Por Arlen Buchara Ricardo Robins
1. Las fugas
El viernes 7 de febrero de 2020 un grupo de manifestantes de la Federación de Organizaciones de Base llegó hasta la Torre Nordlink en Puerto Norte, una zona exclusiva de Rosario. Con banderas y carteles protestaban contra “el monstruo de las sojeras”, como se leía en una pancarta. El principal destinatario era Vicentin y su sede corporativa, ubicada en el octavo piso, frente al río Paraná. “Este modelo de producción extractivista no solo nos envenena sino que no produce alimentos de consumo local. Para peor, tenemos que ser testigos de su quiebra fraudulenta”, denunciaban sin imaginar que las oficinas de la cerealera estaban vacías.
En diciembre, en el medio del cambio de gobierno presidencial, el lugar había sido desmantelado. Sin anuncios y por lo bajo, el mobiliario salió del edificio. Nadie supo del cierre de la sede hasta que llegó un nuevo dueño.
La Torre Nordlink está justo al lado de las Torres Dolphin, en el Puerto Madero rosarino, emblema de la expansión inmobiliaria durante el boom sojero de la primera década del siglo XXI. Mira a la escultura del barquito de papel y al río. Es un edificio vidriado de un tono azul-celeste y tiene la forma de una “L” acostada. Fue inaugurado en febrero de 2010 como un complejo de alta tecnología valuado en u$s 20 millones en el que tendrían sede Sidersa, AGD, Zeni, Matba, Globant y Vicentin.
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El mediodía del jueves 14 de mayo estaba soleado y fresco en Reconquista, norte de Santa Fe. Ocho diputados provinciales de la comisión especial que sigue las denuncias contra Vicentin visitaron el frigorífico Friar de esa ciudad vecina a Avellaneda, la cuna del grupo cerealero nacido en 1929. Friar es una de las 20 firmas que forman parte del entramado que quedó bajo la lupa y cuenta con siete mil trabajadores en total.
Al ingresar a la planta, los legisladores se sorprendieron con las instalaciones modernas, se pusieron trajes sanitarios especiales y, divertidos, se sacaron fotos con las líneas de producción de carne de fondo porque parecían astronautas. Uno de ellos, Carlos del Frade, que además es periodista, tomó notas de las explicaciones del derrumbe inesperado que les dio el CEO Sergio Nardelli. Le llamó la atención la evolución del pasivo del holding con el Banco Nación. “Durante el macrismo, esa deuda pasó de u$s 150 millones a u$s 300 millones”, escribió entre los apuntes del primer informe de la comisión presentado esta semana. En ese tiempo la cerealera multiplicó su facturación, se convirtió en una de las principales del país y utilizó una cuenta del Banco Nación de Reconquista para cobrar los dólares de las exportaciones récord.
La promiscuidad de la relación de Vicentin, aportante a la campaña de Cambiemos, con el directorio del Nación a cargo de Javier González Fraga consta en una denuncia judicial. Un dato alcanza para entenderlo: en noviembre de 2019, cuando Macri dejaba la Casa Rosada y la cesación de pagos era inminente, ese banco público le cedió a la cerealera más de u$s 90 millones adicionales. Le dio 28 créditos que la firma, que ya era morosa, pedía por mail. En un solo día, el viernes 8, le otorgó ocho préstamos de entre dos y cinco millones de dólares cada uno. Una especie de delivery; un Banco Nación Ya!
La comisión de diputados santafesinos busca saber qué pasó con esos créditos y con una venta particular. El 2 de diciembre de 2019, Vicentin Paraguay transfirió el 16,67 por ciento de las acciones del puerto Renova a su socia, la multinacional Glencore. El 3 de diciembre, un apoderado de la empresa creó Nacadie Comercial de Argentina (ya existían otras Nacadie, una en Uruguay y dos en Panamá). El 5 de diciembre la empresa notificó la cesación de pagos a 2.638 acreedores por u$s 1.350 millones bajo el creativo término de “estrés financiero”.
¿A dónde fue el dinero de esa venta de acciones? Una denuncia de acreedores y el propio Del Frade sospechan que se borraron los rastros de esa operación a través de la firma Nacadie, con sede en Reconquista, y de sus gemelas off shore. Cuando el diputado revisó los datos de la Nacadie local encontró en el Boletín Oficial una dirección conocida: Boulevard Hipólito Yrigoyen 298. La misma sede que el frigorífico Friar del grupo.
—¡Loco, estuve en el lugar donde se lavó la guita! – pensó Del Frade al recordar la excursión con trajes espaciales.
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Durante diez años la compañía agroexportadora tuvo oficinas en la Torre Nordlink. Como un correlato físico de la fuga de divisas denunciada, hoy el piso está vacío. Con una decoración fina y sobria, la sede servía para encuentros de mayor reserva y donde solía estar Sergio Nardelli. El corazón y el pulso diario de Vicentín en Rosario estaba a 20 cuadras, en el piso 11 del edificio de la Bolsa de Comercio en calle Paraguay, a metros de la peatonal Córdoba. Desde que empezó la cuarentena las personas que trabajan en esa torre hacen homeoffice. Recién en las últimas semanas retomaron actividades de manera paulatina. Pero a la oficina de Vicentin no va nadie desde hace casi tres meses. Sus directivos respetan la cuarentena en la tierra de la Bolsa de Comercio. No así en las aguas del río. El lunes 23 de marzo, día 4 del aislamiento obligatorio, la Prefectura detuvo a Gustavo Nardelli, una de las principales caras de la compañía navegando en yate por el Paraná.
Vicentin no solo tiene oficinas en la Bolsa de Rosario. En esta década se lanzó a la conquista de la tradicional institución, de la mano de Alberto Padoán, segunda generación de la familia y ex CEO de la empresa. En los 90, Padoán fue candidato nacional en una lista de Domingo Cavallo y en 2009 fue tentado por el senador Carlos Reutemann para competir en las legislativas pero rechazó la oferta porque ya estaba en carrera para presidir la Bolsa. Ese año perdió por cuatro votos. En 2015 ganó la presidencia y la renovó en 2017. Dejó el cargo rodeado de problemas. Además de la causa Vicentin, está procesado en la de los cuadernos de las coimas.
El periodista Mariano Galíndez cuenta que la figura de Padoán fue resistida por establishment económico local. “Llevaron a los viejos que hacía años que no votaban, como cuando dicen que llevan a la gente a votar en colectivos, bueno pero en autos importados- recuerda-. Cuando Padoán estuvo afuera fue innovador e hizo lugar a gente joven. El problema fue cuando asumió como presidente: la volvió una unidad básica de Cambiemos. La Bolsa siempre se había cuidado de no quedar asociada a un partido político”.
Este jueves 11 de junio, el actual presidente de esa institución, Daniel Nasini, hizo público el malestar con los directivos de la cerealera por los millones que deben a distintos eslabones productivos: “Ninguno se acercó a la Bolsa. Indudablemente hay una negación a dar explicaciones”, dijo a Radio 2.
2. El pueblo y la fábrica
El martes a la tarde en Avellaneda (en el norte de la provincia, en la ciudad donde nació y tiene sede Vicentin, la empresa familiar casi centenaria, síntesis del esfuerzo del hombre de campo, un pedazo de patria –por qué no–), los vecinos resistieron la intervención a la cerealera y una integrante de esa familia agradeció entre llantos la pueblada que frenó al “neochavismo”. Al mismo tiempo, en San Lorenzo (al sur de la bota, donde está la planta más importante del grupo, con molienda de soja y maíz, un punto gris del cordón industrial devenido en polo sojero), 500 trabajadores celebraban la intervención del Estado para proteger los puestos de trabajo.
Las escenas cruzadas transcurrieron 24 horas después del anuncio de Alberto Fernández. Solo una de esas manifestaciones tuvo alcance nacional, la que impidió al enviado de la presidencia entrar a Vicentin. Un solo video viralizado eclipsó las evidencias de un fraude multimillonario al Estado. Fue el video en el que Liliana Hacen, nieta de un fundador de la compañía cuya deuda ($ 99.345 millones) equivale a 159 presupuestos de esa localidad de 30 mil habitantes. Vestida de blanco, con la bandera argentina como capa y parada sobre una camioneta, le dice a su gente: “Gracias por estar acá, por defender nuestra empresa y nuestra historia”. Antes de quebrarse y llorar mientras la aplaudían, dijo que habrá resistencia y hasta una carpa si hace falta.
Si Vicentin es Avellaneda, la intervención es contra todo el pueblo. El intendente Dionisio Scarpín lo tradujo en su arenga: “No podemos permitir que nos roben”. Otra vez el centralismo porteño contra el interior profundo. Los “k” contra “el campo”. Al otro día se sumaron las cacerolas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Fue como arar sobre la huella de la vieja disputa por la resolución 125 de retenciones móviles. Recién el jueves al mediodía la intervención pudo concretarse y a la tarde Alberto Fernández buscó bajar el tono en una reunión con el CEO Sergio Nardelli, hermano de Gustavo, el del yate.
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Faltan diez minutos para las cuatro de la tarde. En la puerta de la planta de Vicentin de San Lorenzo, en el Gran Rosario, los pájaros saltan de los árboles verdes que se recortan del cielo azul hacia el pavimento sembrado de porotos y granos. Más que comer, esos gorriones y palomas parece que se divierten. Ese vaivén sería relajante si no fuera por el chistido de las turbinas y el tambor de los motores; sería entrañable sin el aroma ácido de la molienda y el aceite.
En el cartel de ingreso dice “Vicentin Saic” sobre una imagen de girasoles desteñidos. “Todo tranquilo”, dice el empleado de la recepción antes de aclarar que nadie de la empresa hablará y pedirnos que despejemos la zona.
Salen los primeros cuatro trabajadores del “Complejo portuario” con cascos y barbijos. Unos prefieren no hablar de la posible expropiación. “Nos deben varios sueldos”, suelta otro. El delegado sindical Eusebio Mareco explica el malestar: “En diciembre nos dejaron de pagar la totalidad del salario”.
“Nunca dejamos de trabajar, salen los barcos con soja, harina o maíz. Pero nos vienen pagando un 70 por ciento del salario. Tampoco nos dieron el bono de fin de año de $ 50 mil ni la paritaria. Nos deben entre $150 mil y 200 mil a cada trabajador”, agrega Mareco.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea), Pablo Reguera, con presencia en el sur provincial, desmiente que la firma haya mantenido las fuentes laborales. “De las dos mil personas que trabajaban en la planta de San Lorenzo, más la de Ricardone, quedó la mitad. En diciembre se sacaron de encima a todos los contratados y a los tercerizados. Quedaron solo los de planta, mil personas en total. No solo estamos de acuerdo con la intervención, la pedimos porque corrían riesgo los puestos”, resalta.
En la fábrica de Avellaneda, donde se dieron las manifestaciones contra la intervención, existe otro sindicato. Dionisio Alfonso, el secretario de ese gremio, afirma que apoyan la medida del gobierno. Esa planta del norte tiene unos 200 trabajadores y 166 son aceiteros. Él no lo dice pero los empleados entrevistados por los medios nacionales en la protesta son los 30 y pico de administrativos y jerárquicos. “Ya veníamos con una situación complicada. En 2019, antes de la cesación de pagos, se perdieron entre 40 y 50 puestos, por presiones, retiros voluntarios y cinco despidos. Además, la empresa dice que es familiar, que son de acá y no se van a ir. Pero no olvidamos que en 1999 cerraron la fábrica y se llevaron todo a San Lorenzo porque era más rentable.”
3. El campo, los campos
—Si permitimos la estatización habilitamos al gobierno a seguir con esta modalidad en otros ámbitos del país. Es una falta de respeto a la propiedad privada, algo que debería ser intocable siguiendo la Constitución Nacional.
María Beatriz “Pilu” Giraudo es quinta generación de productores agropecuarios del centro-oeste de Santa Fe, en la zona de Zenón Pereyra. Su familia es una de las perjudicadas por los manejos de Vicentin. Ella es crítica: le parece inadmisible que la empresa haya comprado producción hasta el día antes de entrar en convocatoria de acreedores y que el Banco Nación le haya dado semejantes créditos. Giraudo tiene 50 años y hace 20 vive en Venado Tuerto. Es ingeniera agrónoma y es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), una organización dedicada a que la producción sustentable, el desarrollo tecnológico y la articulación público-privado.
Para Giraudo esa articulación no significa nunca estatización. Cree que en este conflicto el gobierno tendría que haber esperado: “Vicentin había vuelto a trabajar, podía hacer arreglos y el juez tenía que tomar la determinación”. Habla pausado, tiene la convicción de que el Estado no debe meterse en los negocios agropecuarios y considera una intervención como algo obsoleto.
No le gustan caer en comparaciones con Cuba o Venezuela, dice que se abstrae de las ideologías políticas partidarias. Cuando vio la movilización en Reconquista y Avellaneda en apoyo de Vicentin se emocionó. Le pareció una defensa genuina del trabajo, la propiedad privada y el interior del país. “Ellos son las verdaderas fuentes de trabajo y los primeros que salieron a defender a la compañía. El gobierno argumenta cosas que no va a cumplir. Tenemos un montón de ejemplos de cómo fallan estas compañías en manos del Estado y cómo cambian cuando están en manos de privados.”
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La planta de Vicentin en Ricardone está a unos kilómetros hacia el oeste de la principal, la de San Lorenzo, la que está frente al río. Las conecta una ruta agrietada que se rellena con el cereal derramado, como una brea ocre. En Ricardone, el ingreso de camiones no se detiene este miércoles a la tarde pese a la crisis por el concurso y la transición directiva. Javier, 32 años, chofer de una transportista del sur provincial, espera para descargar la soja que cargó en la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA) de Venado Tuerto, una firma que podría aportar el know how en una eventual empresa estatal o mixta bajo el control de YPF Agro.
Javier tiene turno para descargar desde las 18 y hace tiempo en la banquina de la A012. Dice que el movimiento sigue normal pero aclara que la empresa cerró otra playa de camiones ubicada detrás de esa. Al mediodía, cuando cargó cereal en ACA (acreedora de Vicentin por $ 4.929 millones) el encargado le avisó de su destino.
—¿A dónde tengo que ir hoy?
—Te toca Vicentín.
—¿Estás seguro? ¿Y por quién preguntó: por Cristina, por Alberto o por el viejo Vicentin?
—Decí que venís de ACA, que somos socios.
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De los 2.600 acreedores que plantó Vicentin, más de 1.800 son proveedores de granos. Nicolás Galli es vocero del grupo Sumando Cabezas, que reúne a cien afectados por el “estrés financiero”. Son productores, acopiadores y cooperativas de la región. “La intervención del Estado nos da la esperanza de cobrar, que con Vicentin eran pocas. Pero aunque nos beneficie estamos en contra de la medida -dice, atravesado-. Vicentin nos hizo de goma pero esta no es la forma.”
La cadena productiva de la región quedó dañada. El productor que tiene campo y no cobró, ahora lo alquila porque se quedó sin fondos para la nueva campaña. El que tiene máquinas, en lugar de trabajar la tierra presta el servicio para otros, explica Galli. Ese daño se extiende a proveedores, al almacenero, a la vida interna de los pueblos.
En algunos casos, el daño puede ser mayor pero aún no explotó. “Ahora estamos con la última cosecha pero a medida que nos alejemos y pasen los meses se acabará el crédito”, adelanta Esteban Motta, dirigente de “Bases federadas” de Federación Agraria (FAA). La dinámica que entró en riesgo es la siguiente: el productor chico le da la cosecha a una cooperativa y esa institución intermedia se la entrega a Vicentin, que a su vez exporta o la vende a un exportador.
“Eso funciona como un cadena de confianza hasta que el productor dice que quiere vender. Lo que pasó con Vicentin a fin de año fue un quiebre: los dueños de los granos dieron la orden de vender pero no cobraron el dinero ni les devolvieron el cereal. Entonces las cooperativas cubrieron eso y le pagaron al productor pero quedaron endeudadas y muchas necesitan cobrar. Si se caen, se funden los pueblos”, explica el hombre de Piamonte, en el centro-oeste de la provincia.
Temerosos por el cambio de gobierno, muchos salieron a vender los granos y hacerse de dólares. Pero en el campo, como en el océano, el especulador más grande se come al más chico, y les tocó perder. Alcanza con recorrer el mapa digital que realizó el periodista Juan Chiummiento para entender la dimensión del problema. Así y todo, el sector agropecuario no apoya el anuncio del gobierno. Un viejo dirigente agropecuario lo resume: “Estoy de acuerdo con la expropiación pero no lo puedo decir porque me quedo sin las bases”.
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Cuando el lunes Ana Galmarini vio el anuncio de Alberto Fernández hizo un brindis virtual con sus compañeras de Mujeres en Lucha (MEL).
La organización nació en los 90 para impedir remates de tierras de pequeños y medianos productores. La medida de fuerza era simple: cantar el himno nacional. Durante el Plan de Convertibilidad quienes habían apostado a la “revolución productiva” sacaron créditos para comprar maquinarias agrícolas pero lo que no sabían era que un préstamo de 30 mil dólares en seis meses pasaba a ser una deuda de 500 mil. El Banco Nación hipotecó 140 millones de hectáreas. Galmarini recuerda que los hombres estaban encerrados y avergonzados por las deudas que arrastraban. Lucy De Cornelis, productora de La Pampa, fue hasta la radio del pueblo y contó la situación. “Clarín en ese momento no mentía tanto y sacó una tapa con el tema. A partir de ahí nos organizamos las mujeres de distintas provincias para frenar los remates”, cuenta.
Con el anuncio de Vicentin, la referente de MEL ve la oportunidad de que el mercado agropecuario empiece a ser regulado, algo que ya reclamaron en los 90. Para ellas fue el Estado el que las estafó. “Logramos conservar nuestras tierras, pero no impedimos la concentración que es lo que genera exclusión. Ojalá hubiese habido un Estado que interviniera. El modelo productivo sería otro.” Imagina que esa regulación permitiría establecer un precio mínimo en origen para los productores, algo que las multinacionales no dan, y una forma de terminar con la especulación. Todo, con el apoyo “fundamental” de las cooperativas.
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En agosto de 2016 las sociólogas Carla Gras y Valeria Hernández publicaron Radiografía del nuevo campo argentino: del terrateniente al empresario transnacional (SigloXXI). El libro analiza cómo cambió la burguesía agraria, la forma en que se piensa a sí misma y su rol en el desarrollo del país, y la construcción de hegemonía presentándose a la vanguardia de la innovación tecnológica.
“El campo” es heterogéneo. Implica un entramado de actores que van desde megaempresas globales, empresarios nacionales medianos y franjas de agricultura familiar. En la región pampeana se combina la propiedad con el arrendamiento. El agroempresariado está compuesto por el productor más tradicional con capital familiar. La potencia que tuvo el conflicto de la 125 no se explicaría sin este terrateniente con fuerte presencia territorial. A este productor se suma otro actor, el emprendedor o “el neorural”, y en los 2000 aparecen las articulaciones más estrechas comerciales, financieras, tecnológicas entre productores de gran tamaño con exportadores. Y la concentración se hace cada vez mayor.
Para Gras, una constante que aparece en el sector es el rechazo a la intervención del Estado. “A lo largo de la historia se pensaron a sí mismos como un sector al que la Nación le debe todo. Son los que sacan al país de las crisis, los que traen las divisas, los que producen sin pedirle nada a nadie. Se piensan como una actividad a la que el Estado les saca ganancia todo el tiempo. Hay una palabra muy usada en relación a los impuestos o retenciones: son confiscatorios. Es muy fuerte la idea del libre mercado y de propiedad privada”.
4. El tramposo, el renegado y el contrabandista
Tampoco hay una sola Vicentin, sino muchas. La “empresa familiar” tiene hermanos en los países vecinos. Está Vicentin Paraguay: una oficina con seis empleados, sin galpones o puertos pero que factura 200 millones de dólares al año, según resumió el diputado Del Frade. Existe Vicentin Uruguay, firma clave en las maniobras de triangulación de soja que denunció Claudio Lozano. También Vicentin Brasil y hasta Vicentin Europa. Incluso le nacieron primos lejanos no reconocidos en el Caribe, en las cuevas financieras de Panamá (Nacadie Overseas y Nacadie Comercial).
El jueves a la mañana en el bar El Cairo, célebre por las reuniones de Roberto Fontanarrosa en la “Mesa de los galanes”, se presentó el primer informe de la comisión especial de diputados provinciales que lidera Luis Rubeo. Fue en las horas previas a la reunión del presidente Fernández con el Ceo de Vicentin. “Creo que Nardelli fue a buscar impunidad en esa reunión. Impunidad a los delitos de lavado de dinero y estafa”, soltó Del Frade ante la mirada tensa de sus colegas, de todas las fuerzas políticas.
En paralelo en Buenos Aires, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la causa que ya investiga desde febrero el fiscal federal Gerardo Pollicita, y que tiene como imputados a González Fraga y a los directivos de la empresa. La UIF sumó a Macri como responsable político de las maniobras, y sospecha que la cerealera usó el estado de “estrés financiero” para fugar y lavar dinero. Una acusación grave o un guiño del destino. Uno de los tentáculos dispersos del grupo, la bodega Vicentin Family Wines creada en 2011, presentó a fines de 2018 una línea de vinos popular con tres variedades para elegir: se llaman “El Tramposo”, “El Renegado” y “El Contrabandista”.
Mientras las denuncias y el proyecto de expropiación avanzan, la intervención nacional a la empresa es un hecho. La caída de Vicentin era (es) una amenaza para toda la pampa húmeda y el norte provincial, que ya conoce de vaciamientos. En la década de 1960 la compañía inglesa La Forestal cerró sus fábricas después de haber talado casi el 90 por ciento de los bosques de quebracho de Santa Fe y Chaco, con un proceso de desertificación y un daño ecológico calculado en 3.000 millones de dólares. La empresa había llegado al país en el siglo XIX y se convirtió en la primera productora de tanino a nivel mundial. Fundó 40 pueblos, puertos, 400 kilómetros de vías y 30 fábricas. Al retirarse del país cerró las ciudades que había fundado. Miles de trabajadores se quedaron sin empleo.
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