El senador Parrilli preside la comisin que debate las reformas a la Ley del Ministerio Pblico.
Especialistas convocados para opinar en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores sobre la reforma de la Ley del Ministerio Público, hicieron hincapié este martes en fortalecer el puesto del procurador general de la Nación y, por amplia mayoría, coincidieron en que deben mantenerse los dos tercios para la elección del jefe de los fiscales.
De los seis especialistas invitados por el oficialismo y por la oposición para opinar acerca de la reforma del Ministerio Público Fiscal, cuatro insistieron en que se debe mantener la mayoría agravada para la elección del Procurador, en tanto que otras dos afirmaron que la fortaleza del cargo debería estar fundamentada por otras cuestiones como un mayor control parlamentario.
La opinión de los especialistas
Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y profesora adjunta de la UBA, dijo que el país se encontraba en «una situación ideal para la refundación del Ministerio Público Fiscal» en virtud de la aplicación del sistema acusatorio que comenzó a regir en varias provincias.
«Para el nombramiento del Procurador son deseables los mayores consensos posibles. Pero la realidad demostró que eso no sirvió para nada. ¿O acaso la unanimidad que pudo obtenerse alcanzó para mantener la estabilidad de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó?», se preguntó Espina en relación con la funcionaria quien fue nombrada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y renunció a su cargo durante la administración de Mauricio Macri.
No obstante, opinó que «en una república la vitalicidad de los cargos no debe ser la regla, sino la excepción», aunque aclaró que «el mandato del procurador no debe coincidir con los cuatro años del gobierno de turno porque no puede ser un apéndice del Poder Ejecutivo».
Además, indicó que «se impone la necesidad de otros resguardos para lograr la legitimidad de un procurador» como «controles internos y externos fuertes orientados a rendición de cuentas de cara a sociedad».
La ex jueza de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Mirta López prefirió no expedirse sobre las mayorías para designar al procurador, aunque aconsejó que «no hay que tenerle miedo a la interacción entre poderes porque hace a la convivencia pacífica».
En cambio, el resto de los expositores se expresaron por sostener el voto de los dos tercios de los senadores presentes en el recinto para designar al jefe de los fiscales.
Néstor Sagüés, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y Nacional del Litoral, profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires y profesor investigador en la Universidad Católica Argentina destacó que la mayoría agravada «es una exigencia indispensable para mantener una Procuración General robusta como cúspide de uno de los órganos fundamentales extra poder del Estado Nacional».
«Si el procurador carece de esos dos tercios su peso político podría relativizarse en grado extremo», insistió Sagües quien, además, se mostró de acuerdo en que el mandato del funcionario «debería prolongarse por un plazo razonable para permitirle desplegar su política en el ámbito criminal», a lo que arriesgó que «una solución entre ocho y doce años resultaría la más aconsejable».
En ese sentido, destacó que «es inaceptable hacer coincidir el período del procurador con el presidencial de cuatro años».
El doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, José Raúl Heredia, reconoció que «las reglas de las mayorías agravadas pertenecen a la Constitución y no a la Ley», pero indicó que la designación del procurador «debería acercarse a la mayoría calificada que se utiliza para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque eso no esté contenido en la Carta Magna».
«La legitimidad de origen debe preservarse cualquiera sea el mandato del procurador», explicó.
La doctora en Derecho, magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en Derecho Público, Marcela Basterra, destacó que «la independencia de un Procurador necesita mayorías especiales para su nombramiento».
«Yendo a la aplicación total del sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal», indicó Basterra y agregó que los dos tercios de los votos deben mantenerse, para luego recordar que «en el único momento en que se dejó de lado en nuestra historia esa mayoría agravada fue en década del ’90» y que eso motivó que «se relajaron los controles democráticos».
Finalmente, el fiscal federal a cargo del área de Investigación de los Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Rafael Toranzos, aseguró que «la figura del procurador es un garante de la seguridad jurídica» y que «la necesidad de los dos tercios» para su designación se condice con que «el procurador fijará las pautas de acciones de la justicia nacional».
«Como es el Senado el que lo designa, que el jefe de los fiscales tenga el apoyo de los dos tercios de las provincias garantiza que el procurador pueda mejorar la política criminal», concluyó.
