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Se extiende sin cambios el programa Precios Máximos hasta el 15 de mayo

By Actualidad

El programa incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados

El Ministerio de Desarrollo Productivo definió extender hasta el 15 de mayo la vigencia del programa Precios Máximos, que mantendrá los mismos valores y productos alcanzados en la última actualización del programa, a comienzos de febrero, informaron a Télam fuentes de la cartera.

La medida será oficial el miércoles cuando se publique en el Boletín Oficial la Resolución 281/21 de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, que extenderá por 45 días el programa sin cambios en las condiciones «ya que ni se autorizan nuevos aumentos, ni se deslistan productos», informaron las fuentes.

La última actualización del programa había sido el 4 de febrero, cuando Comercio Interior suspendió hasta el 31 de marzo los efectos de la resolución 100/2020, que en marzo del año pasado congeló los precios de 18 categorías de productos para evitar el impacto sobre precios en el marco de la pandemia de coronavirus.

En aquella oportunidad se habían exceptuado del programa vinos, espumantes, miel y un grupo de productos regionales, estos últimos elaborados principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas.

También se excluyeron algunos productos lácteos, pastas secas, masas, golosinas, milanesas de soja, azúcares premium y productos sin TACC, entre otros, fabricados por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Al fundamentar la medida, la Secretaría señaló que se trata de productos que «no forman parte de los que tienen relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y usuarios».

En total, la secretaría de Comercio Interior desafectó productos de Precios Máximos en tres oportunidades, luego de haberlo hecho el 12 de noviembre y el 12 enero últimos para determinados rubros.

El programa incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las mipymes y establecimientos mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas.

También rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.


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De Pedro encabezó el acto de firma del programa de infraestructura para municipios bonaerenses

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Obra pública para municipios bonaerenses

El ministro del Interior, Wado de Pedro; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el titular del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner; pusieron en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba), que prevé la asignación de 5.000 millones de pesos a 135 municipios bonaerenses, informaron fuentes oficiales.

El acto se realizó en el Salón de los Escudos de la cartera de Interior, en Casa Rosada, y también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el secretario de Municipios, Avelino Zurro; y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, Guillermo Sauro.

Además, asistieron los intendentes de Cañuelas, Marisa Fassi; General Arenales, Erica Revilla; Quilmes, Mayra Mendoza; Vicente López, Jorge Macri; y Lomas de Zamora, Martin Insaurralde.

«Por decisión del presidente Alberto Fernández, junto a Katopodis y a Kicillof lanzamos el Preimba para financiar obras por $ 5.000 millones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Queremos que las y los bonaerenses puedan vivir mejor», dijo de Pedro.

«Entendemos que la sintonía entre el Gobierno Nacional, provincial y los municipios es fundamental para generar otros polos de desarrollo y este programa expone esta sinergia», añadió el ministro.

En tanto Katopodis remarcó que «es una prioridad de este Gobierno que la obra pública llegue a cada rincón de la provincia de Buenos Aires».

«Vamos a seguir generando empleo, fortaleciendo el mercado interno y produciendo cada vez más. Y lo hacemos con cada intendente e intendenta sin importar su color político», completó.

Por su parte, Massa indicó: «Definimos poner en marcha el Preimba, que es un fondo que creamos por ley a partir de un acuerdo entre los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, en el marco de la discusión presupuestaria para garantizar cinco tipos de inversión en infraestructura y generación de empleo para los municipios de la provincia de Buenos Aires».

Durante el encuentro de Pedro detalló la normativa reglamentaria necesaria para la instrumentación y el funcionamiento del Preimba, que contempla la transferencia de fondos para obras de infraestructura a la provincia de Buenos Aires.

Luego el Gobierno provincial se encargará de distribuir los recursos a los municipios teniendo en cuenta el 50 por ciento del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 50% del índice de ingresos del año 2019.

Los fondos podrán ser destinados a obras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta; a construcción en centros de salud y hospitales, puesta en valor de edificios y espacios públicos, iluminación vial y veredas; a la construcción de desagües pluviales, sumideros, alcantarillado de caminos, mantenimiento, canalización.

También a la ampliación de redes de servicio de agua y cloaca, puesta en valor de plantas de tratamiento y bombeo de líquidos, pozos de extracción; y a la ampliación de redes de servicio de gas y electricidad.


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La Argentina podrá exportar carne de cerdo a los Emiratos Árabes Unidos

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Argentina exportó el año pasado, 25.877 toneladas de carne de cerdo al mundo por un valor total de 55,88 USD millones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aceptaron la propuesta de certificado sanitario para la exportación de carne de cerdo refrigerada y congelada desde la República Argentina.

En un comunicado, la cartera rural sostuvo que «la decisión, comunicada por el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente del país árabe a través de la Embajada argentina, se alcanza luego del trabajo realizado entre la cartera agropecuaria nacional, Senasa y la Cancillería, a partir del interés planteado por el sector exportador argentino».

Por su parte, el Ministerio emiratí transmitió su satisfacción por este avance, con la expectativa de que contribuya a mejorar el flujo de intercambio comercial entre los dos países.

Si bien el consumo de cerdo y productos que contengan derivados de cerdo se encuentra prohibido por la religión musulmana, los Emiratos Árabes Unidos permiten la importación de carne de cerdo y productos que lo contengan, para ser comercializado y consumido por los extranjeros en dicho país.

De esta manera, únicamente se requiere contar con certificación sanitaria (no hace falta certificado Halal).

Se estima que anualmente los Emiratos Árabes Unidos importan 15.000 ton entre carne in natura y subproductos. En 2019, el valor de las importaciones de carne porcina en Emiratos alcanzó USD 37,3 millones.

Mientras que Argentina exportó el año pasado, 25.877 toneladas de carne de cerdo al mundo por un valor total de 55,88 USD millones, lo que representó un incremento del 96% respecto al 2019. Su principal destino fue China, con USD millones 51,35 (22.553 toneladas) representando el 92 % de los envíos al exterior. Le siguen en menor medida, Rusia y Georgia.


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Imputan por fraude al directorio de agencia de bolsa afectada por Vicentin

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Estiman que la maniobra materializó un perjuicio ilegal contra las 42 personas referidas, en el que se perfeccionó un daño patrimonial equivalente a .189.138 pesos y U$S 448.950 dólares.

Nueve directivos de la agencia de bolsa “Guardati y Torti SA” de la ciudad santafesina de Rosario fueron imputados por administración fraudulenta y confección de balances falsos en perjuicio de 42 clientes, cuyos fondos fueron desviados a otra empresa del grupo que se dedica al corretaje de cereales, informaron fuentes judiciales.

Los nueve imputados quedaran en libertad mientras continúa el proceso penal, añadieron las mismas fuentes.

Los directivos adujeron en su defensa que la corredora de cereales del grupo, “GyT Plus SA”, se vio afectada por la cesación de pagos de la agroexportadora Vicentin, en diciembre de 2019.

Por esa razón le inyectaron fondos provenientes de la Agente de Liquidación y Compensación (ALyC, agencia de Bolsa) existentes en las cuentas de “Guardati y Torti”, de la que formaban parte.

Para el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, los problemas financieros de GyT Plus eran anteriores a la caída de Vicentin y quedaron reflejados en los estados contables de la empresa.

Al 30 de setiembre de 2019, GyT plus ya contaba con un pasivo corriente equivalente a $1.697.797.522,91 y un patrimonio neto negativo de $746.320.522, precisó el fiscal.

Según la acusación, el default de Vicentin le provocó a GyT Plus un descalce de $230 millones, pero “en lugar de proteger la sanidad y solidez del patrimonio de Guardati Torti SA, las acciones de los imputados se orientaron a continuar financiando la operatoria de GyT Plus SA, en perjuicio de la propia Guardati Torti y utilizando los fondos de los cuenta-comitentes de la ALyC”.

Para Narvaja, los directivos financiaron el pasivo de la corredora de cereales con fondos de la agencia de Bolsa, cuyos clientes no pudieron retirarlos a partir del 6 de febrero de 2020 cuando ingresó en cesación de pagos, para presentar luego su concurso preventivo de acreedores.

El fiscal estimó en la audiencia que la maniobra “materializó un perjuicio ilegal contra las 42 personas referidas, en el que se perfeccionó un daño patrimonial equivalente a $1.189.138 pesos y U$S 448.950 dólares”.

Narvaja acuso a los imputados de “haber tomado parte en la comisión de una serie de maniobras ilícitas, realizadas en violación de los deberes que les correspondían, como administradores de la sociedad y como responsables de la administración de los fondos de terceros en custodia que la misma había recibido como Agente de Liquidación y Compensación”.

Precisó que al 6 de febrero de 2020 –fecha del default de “Guardati Torti”-, el crédito otorgado por esa sociedad a GyT Plus ascendía a $416.000.000.

El fiscal también imputó a Ángel Torti; Juan Carlos Guardatti; Noemí Alicia Ponte; Susana Alesandrini; Juan Martín Guardati; Alejandro Giacomino; Marcela Torti; Natalia Susana Guardati y Laura Marcela Torti por el delito de confección, aprobación y publicación de balances falsos.

Según Narvaja, la sociedad de Bolsa escondió en su balance presentado al 30 de septiembre de 2019 su real situación patrimonial, ocasionándole un perjuicio a quienes invertían en ella.


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Acuerdo renovado: habrá ocho cortes de carne vacuna a precios rebajados

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Los cortes: tira de asado, vacío, matambre, tapa de asado, cuadrada/bola de lomo, carnaza, falda, y roastbeef.

El Gobierno nacional acordó con el sector frigorífico extender en los mismos términos el acuerdo de precios rebajados de hasta el 30% de cortes populares de carne vacuna hasta el 15 de abril, informó hoy la Secretaría de Comercio Interior.  Ambas partes mantienen negociaciones sobre los nuevos cortes y precios que se ofrecerán tras vencerse este nuevo plazo.

En función de lo acordado, el sector, encabezado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina (ABC), ofrecerá ocho cortes de carne vacuna con precios rebajados respecto de los valores registrados en diciembre del año pasado en 1.600 bocas de expendio.

Cortes y precios

Los cortes y sus precios hasta el 15 de abril serán los siguientes: tira de asado, $399 (29% más bajo que en diciembre); Vacío, $499 (-20%); matambre, $549 (-13%); tapa de asado, $429 (-15%); cuadrada/bola de lomo, $489 (-13%); carnaza, $359 (-13%); falda, $229 (-30%); y roastbeef, $399 (-12%) A este acuerdo, se le agregan la carne picada ($265) y el espinazo ($110), vigentes en Precios Cuidados.

La comercialización se mantendrá en supermercados, en el Mercado Central de Buenos Aires y en las carnicerías abastecidas por el consorcio ABC, con más de 1.600 bocas de expendio en todo el país.

Entidades adheridas al acuerdo

Además de ABC (principal proveedor del canal supermercados), el acuerdo también se cerró con las cámaras Cadif, Fifra, Unica y con los supermercados agrupados en ASU. Respecto del acuerdo anterior, desde la Secretaría de Comercio realizaron un «balance de cumplimiento positivo».

En este sentido, la Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró que «se garantizó el abastecimiento, ya que se comercializaron menos toneladas de lo acordado», mientras que los cortes parrilleros fueron los más demandados.

Asimismo, se registró más del 85% de cumplimiento por parte de los locales relevados por la Secretaría, y se creó un formulario web para que las y los consumidores puedan reclamar por faltantes, calidad, precio u otros motivos.


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Manín: "El incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación económica”

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Soledad Manín, interventora del ENRE

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, sostuvo este martes que “el incremento en las facturas” del servicio de energía eléctrica en los hogares, los comercios y las industrias “tiene que acompañar una recuperación económica y no afectar el poder adquisitivo de los salarios”.

“El incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación en la economía; no tiene que afectar el poder adquisitivo de los salarios”, afirmó Manín al abrir la audiencia pública en la que se debate una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana Edenor y Edesur.

La funcionaria destacó que “es interesante poder tener esta instancia de participación ciudadana, que es uno de elementos que el Estado tiene para tomar una decisión, escuchando a todos los actores sociales que tengan una voz para hacer su aporte y que eso sea previo a la toma de decisión”.

Consideró que “fortalece a la democracia poder escuchar directamente a usuarios y usuarias”.

“La política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes”

La interventora explicó que “la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes”.

Para ello, indicó que se va a “implementar una política de tarifa de transición por los próximos dos años”, pero remarcó que durante este periodo “se garantizará que las concesionarias cuenten con los fondos necesarios para solventar los gastos de operación y mantenimiento, y realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad que permitan prestar el servicio en condiciones de calidad deseadas”.

Señaló que “durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios”, y remarcó que “en particular, en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes”.

Destacó que “la etapa 2016-2019 estuvo signada por la reducción de los subsidios y la dolarización de la energía”, y puntualizó que “eso llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por usuario y usuarias”.

También subrayó que “mientras las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos, el Estado abandonó su rol planificador”, y señaló que “las escasas obras realizadas en ese periodo fueron impulsadas por el sector privado y bajo contratos en dólares”.

“Durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios, en particular en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes”

Puso de relieve que “esta política afectó la actividad económica, el empleo y el bolsillo de las familias argentinas, que debieron destinar una masa creciente de sus ingresos para pagar la energía”.

Además, indicó que “se desplegaron políticas de aumentos de tarifas y de quita de subsidios a partir de las cuales las distribuidoras incrementaron sus ingresos”.

Al respecto, puso como ejemplo que “un hogar que consumía 30 kilovatios por mes pasó de pagar $ 30 en enero de 2016 a $ 183 en febrero del mismo año”.

También precisó que “en un comercio con un consumo de 500 kilovatios, la factura pasó de $ 170 a $ 815”, y añadió que “en una industria mediana o una pyme, con un consumo de 20.500 kilovatios, su factura aumentó de $ 6.531 a $30.703”.

Manín aseguró que el sector experimentó fuertes cambios

Manín aseguró que el sector experimentó fuertes cambios

“Esta situación produjo una consecuente caída del poder adquisitivo y una suba de costos en el aparato productivo generando crisis económica y tensión social”, afirmó Manín, quien sostuvo que “con este primer tarifazo, la revisión tarifaria integral se montó sobre niveles ya elevados”.

La funcionaria remarcó que “el gobierno de Cambiemos impulsó una política tarifaria basada en el denominado sinceramiento de precios y defensa de la transparencia, que arrojó como resultados la reducción de subsidios y el aumento de los ingresos para las empresas generación, transporte y distribución de la energía eléctrica”.

Aseguró que “las tarifas resultantes de la RTI aplicada por Cambiemos no fueron justas, ni razonables ni transparentes y por lo tanto se recomendó su nulidad”, y precisó que “el aumento en las facturas entre 2016 y 2019 para un hogar promedio fue de 731% en términos reales y 3.222% en nominales”.

“Esta política dio como resultado facturas impagables, erosionando fuertemente el poder adquisitivo de los hogares, lo cual redundó en una desmejora de la calidad de vida de las personas”, indicó Manín, quien por eso justificó que es necesario “dejar dinero en el bolsillo de los argentinos para que puedan volcarlo en el consumo de bienes y servicios”.


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El ENRE realiza la audiencia pública por las tarifas de Edenor y Edesur

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La audiencia completará la etapa de análisis para definir los nuevos cuadros tarifarios.

La audiencia pública en la que se debatirá una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, se desarrollará hoy a partir de las 8:00 de manera virtual con más de 150 oradores inscriptos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las exposiciones se podrán seguir a través de la página del organismo o por su canal en la plataforma de YouTube.

Con esta audiencia se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad y de gas por redes.

Entre los 151 inscriptos, además de los representantes de las empresas licenciatarias, y entidades que reúne a las generadoras, transportistas y distribuidoras del sector eléctrico, están inscriptos los defensores del Pueblo de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, las asociaciones de defensa del consumidor, y entidades de bien público, entre otros.

En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.


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Massa: “Argentina necesita un acuerdo con el FMI que sea pagable”

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, enfatizó que la “Argentina necesita un acuerdo con el FMI que sea pagable” y volvió a calificar de «inviable» al acuerdo con el organismo multilateral al que llegó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

«El Fondo Monetario Internacional le firmó a LA Argentina un crédito político, lo reconoció el propio presidente del BID Mauricio Claver Carone, lo reconoció el staff del Fondo, a mí mismo, quienes me visitaron en el Congreso», dijo Massa en un reportaje con CNN Radio.

«Me plantearon que técnicamente el acuerdo que le firmaron a (Mauricio) Macri era inviable, que fue una decisión política del staff político del Fondo en ese momento. Lo más grave es la insustentabilidad del acuerdo que firmó el gobierno argentino de ese entonces con el Fondo», remarcó.

«Argentina lo que necesita es acceder a un acuerdo que sea sustentable, un acuerdo pagable. No podemos seguir jugando este juego en el que nos metió el gobierno de Macri de firmar pagarés con insolvencia. Porque Macri, lo que demostró con el fracaso de su gobierno es que sometía a la Argentina a la firma de pagarés insolventes”, enfatizó el titular de la Cámara baja.

Al ser consultado sobre el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que impulsó, Massa destacó que una vez aprobado por el Senado, «solo 7 de cada 100 trabajadores, y 4 de cada 1000 jubilados en la Argentina van a pagar » ese tributo.


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