscaliza los movimientos de la Procuración y de la Defensoría General.

Otros proyectos tratados en el Senado

Este martes, el Senado retomó la actividad plena tras el receso forzoso por la campaña electoral que finalizó con los comicios del domingo 14 de noviembre.

Por la mañana, la comisión de Salud aprobó un proyecto de ley que establece la obligación de incorporar el sistema braille en los envases y prospectos de todos los medicamentos que se comercialicen en la Argentina, iniciativa que quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en una próxima sesión.

Los senadores también avalaron normas vinculadas al control neonatal y al parto humanizado y un proyecto venido de la Cámara de Diputados que instituye el 23 de junio de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Dravet, una encefalopatía epiléptica que se detecta en niños en sus primeros años de vida.

A la tarde, en tanto, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda le dieron dictamen a un proyecto unificado sobre educación inclusiva para niños con discapacidades o con trastornos de déficit de atención.

La iniciativa garantiza «el pleno ejercicio del derecho a una educación inclusiva tanto en el sistema privado como en el de gestión estatal» y prevé que «el Estado Nacional contemple un presupuesto aparte para educación inclusiva».

Finalmente, se le dio dictamen a una iniciativa que modifica la Ley General de Ambiente para incorporar los principios llamados «in dubio pro ambiente», que incluirá el de «pro agua», y «de no regresión» para que la política pública no sea modificada «en la medida en que ello conlleve a disminuir, menoscabar o afectar de manera negativa los umbrales y estándares de protección» ecológica ya adquiridos.