El personal de varias empresas de aplicaciones se concentrará frente al edificio de Perú 130 desde las 10 para oponerse a la votación del proyecto de ley que procura regularizar las tareas en el sector, indicó un comunicado de prensa firmado por los trabajadores Laura Cáceres y Facundo Pico.

Cáceres, trabajadora de Pedidos Ya, afirmó esta noche que el sector se manifestará mañana porque «no le queda otra», a partir de que en la actividad «no existen derechos garantizados, las empresas no consideran al personal como trabajador sino como colaborador y la ley propuesta fue redactada a espaldas de los empleados y procura legitimar esa forma de precarización».

En un comunicado, añadió que «los trabajadores de las apps están obligados a adquirir sus propios elementos de labor y hasta los barbijos», y denunció que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fundamenta la iniciativa en que «se trata de una regulación vial, pero es solo precarización».

Pico, trabajador de Rappi, aseguró que «la precarización laboral tiene consecuencias, porque ya son 7 los empleados que fallecieron», y añadió que ni «el gobierno porteño ni el Ministerio de Trabajo se hacen cargo de esa realidad, y permiten que las empresas internacionales hagan lo que quieran, incluso para evadir las leyes laborales vigentes y el pago de los impuestos».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof aseguró este miércoles que trabajará junto a los gremios para que los efectos económicos de la pandemia «tengan el menor impacto posible en los trabajadores» de la provincia de Buenos Aires.

«Es comprensible y compartimos la angustia y preocupación que sienten los trabajadores ante la situación que estamos atravesando», sostuvo Kicillof durante una teleconferencia que mantuvo con referentes sindicales con el fin de analizar la situación económica y social y las necesidades particulares de cada sector para la pospandemia.

Según informó la Gobernación, allí expuso que «vamos a trabajar todos juntos para que los efectos económicos y productivos de la pandemia, tengan el menor impacto posible en los trabajadores de la Provincia».

El gobernador estuvo acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el titular de ARBA, Cristian Girard, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Tambin se convers sobre los protocolos que debern ser implementados

Durante el encuentro también se conversó sobre los protocolos que deberán ser implementados por cada uno de los sectores, para el cuidado de los trabajadores, una vez que se retome la actividad.

De la videoconferencia participaron: Roberto Baradel (SUTEBA); Verónica Bethancour (CONADU); Juan Vitta (CTA); Antonio Caló (CGT); Francisco Gutiérrez y Abel Furlán (UOM); Hugo Godoy (CTA); Ricardo Peidro (CTAA- AAPM); Claudia Baigorra (CTAA- CONADU Histórica); Héctor Daer (CGT); Sergio Oyamburu (ATSA); Miguel Zubieta (SSP); Néstor Genta (ATSA); Ricardo Romero (ATSA); Héctor Azil (ATSA) y Hugo y Pablo Moyano (Camioneros).

También lo hicieron Miguel Díaz (UDOCBA); Mario Manrique (SMATA); Juan Brey (Aeronáuticos); Pablo Micheli (CTA); Dora Martínez (CTA Autónoma Nacional); Andrea Duarte (CTA); Gerardo Martínez (Construcción); Andrés Rodríguez (UPCN); Carlos Acuña (CGT), y Sergio Palazzo (Bancarios), entre otros.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmaron hoy un convenio por un monto de un millón de dólares, en el marco del Programa de Asistencia Financiera, que serán destinados a enfrentar la pandemia de coronavirus y fortalecer los sistemas de salud provinciales.

Batakis, quien suscribió el acuerdo en representación del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, señaló que «hemos gestionado y obtenido financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en tiempo récord, contemplando la emergencia actual y la necesidad que tienen las provincias de contar con los recursos», se informó en un comunicado de esa cartera.

«Por tal motivo, hoy ya estamos en condiciones de firmar los convenios con las 24 jurisdicciones y comenzar con la etapa de desembolsos», agregó la funcionaria luego de encuentro, del que también participó el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera.

Por su parte, Arcioni agradeció las gestiones del ministro Wado De Pedro y destacó que «recibir un millón de dólares es muchísimo dinero que nos posibilitará afrontar la actual situación que atraviesa la provincia».

El financiamiento acordado permitirá a Chubut el mejoramiento de instituciones hospitalarias, equipar las terapias intensivas de hospitales de cabecera y avanzar con una gestión integral con el Instituto Malbrán para que los laboratorios de los hospitales provinciales puedan analizar muestras y detección temprana del virus, entre otras acciones

El Programa de Asistencia Financiera para la Emergencia Sanitaria es una herramienta de apoyo a las estrategias implementadas por provincias y municipios para enfrentar la emergencia generada por la Covid-19, y cuenta con recursos que ascienden a un total de 65 millones de dólares.

Esos fondos provienen de préstamos acordados con organismos multilaterales de crédito, el Banco de Desarrollo, antiguamente la Corporación Andina de Fomento, y el FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata) y recursos del Gobierno nacional.

Además, a través del Decreto 352/2020, el Gobierno implementó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial, con un total de 120 mil millones de pesos para distribuir, conformado por partes iguales por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizados por el Ministerio del Interior, y recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a través del Ministerio de Economía.

La Cámara Federal porteña deberá definir cuál será el juez que quedará a cargo de investigar la causa por las presuntas presiones sobre magistrados ejercidas por la “mesa judicial” de Cambiemos, luego de que hoy la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara tramitarla en su juzgado.

El caso tramitaba hasta la semana pasada en el juzgado de Sebastián Ramos, impulsado por el fiscal Ramiro González, pero la semana pasada el juez había decidido inhibirse y remitirlo al tribunal que encabeza Capuchetti, tras detectar que allí tramita una causa anterior sobre presiones a jueces laborales.

El criterio utilizado por Ramos fue el mismo que había aplicado la Cámara Federal porteña cuando determinó que fuera ese juez y no el magistrado Daniel Rafecas quien tramitara la causa, porque la primera denuncia contra la mesa judicial había llegado a su juzgado.

Sin embargo, la jueza Capuchetti sostuvo que no le correspondía quedarse con la causa que investiga las supuestas presiones indebidas que Cambiemos habría ejercido sobre la justicia porque, a pesar de tener un expediente anterior, el caso en el que intervino Ramos estaba más avanzado y tenía un objeto procesal más amplio, indicaron fuentes judiciales.

En ese contexto, el tribunal de apelaciones será ahora el encargado de determinar en qué juzgado queda radicada la causa que tiene entre los investigados al ex presidente Mauricio Macri, a su jefe de gabinete Marcos Peña y a otros ministros y dirigentes ligados a Cambiemos con nexos con el poder judicial, como el ex presidente de Boca Daniel Angelici.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada «mesa judicial» durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del ex presidente Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750 que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como «responsables de los hechos» a los funcionarios «de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri», que integraron lo que públicamente se conoció como «la mesa judicial» de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al ex Presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Angelici.

En la causa, también quedó imputado el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de que el juez Luis Raffaghelli declarara como testigo que en marzo de 2016 el entonces funcionario visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon “la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica», lo que fue entendido como un intento injerencia indebida.

En el caso de Peña, fue imputado por el fiscal González luego de que se aportaran al expediente elementos de prueba que lo sindicarían como quien convocaba a las reuniones de la “mesa judicial” que ahora es investigada por la justicia.

La secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que el proyecto del Gobierno para legalizar el aborto «está listo», y que el objetivo del mismo es impedir «muertes evitables de mujeres», ya que hoy se atraviesa en el tema «el peor de los mundos».

«Está listo el proyecto de legalización del aborto, y en el tema está todo bastante inventado y debatido. En ese sentido, lo ha expresado el Presidente (Alberto Fernández) mucho mejor que yo, queremos evitar muertes de mujeres evitables», afirmó Ibarra anoche en una entrevista con América TV.

En esa línea, expresó que «hoy estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles», además de apuntar que «las mujeres mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel”.

La funcionaria no adelantó la fecha en la que se enviará la iniciativa al Congreso, pero insistió en que la intención oficialista es «cambiar ese estado de las cosas, que sucedan la menor cantidad de abortos, por eso creemos mucho en la ESI (Educación sexual Integral)».

Asimismo, destacó la ley de Matrimonio Igualitario en el país, la norma que reconoció en Argentina al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que hoy se cumplen 10 años, y de la que fue su principal impulsora.

“Sectores de homofobia aún hay, los vivimos, existen y se padecen mucho, pero creo que la sociedad argentina no es mayoritariamente así», indicó y subrayó que «hay sectores conservadores que tienen más resistencia a los cambios sociales, pero mayoritariamente la Argentina tiene una población muy atenta a los derechos”.

Hay sectores conservadores que tienen más resistencia a los cambios sociales, pero mayoritariamente la Argentina tiene una población muy atenta a los derechos”

En ese sentido, la funcionaria rememoró que se dio «una batalla muy hermosa por esa ley, que no le hace daño a nadie, solo reconoció derechos que le habían sido negados a gente durante mucho tiempo».

Por otra parte, sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó que, «por suerte, en democracia, cuando la gente elige le pone la lapicera en la mano a un Presidente, y, por supuesto, Cristina es una persona importante en este Gobierno, ella tenía un caudal de votos muy importante, y lo tiene».

«Es la famosa frase que decía Alberto ‘sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza’. Esta coalición que lograron hacer decidió nominar a Alberto Fernández como Presidente, y por suerte tiene un muy buen diálogo con una vicepresidenta que es una gran representante de un sector importante”, agregó.

Respecto de la situación de la agroexportadora santafesina Vicentin, la funcionaria sostuvo que «no es una política de este Gobierno la expropiación», y dijo que solo «es una medida que está dentro de las leyes y la Constitución».

Agregó que «ante una situación de posible pérdida de trabajo para muchos trabajadores, y con un alto poder en materia de agroexportación, se entendió que había que tratar de mantener las fuentes de trabajo».

Finalmente, admitió que ante «un grupo empresario con enormes dificultades económicas, con una sospecha muy alta de vaciamiento y con créditos muy altos tomados del Estado nacional, probablemente, no se pudo comunicar como correspondía lo que se quería hacer”.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, será este miércoles la oradora central de la Conferencia Mundial de Trabajo Social, que se realizará de manera virtual en el marco de la pandemia de coronavirus, informaron hoy fuentes oficiales.

«Se trata de una colega que ha dado un espaldarazo muy fuerte al trabajo social en la Argentina. Alicia (Kirchner) apoyó la sanción de la Ley que conocemos como la 27.072, sin su apoyo político hubiera sido imposible lograrlo porque el trabajo social luchó por más de seis décadas por esa ley y con su apoyo político logramos que se presentara el proyecto, se debatiera y se sancionara», informó en una comunicación oficial Silvana Martínez, presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS).

«De 2020 a 2030: La Agenda Global de Trabajo Social: Construyendo Transformación Social» es el título del Congreso del que la gobernadora Kirchner será la principal oradora y que según se informó, cuenta con más de 13.000 participantes inscriptos, entre estudiantes, trabajadores y trabajadoras sociales e interesados en la temática.

«Un Nuevo Liderazgo. La Deconstrucción de la Reconceptualización del Trabajo Social» es el título de la ponencia que hará la mandataria santacruceña, a la que se podrá acceder registrándose en el sitio de la FITS.

Martínez hará la presentación y bienvenida del Congreso mañana a las 12 y luego será la apertura a cargo de la gobernadora Kirchner, con un espacio de intercambio previsto de 45 minutos para la instancia de preguntas con traducción en simultáneo.

La dirigente internacional valoró la participación de la gobernadora, que consideró «un reconocimiento merecido, por el trabajo que hizo en todos los espacios que se desarrolló como política y como trabajadora social».

Alicia Kirchner, «desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cambió el paradigma de las políticas sociales. Es muy importante que mañana esté abriendo el Congreso», agregó. Y sostuvo que «la lucha histórica colectiva se pudo materializar por el apoyo político de Alicia».