La agrupación Memoria Activa realizó un acto en redes sociales por el 26° aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, en el que exigió «justicia» y advirtió que «desde las esferas más altas» del gobierno de Mauricio Macri «se procuró, de cualquier modo, salvar a sus amigos de la condena que merecen».

En un documento leído por Diana Wassner, la agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA apuntó a la exvicepresidenta Gabriela Michetti por reprochar al entonces titular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, porque «le había ido mal» en una indagatoria al exfiscal José Barbaccia, acusado por encubrimiento del hecho.

«`No estás actuando como nos dijiste.¿Me podés explicar?’, fueron las palabras de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti al entonces titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla», según sostuvo el documento.

«Desde las esferas más altas del gobierno de Macri se procuró, de cualquier modo, salvar a sus amigos de la condena que merecen», advirtió Memoria Activa en el documento leído tras la emisión de un video durante un acto transmitido por videoconferencia en fuención de las limitaciones impuestas por aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

«Además de la larga lista de funcionarios que acudían a la sala de audiencias en apoyo a los imputados (en la causa de encubrimiento), nos preguntamos de qué otras maneras se actuó desde el gobierno de Macri y su Ministerio de Justicia para presionar a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, para conseguir las absoluciones de algunos de los imputados», señaló Wasser.

En otra parte del documento, la organización dijo que «la Unidad Fiscal Especial UFI AMIA pelea en protagonismo por los retrocesos del último año» y lamentó que siga a cargo del fiscal Sebastián Basso, «sobrino de una de las partícipes del encubrimiento, la ex camarista federal Luisa Riva Aramayo».

Memoria Activa también señaló que «tras seis meses de comenzado» el gobierno del presidente Alberto Fernández «tuvimos una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti».

«En esta reunión señalaron que el tema AMIA se encuentra en la agenda del Poder Ejecutivo y que actualmente trabajan en el proceso de reestructuración de la Unidad ministerial con el fin de dotarla de recursos para que funcione como auxiliar de la justicia y recobre un trabajo conjunto, tanto con las querellas de familiares como con la Unidad Fiscal», reportó la organización sobre el encuentro que mencionó.

En ese sentido, agregó: «Si bien nos resulta positiva la propuesta, aún no hemos visto ningún tipo de avance en este sentido».

Y aclaró: «Si bien somos comprensivos del contexto desconcertante de una pandemia de coronavirus, también sabemos que la causa AMIA lleva 26 años de impunidad y que no pueden demorarse más».

Por otra parte, sostuvo que la dirigencia comunitaria nunca buscó la verdad», aseguró que «tampoco les interesa que haya justicia» y advirtió que «esa dirigencia comunitaria nunca nos representó ni nos representa, aunque lamentablemente son los primeros en ser recibidos ante cada nuevo gobierno para hablar, sin legitimación, en nombre de todas las víctimas».

«Hoy no sabemos mucho más del atentado que lo poco que sabíamos en las semanas inmediatamente posteriores al hecho», advirtió el documento leído en el acto, y afirmó que aún «no hay condenas; no hay culpables».

La entidad manifestó que «seguimos igual, sin verdad y sin justicia» y exigió «justicia» por los 85 muertos y más de 300 heridos en el ataque.

«La impunidad no fue algo que surgió espontáneamente. La impunidad la construyeron funcionarios públicos y dirigentes comunitarios inescrupulosos», advirtieron los familiares en el documento.

«Repudiamos las amenazas de muerte que recibió esta madrugada la presidenta de @PrensaMadres Hebe de Bonafini. Al tomar conocimiento del hecho nos comunicamos con ella para ponernos a su entera disposición y manifestarle nuestra solidaridad», escribió la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Matías Facundo Moreno, cuyo padre, Carlos Moreno, abogado laboralista, fue torturado y asesinado durante la última dictadura militar.

 

Por su parte, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, tuiteó «toda la solidaridad con Hebe #ConLasMadresNo».

El intendente de Avellaneda, Jorge Horacio Ferraresi, repudió en las redes sociales «las cobardes amenazas contra la querida Hebe y nuestras Madres. Sabemos que nada ni nadie podrá amedrentarlas. ¡Fuerza Madres! #ConLasMadresNo».

Por su parte, el gremio docente de Suteba expresó su repudió lo sucedido y consideró en un comunicado que «estos hechos de absoluta violencia no pueden suceder nunca más en nuestro país».

«Siendo alrededor de las dos de la madrugada, fui amenazada de muerte a través del porteño eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. ‘Para que te calles te vamos a matar’, me dijeron», relató Bonafini, a través de un comunicado de prensa difundido por la Asociación que encabeza.

En ese sentido, relató que «siendo las 5.15 de esta misma mañana, sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, ‘te vamos a matar para que te calles'».

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata denunció que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, requerido por la Justicia argentina por delitos de lesa humanidad y localizado ayer en Berlín por un diario alemán, recibió «durante años» una pensión honorífica como veterano del conflicto bélico de 1982 con Gran Bretaña, «sin haber pisado» las islas del Atlántico Sur durante la contienda.

A través de un comunicado, el Cecim señaló que Kyburg «fue incorporado al padrón de Veteranos de Guerra por la Armada argentina que a partir del 30/09/94 por disposición del Consejo Superior de Oficiales de la Armada, transcurridos 12 años de la guerra de Malvinas», pero que tras presentaciones formuladas ante la Justicia, el pago de pensión quedó «suspendido».

«En dicha resolución incorporaron a varias dotaciones de barcos de la marina considerándolos como Veteranos de Guerra que pasaron a engrosar injustificadamente el padrón que se duplicó a partir de esa fecha», remarcaron los excombatientes.

El exmarino, prófugo de la Justicia «se había desempeñado como teniente de navío en el destructor ARA Santísima Trinidad durante el conflicto con el Reino Unido, pero jamás pisó las Islas Malvinas ni tampoco participó de ninguna acción de combate».

No obstante, Kyburg solicitó, «como tantos otros cientos de represores», los beneficios que originariamente habían sido otorgados a quienes combatieron en Malvinas.

«En el año 2015 desde el Cecim La Plata denunciamos ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) un extenso listado de militares represores que estaban procesados o condenados, entre los que se encontraba Kyburg».

En esa nómina aportada por el Cecim de La Plata figuraban «apropiadores de bebes, pilotos de los vuelos de la muerte, torturadores de los campos de exterminio y represión y los verdugos de Malvinas como ‘Veteranos de Guerra’”.

Kyburg, prófugo de la justicia argentina desde 2013 y que en las últimas horas fue identificado por el periódico alemán Bild en Berlín tiene 72 años de edad, fue segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos de Mar del Plata, y al tener un pedido de captura internacional, la Justicia le trabó un embargo que le hizo perder el beneficio de percibir la pensión como veterano de guerra.

Kyburg está imputado por haber participado en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata, tiene un pedido de captura internacional, pero posee ciudadanía alemana, lo que dificulta su extradición.

Los integrantes del Cecim aseguraron que el fiscal Gabriel de Vedia a cargo de la Ufises detectó que Kyburg cobraba «el beneficio que otorga una pensión “Honorifica” también a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria», y que ese beneficio «fue suspendido por órdenes judiciales».

Sin embargo, los representantes legales de Kyburg presentaron recursos para que dicho beneficio sea reanudado, pero esos pedidos no prosperaron, sostuvieron los excombatientes.

«Según los registros del Cecim La Plata hay cientos de represores ‘honoríficos’ que mantienen los beneficios otorgados por la pensión nacional que administra la Anses como así también la otorgada por el Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, IPS», aseguraron los veteranos de guerra.

En ese sentido, desde el Cecim reclamaron una y otra vez la revisión necesaria de los beneficios que se otorgan de pensiones ‘honorificas”, al considerar que ningún acusado por violaciones a los derechos humanos puede recibir beneficios por parte del Estado.

El Gobierno nacional empezó a trabajar en la «etapa de la recuperación» con medidas para la pospandemia, señalo hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien anunció que esta semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso la ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019 con el objetivo de «institucionalizar herramientas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)».

«Se incorporarán todas las medidas de cuidado de la salud y de ayuda a la gente y las empresas» en el marco de la lucha contra el coronavirus, precisó el funcionario en una entrevista con la TV Pública y sostuvo que «ahora viene la etapa de la recuperación económica».

Cafiero afirmó que «vamos a estar enviando esta semana al Congreso la ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019 para terminar este año. Se incorporarán las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y a las empresas con los créditos blandos y moratorias que estamos implementando», adelantó el jefe de ministros.

El funcionario aseguró que en septiembre el Gobierno enviará el proyecto de ley del Presupuesto 2021 al Congreso y confirmó que «no habrá presupuesto 2020 porque el que estaba elaborado por el anterior Gobierno estaba mal hecho y con valores distorsionados».

«Fue un proyecto hecho antes de que reperfilaran los vencimientos de deuda. Cuando llegamos el presupuesto ya venía sin equilibrio macroeconómico y habían postergado y pateado los problemas para este año», observó el funcionario.

En ese sentido, dijo que «era un presupuesto que tenía un modelo de país orientado a la especulación financiera» y, en cambio, el actual proyecto «vuelve a tener la inversión pública, tenemos que recomponerla».

El funcionario, al analizar la pospandemia y la estrategia económica, sostuvo que «la ley de Moratoria que se está tratando en el Congreso es una de las medidas de recuperación que enviamos para que se debata, porque son herramientas necesarias para recuperar la producción y el empleo».

«La Moratoria es un alivio de gran envergadura. Se va a dar el debate y esperamos que se apruebe», manifestó, y confirmó que el próximo 30 de julio se presentará en la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión.

El proyecto de ley de Moratoria para reestructurar el pago de deudas impositivas y previsionales que se encuentra en la Cámara de Diputados fue enviado por el Poder Ejecutivo y prevé, entre otras cuestiones, la posibilidad de cancelar los incumplimientos existentes hasta el 30 de junio pasado, dentro de un rango de entre 60 y 120 cuotas.

Fuentes parlamentarias informaron el jueves pasado que la iniciativa obtendrá dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados probablemente el martes próximo.

Por otra parte, el jefe de Gabinete consideró que «hoy la sociedad le pide a la dirigencia política responsabilidad y certezas, más allá de cualquier color político, y por eso, el Presidente va a seguir dialogando y coordinando las políticas».

«El coronavirus va a pasar, aunque nadie sabe cuando. Pero tenemos que conservar nuestras esperanzas. En vez de contar las veces que nos caímos, debemos empezar a contar las veces que nos levantamos. Nos vamos a volver a levantar, ya que somos un pueblo maravilloso», estimó.

Cafiero destacó la importancia de «ir recuperando las Pymes, la economía y también los abrazos, la vida social» y sostuvo que «no son medidas que toma un gobierno, sino que son medidas que la ciudadanía está acompañando».

«Viene la etapa de la recuperación, tenemos que continuar con las prioridades que encomienda el Presidente y retomar el país de la producción y el empleo que caracteriza a nuestra gestión», agregó.

Por otra parte, reiteró que «heredamos una situación de deuda irresponsable, y queremos que nunca más la deuda externa sea el cepo para el desarrollo del país».

«Abandonamos el sistema de especulación financiera a uno de producción y el empleo porque nos comprometimos a trabajar para poner a la Argentina de pie. Con las negociaciones con los bonistas de la deuda tenemos expectativas. Siempre propusimos nuestra vocación de resolver el tema», aseguró.

El presidente Alberto Fernández invitó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que lo acompañaron en a conferencia de prensa en la que anunció la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus «a hacer juntos un plan pospandemia para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)».

«Lo mismo quiero hacer con los gobernadores del NOA, del NEA, de Cuyo, de la región central y de la Patagonia», dijo el jefe de Estado en esa oportunidad y manifestó que «ya que nos salió bien esto de trabajar juntos en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos».

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, Daniel Bensusán, informó que busca al nieta/o apropiada/o, hijo de una desaparecida pampeana durante la última dictadura militar, sobre el que no se conocía su historia e informó que se puso a disposición de Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar en su búsqueda «porque queremos recuperar cada nombre, cada historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia», dijo a Télam.

«La identificación de las y los pampeanos, víctimas de terrorismo de estado, es parte de la política de la memoria que lleva adelante nuestra gestión y que se debe mantener en el tiempo, por ser los Derechos Humanos una política de Estado», declaró a Télam el ministro Bensusán.

En la semana el funcionario reveló el caso desconocido hasta ahora de una víctima de desaparición forzada oriunda de La Pampa y la búsqueda de su hijo o hija que habría nacido en cautiverio durante la dictadura cívico-militar.

«El Gobierno de La Pampa se puso a disposición de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de un nuevo caso de una nieta o un nieto apropiado durante la dictadura militar, cuya madre es una desaparecida nacida en La Pampa y hasta ahora, no había sido identificada como pampeana», informó el ministro.

Reafirmamos la decisión política de seguir en la tarea de reconstruir la lista de pampeanos y pampeanas, víctimas de delitos de lesa humanidad”

Daniel Bensusán

Bensusán detalló que se trata del caso de Ana María Gutiérrez, nacida en 1940 en la localidad pampeana de Villa Mirasol y desaparecida en Vicente López en 1976 junto a su pareja, cuando estaba embarazada de tres meses: «El nombre Ana María no estaba incluido entre las víctimas de La Pampa hasta el momento», explicó el ministro y detalló que la identidad de la mujer surgió del relevamiento realizado por el periodista Norberto Asquini para la Subsecretaría y con información de Abuelas de Plaza de Mayo.

«Reafirmamos la decisión política de seguir en la tarea de reconstruir la lista de pampeanos y pampeanas, víctimas de delitos de lesa humanidad», indicó el funcionario, que agregó: «Para nuestro Gobierno, es parte de la construcción de la verdad histórica de la provincia e implicar rescatar sus historias de vida y acompañar con ese reconocimiento como víctimas a sus familiares y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia desde La Pampa», manifestó.

Por otra parte, el funcionario comentó que desde el área de Derechos Humanos provincial empezaron «el trabajo de identificación de nuevos casos de pampeanos/as en el país a partir del gobierno de Carlos Verna y ahora comienza a tener resultados en la actual gestión del gobernador, Sergio Ziliotto».

«Queremos recuperar cada nombre, cada historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia y apoyar, en lo que esté en nuestras manos, la tarea de la Justicia y en el caso de Ana María Gutiérrez, nos pusimos a disposición de Abuelas de Plaza de Mayo para buscarla y recuperar su identidad», remarcó.

En este proceso que surge del terrorismo de Estado de la última dictadura, Bensusán comentó que La Pampa ya logró en 2017 recuperar la identidad de la hija de Lucía Tartaglia, otra de las pampeanas víctimas de desaparición forzada, y al respecto expresó: «Es importante contribuir como gobierno en continuar con este trabajo».

Con este nuevo dato «Ana María será incorporada a la lista de las víctimas pampeanas del terrorismo de Estado, una lista que lejos está de ser cerrada y a la que también se sumará la búsqueda de su hija/o», comentó.

A recordar el Día de los Derechos Humanos en La Pampa, que se conmemoró el 14 de julio pasado, el funcionario remarcó que «esa fecha sirve a las pampeanas y los pampeanos para recordar lo ocurrido durante la dictadura militar en la provincia, y el hecho más brutal de terrorismo de Estado en un pueblo del interior como fue el copamiento de Jacinto Arauz», indicó.

«Es un día para reafirmar que continuamos luchando por una provincia con Memoria, Verdad y Justicia. El caso de Gutiérrez y su hija/o apropiado muestra que la memoria está viva y la verdad histórica es una construcción permanente», expresó.

Los casos de La Pampa

Con este nuevo caso, revelado más de 40 años después de sucedido, son dos los nietas/os apropiados, hijas/os de pampeanos que son buscados en la actualidad ya que se suma al del santarroseño Carlos Orzaocoa y de María de las Mercedes Gómez (desaparecida en Córdoba).

Por otra parte, ya son dos también los casos de nietas que recuperaron su identidad: en 1987 la hija de Miguel Angel Gallinari, de General Pico, y de María Leonor Abinet (ambos desaparecidos), nacida en cautiverio y restituida en 1987; y la hija de Lucía Tartaglia, María Lucila (Victoria para la familia Tartaglia), nieta recuperada 125, en 2017.

Tras la dictadura militar y la restauración de la democracia, el país comenzó a develar la tragedia vivida por miles de argentinos y argentinas, que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y muchos, que sobrevivieron a los años más oscuros del país porque lograron exiliarse a tiempo.

En ese dantesco escenario montado por el terrorismo de Estado, La Pampa aparecía como una «isla», exenta de la historia trágica reciente, falacia que quedó al descubierto con el testimonio de quienes sobrevivieron el horror de torturados, secuestrados, robos de bebés, exiliados y centros clandestinos.

En 2010 comenzó el primer juicio por delitos de Lesa Humanidad en La Pampa, mientras que en el segundo juicio, que se inició el 16 de agosto de 2019, la condena llegó para 13 acusados, entre ellos a un civil, un médico que «guiaba las torturas», Máximo Pérez Oneto, y el exjefe de la policía y al que las víctimas señalaron como el «autor intelectual del terrorismo en La Pampa», Luis Baraldini, que recibió una condena a 25 años de cárcel.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, manifestó hoy que el Gobierno nacional “está firme, fuerte y con un buen diálogo con todos los gobernadores e intendentes de cualquier signo político” y dijo que la ciudadanía «tiene confianza en la palabra» del presidente Alberto Fernández, tras el anuncio de ayer de una flexibilización del aislamiento, con apertura escalonada de actividades.

“El camino de salida de esta cuarentena tiene que ser seguro, progresivo, escalonado. La gente está preocupada en cuidarse, pero también en como ir recuperando de a poco su vida cotidiana y su trabajo”, afirmó el ex intendente del municipio bonaerense de San Martín en declaraciones a FM Milenium.

En ese marco, agregó: “En el planteo de ir abriendo de forma escalonada también vamos a ir reactivando y poniendo en marcha la rueda de la economía con la obra púbica” y precisó que «en gran parte del país ya están reactivándose las pequeñas obras de infraestructura social básica en municipios para generar puestos de trabajo en esas regiones”.

Tenemos unas de las crisis sociales más profundas de la Argentina y vamos a salir al igual que enfrentamos la pandemia”

Al analizar la posición del Gobierno nacional tras 120 días de cuarentena, sostuvo que “hay un Gobierno que está fuerte, firme y la gente tiene confianza en la palabra del presidente Alberto Fernández” y destacó que «hay un diálogo federal junto a los 24 gobernadores con una comunicación ordenada y de mucho respeto”.

“Hay un Presidente que supo cuidar a los argentinos en pandemia y será quien nos guíe para superar una de las crisis sociales más importante de nuestro país”, ya que “para salir de esta profunda crisis hace falta mucho diálogo, consenso y responsabilidad”, dijo Katopodis.

También reseñó que la financiación de los primeros programas de obras en el marco de la emergencia sanitaria “fueron producto de reordenar prioridades, poner en marcha créditos y partidas presupuestarias que estaban subejecutadas y comprendiendo que hay que actuar con rapidez”.

“Tenemos unas de las crisis sociales más profundas de la Argentina y vamos a salir al igual que enfrentamos la pandemia”, concluyó.

La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, hará hoy su propio acto por los 26 años del ataque terrorista a la sede de la mutual de la comunidad judía.

A través de redes sociales, Memoria Activa convocó a la conmemoración virtual que se hará hoy a las 19 y que se podrá seguir a través de la página oficial de la agrupación en Facebook.

Bajo el hashtag «#26añosdeimpunidad», Memoria Activa también publicó en Twitter un video en el que asegura que «en el mundo todo se mueve, salvo la causa AMIA, y no hay justicia a pesar de que hubo encubrimiento demostrado».

En el video, se menciona como partícipes de encubrimiento al expresidente Carlos Menem, al exdirigente comunitario Rubén Beraja, al exjuez Juan José Galeano y al excomisario Jorge «Fino» Palacios.

Diana Malamud, referente de Memoria Activa, dijo a Télam Radio que la de la AMIA «es una causa manoseada, usada y, desde el primer día hasta hoy, lo único que hemos tenido es impunidad y encubrimiento, es todas las palabras, sensaciones y actos malos que uno puede imaginar».

Malamud agregó que, «26 años después, no hay nadie preso por la causa AMIA y aún los familiares de las víctimas y la sociedad argentina en su conjunto seguimos esperando que se haga justicia».

«En estos momentos, la Cámara de Casación tiene a su cargo rever las absoluciones y las condenas que realizó el TOF 2 en el juicio por encubrimiento; pasa el tiempo y lo que no nos brinda la Justicia, difícilmente ya lo brinde, pero seguimos en la lucha porque sí hay cosas que se pueden cambiar, y la Justicia se puede cambiar, podemos tener un país mejor», concluyó.

El acto de Memoria Activa se realizará de manera independiente al acto principal de conmemoración a las víctimas, encabezado el viernes por la AMIA, en el que la mutual reiteró el reclamo de justicia, volvió a apuntar a la responsabilidad de Hezbollah y de exfuncionarios iraníes, y reclamó también por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Defensa, Agustín Rossi y de Seguridad, Sabina Frederic, realizaron esta mañana en Campo de Mayo un acto de transferencia de aeronaves para Gendarmería y Prefectura y coincidieron en destacar «el trabajo interministerial» entre las distintas cartera del Poder Ejecutivo.

“Este acto es cuenta lo que nos dice nuestro presidente Alberto Fernández. Trabajar en conjunto y coordinadamente para dar mayores respuestas a la sociedad argentina” afirmó Rossi, al tiempo que destacó “la complementación entre Defensa y Seguridad mediante el trabajo interagencial, dentro de lo que establece la Ley de Seguridad Interior”.

Defensa realizó la entrega de tres helicópteros Augusta Bell 206B1 que serán destinados al uso de Fuerzas Federales de Gendarmería y Prefectura, según conformaron fuentes oficiales.

Las aeronaves fueron puestas de nuevo en servicio en la Fábrica Argentina de Aviones S.A, y al respecto, Rossi aseguró que «la tarea que realiza esa empresa «es enorme, de mucha eficiencia y profesionalismo”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación afirmó que «la entrega de estos helicópteros permitirá reforzar el trabajo que llevan adelante las fuerzas federales en todas las provincias, municipios y barrios populares»

«La coordinación que logramos hacer con el Ministerio de Defensa en este y en otros temas. Creemos y apostamos al trabajo interministerial. La utilización de estos recursos, de éstos helicópteros multipropósito sirven, además, para reforzar la seguridad en todo el territorio nacional», remarcó Frederic.

Estuvieron presentes en el acto el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de Brigada Juan Martín Paleo y el titular del Ejército, general de Brigada, Agustín Cejas. También asistieron los Jefes de la Gendarmería Nacional, Andrés Severino, y de la Prefectura Naval, Mario Farinón.